Pronto, periodistas y medios de Venezuela pensarán dos veces antes de informar. El Congreso venezolano, que cuenta con mayoría automática oficialista, estudia desde el jueves la propuesta de la fiscal general de la Nación para sancionar “delitos mediáticos”. La iniciativa de Luisa Ortega Díaz, aplaudida por el presidente Hugo Chávez, contempla penas de prisión de hasta cuatro años para quienes divulguen información “falsa” que produzca un “perjuicio a los intereses del Estado”. Y ya se sabe con la justicia chavista todo lo que puede ser tildado de "falso".
El debate seguía abierto mientras miles de venezolanos se concentraban alrededor de las 34 radios que fueron sacadas del aire por el gobierno. Las emisoras dejaron de transmitir ayer, luego de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anuló sus licencias alegando motivos administrativos. “Pueblo, madura, esto es dictadura”, gritaban los manifestantes, al tiempo que rechazaban que “Venezuela sea la segunda Cuba”.
Bautizado como “ley mordaza” por sus críticos, el proyecto de la fiscalía criminaliza la “manipulación o tergiversación de la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública”.
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