La cúpula del fútbol argentino armó un plan que parecía perfecto en los papeles: mudar su domicilio social al partido de Pilar para escapar de los controles del gobierno nacional y sacar sus expedientes penales de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la estrategia del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino chocó contra la Justicia porteña, que desnudó la maniobra y bloqueó el “escape” de las causas hacia los tribunales bonaerenses.
El encargado de frenar la jugada fue el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Según pudo saber Infobae al acceder a la resolución judicial, el magistrado fulminó el traslado y lo calificó abiertamente como "una mera formalidad y ficción jurídica". Su argumento preciso: es de público conocimiento que, más allá del cambio de firma, el verdadero corazón operativo de la entidad sigue funcionando en el histórico edificio de la calle Viamonte.
El magistrado porteño usó esta lógica territorial para rechazar el pedido de su par federal de Campana, Adrián González Charvay, quien intentó llevarse la causa. Este último juez, a quien le asignan cierta cercanía con la dirigencia deportiva, reclamó el expediente argumentando que ya tenía en sus manos una investigación similar, originada en Santiago del Estero, por desvíos hacia el club Central Córdoba y empresas vinculadas a Toviggino.
Amarante desarmó esa excusa pieza por pieza. El juez porteño explicó que en la causa santiagueña se rechazó la acusación por lavado de dinero y asociación ilícita, dejando en pie solo una supuesta defraudación, por lo que no existe un delito federal que justifique el salto a Campana. Además, remarcó que todos los actos delictivos que se investigan ocurrieron íntegramente dentro de los límites de la Capital Federal.
¿Qué esconde exactamente el expediente en disputa? Se trata de una pesquisa sobre el manejo “oscuro” de fondos de la entidad en el extranjero a través de la firma TourProdEnter LLC, del productor Javier Faroni. En el medio, aparece la sombra de la emisión de facturas falsas y operaciones de lavado a través de financieras del microcentro porteño, un entramado que averiguó Clarín y plasmó en notas periodísticas que sirvieron como base para la denuncia.
Los antecedentes son pesados. El mismo juez procesó a Tapia y Toviggino por quedarse indebidamente con 19.300 millones de pesos de aportes de la seguridad social. Por ese caso, ambos dirigentes cargan con embargos de 350 millones de pesos y una prohibición de salida del país, aunque el presidente de la AFA logró viajar al Mundial gracias a un permiso especial.
Caso AFA: el futuro de la sede y la mansión de los testaferros
Con la negativa rotunda sobre la mesa, el choque de competencias subió de categoría. Amarante dictaminó que, si González Charvay decide insistir y no comparte su criterio, deberá ser la Cámara en lo Penal Económico la encargada de desempatar y definir de una vez por todas qué fuero se queda con la investigación.
En paralelo, la guerra legal por el cambio de domicilio suma otras batallas que escalan hasta lo más alto del sistema judicial. Si bien la Cámara Nacional en lo Civil avaló en su momento la mudanza a Pilar, el Estado Nacional apeló inmediatamente ese fallo. Ahora, el destino territorial definitivo de la asociación pende de un hilo y será la Corte Suprema de Justicia la que tenga la última palabra.
Mientras tanto, el reloj corre para otro de los frentes más comprometedores de la dirigencia del fútbol. Las sospechas sobre los presuntos testaferros de Toviggino en la compra de una mansión de 17 millones de dólares en Pilar volverán al centro de la escena en los próximos días, cuando la Cámara Federal de Casación encabece una nueva audiencia clave el 12 de agosto para definir el rumbo de ese millonario expediente.
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