La defensa del médico urólogo Pablo Atchabahian, primer detenido del caso ANDIS, pidió este jueves que se revoque su arresto domiciliario al asegurar que no existen riesgos procesales que justifiquen la medida. El pedido fue planteado en una audiencia ante la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, que quedaron en condiciones de resolver.
Durante casi una hora, el abogado Mariano Fragueiro Frías sostuvo que su defendido “nunca intentó evadirse” y que no hay posibilidad de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. También anticipó que Atchabahian —acusado como supuesto jefe de una asociación ilícita— quiere declarar en el expediente y “explicar lo que tenga que explicar”, descartando cualquier posibilidad de convertirse en arrepentido.
Del otro lado, el fiscal ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, pidió confirmar la prisión domiciliaria dispuesta por el juez de la causa, Sebastián Casanello, por considerar que los riesgos procesales “se mantienen vigentes”.
Caso ANDIS: las defensas apuntan al fiscal Picardi y al origen de la causa
Un acusado clave en la causa
Atchabahian, exDirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS en 2018, fue detenido el 14 de noviembre en su domicilio de Luján de Cuyo, Mendoza, y permanece bajo arresto con tobillera electrónica. Para la fiscalía, es “una pieza central de una estructura que operó decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera de la agencia”.
Su nombre aparece en los puntos más sensibles del expediente: audios atribuidos al extitular del organismo Diego Spagnuolo, órdenes externas sobre pagos y personal, vínculos con proveedores y un circuito financiero que la Justicia reconstruye desde hace meses. Según la investigación, cuando Spagnuolo asumió la conducción de ANDIS en 2024, Atchabahian habría dado instrucciones sin ocupar un cargo formal.
El fiscal del caso, Franco Picardi, consideró que el acusado tenía “conocimiento concreto” de la investigación y que, pese a ello, decidió no presentarse ante la Justicia. También sostuvo que mantenía contactos con terceros “que le proveerían auxilio” para sustraerse del accionar judicial.
Fragueiro Frías cuestionó con dureza la versión de que su cliente buscó eludir a la Justicia. “Lo encontraron en su casa. Es desopilante el razonamiento”, dijo, y calificó de “mentira” la afirmación sobre una supuesta fuga. Según explicó, Atchabahian no se presentó en el expediente porque estaba “en tratativas” para contratar un abogado, y la imposibilidad de ubicarlo “no puede trasladarse al imputado”.
El letrado también rechazó toda vinculación de su defendido con funcionarios del Gobierno, como Karina Milei o Eduardo “Lule” Menem. “No hay absolutamente nada que lo vincule con personas de esa importancia”, afirmó.
Para la defensa, la calificación de jefe de asociación ilícita “intenta frustrar la libertad durante el proceso” y se basa en “cosas que no son correctas”. De todas formas, reconoció que los hechos investigados —presunto pago de coimas y direccionamiento de compras de medicamentos para discapacidad— deben esclarecerse “hasta las últimas instancias”.
En su resolución previa, Casanello había rechazado el pedido de excarcelación por entender que “los riesgos procesales permanecen incólumes”. Señaló la gravedad de las imputaciones, la expectativa de pena —incompatible con una condena condicional—, las dificultades para ubicar al imputado y su “fuerte ascendencia” sobre otras personas involucradas.
La fiscalía apunta además a escuchas telefónicas que mostrarían que Atchabahian conocía la causa y mantenía contactos para evitar la acción de la Justicia. Para los investigadores, la etapa actual de la instrucción —plena recolección y análisis de pruebas— requiere medidas de coerción estrictas.
La controversia sobre los audios de Spagnuolo
Mientras la Cámara evalúa la situación de Atchabahian, el tribunal ordenó esclarecer el origen y la autenticidad de los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron impulso al caso. La defensa del exfuncionario presentó un informe privado que señala que la voz podría haber sido manipulada con inteligencia artificial.
Por mayoría, Irurzun y Boico consideraron que la “incertidumbre” sobre ese material existe desde el inicio de la causa y pidieron avanzar en estudios que permitan determinar su veracidad. Farah votó en minoría para rechazar la nulidad, al entender que las dudas expresadas eran meras “conjeturas” y que el contenido de los diálogos obligaba al Estado a investigar.
En paralelo, la Cámara también confirmó que la droguería Suizo Argentina y los hermanos Kovalivker continúan bajo investigación, al rechazar un planteo basado en la prohibición de doble persecución penal. Los jueces remarcaron que el expediente previo citado por la defensa nunca tuvo impulso fiscal ni medidas procesales relevantes, y que el caso actual abarca un presunto esquema sistémico de recaudación ilegal y lavado de activos.
La decisión de la Cámara sobre la situación de Atchabahian será clave para la marcha de la causa ANDIS, que combina imputaciones por corrupción, pruebas en discusión y una estructura administrativa y empresarial investigada por presuntos desvíos de fondos públicos.
Cuando el tribunal defina si continúa o no el arresto domiciliario, quedará claro cuál es el margen de acción del acusado que, según su propio abogado, “necesita declarar” para defenderse de hechos cuyo alcance todavía está en pleno proceso de reconstrucción judicial.
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