El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quedó más cerca de ser inhabilitado para las elecciones presidenciales de octubre de 2018, tras ser condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero. La octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Porto Alegre amplió su pena a 12 años y un mes de prisión, pero no ordenó su detención hasta que se resuelvan las apelaciones de su defensa.
“Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción”, afirmó el juez Joao Pedro Gebran Neto, instructor del caso, durante la lectura de su voto.
Los tres magistrados consideraron por unanimidad que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) cobró sobornos a la constructora OAS, implicada en el Lava Jato, a cambio de la compra y reforma de un tríplex en Guarujá.
Lula, que según Datafolha encabeza las encuestas con el 37% de intención de voto, no irá preso de inmediato, ya que aún puede apelar ante el Supremo Tribunal Federal (STF) o ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Sin embargo, podría ser inhabilitado por la ley de Ficha Limpia, que impide que un postulante condenado en primera y segunda instancia compita por un cargo electivo.
El plazo final para inscribir candidaturas es el próximo 15 de agosto. Si Lula es marginado de la competición, el PT podrá designar a otro candidato hasta 20 días antes del 7 de octubre, cuando se celebre la primera vuelta electoral.
