El expresidente Alberto Fernández se pronunció este viernes en redes sociales luego de que la Justicia Federal dictara su procesamiento en la causa que investiga presuntas irregularidades con contrataciones de seguros durante su gestión.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial, Fernández expresó duras críticas contra el fallo y planteó que la decisión judicial “fuerza la interpretación de pruebas” para sostener su imputación.
“Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento”, señaló el exmandatario en el inicio de su publicación, y agregó: “Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado”.
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Fernández explicó que, a diferencia de las acusaciones iniciales, ahora la imputación se basa en la designación de una funcionaria cercana a un productor de seguros: “Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”.
“El procesamiento que se ha dictado no responde a una evaluación objetiva de los hechos”, sugirió, y sostuvo: “Entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”.
Por último, el expresidente afirmó que continuará ejerciendo su defensa dentro del marco institucional y aprovechó para criticar “las formas” del actual Gobierno: “Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”.
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La situación judicial de Alberto Fernández en la causa de los seguros
El procesamiento de Fernández fue dictado en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gobierno. La causa analiza si existió un esquema para beneficiar a determinados intermediarios en operaciones con aseguradoras vinculadas a funcionarios y entes estatales.
La resolución judicial dejó de lado el cuestionamiento original sobre el decreto que habilitaba a organismos públicos a contratar con Nación Seguros S.A. y se centró en el vínculo entre la secretaria del expresidente, María Cantero, y su esposo, Héctor Martínez Sosa.
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El delito por el cual fue procesado es “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, una figura que contempla sanciones penales cuando un funcionario interviene en decisiones que pueden favorecer intereses privados cercanos.
Cabe destacar que Fernández no fue detenido y continuará el proceso en libertad mientras se evalúa si corresponde elevar la causa a juicio oral, decisión que está en manos del juez federal Sebastián Casanello.
NG / Gi
