La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia; del tesorero Pablo Toviggino; y de la propia entidad en una causa por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la investigación involucra una presunta maniobra por más de 19.000 millones de pesos y, tras la resolución del tribunal, el expediente quedó a un paso de ser elevado a juicio oral.
La decisión ratificó los procesamientos dictados en primera instancia y representa un nuevo avance en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la conducción de la AFA.
El fallo, firmado por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, respaldó la investigación original del juez federal Diego Amarante, quien contabilizó 34 hechos de apropiación indebida de tributos y 17 por desvío de recursos de la seguridad social. Un insólito error técnico aceleró el revés judicial para la cúpula del fútbol: los jueces ni siquiera analizaron los recursos de Tapia y de la AFA, ya que los declararon desiertos luego de que el abogado defensor pidiera postergar la audiencia de apelación cuando la fecha estipulada ya estaba vencida.
A pesar del cambio en los tribunales, la resolución no altera la situación de los principales apuntados. Tapia sigue en Estados Unidos al frente de la delegación que disputa el Mundial, un viaje que realizó con autorización previa de la Justicia, mientras que Toviggino permanece en el país. Por otro lado, la Cámara les dio un respiro temporal a los ex secretarios Cristian Malaspina y Víctor Blanco, junto a Gustavo Lorenzo, al revocar sus procesamientos por considerarlos "prematuros" y exigir que se profundice la pesquisa sobre sus roles.
Mundial judicial del Chiqui Tapia, entre estadios y tribunales
El modus operandi, una orden verbal y la defensa de Viamonte
El origen del conflicto judicial nació en diciembre a partir de una denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo recaudador apuntó contra el manejo de dos cajas específicas: por un lado, los impuestos retenidos de los sueldos de los propios empleados de la asociación; por el otro, el 7,5% de la venta de entradas de todos los clubes destinado a la seguridad social. En ambos escenarios, la AFA actuaba como agente de retención y tenía un plazo de 30 días para girar la plata al fisco, límite que según la Justicia no se respetó.
Para entender cómo funcionaba la botonera financiera del edificio de la calle Viamonte, fue clave la declaración de una empleada del área contable. La mujer testificó en el expediente que las decisiones sobre qué y cuándo se pagaba recaían de forma exclusiva en el tesorero de la entidad. Según detalló ante la Justicia, Toviggino era el único encargado de autorizar y activar los giros de dinero a través de una simple "orden verbal".
Frente a la embestida judicial, los directivos de la AFA aseguraron que cancelaron gran parte de la deuda a tiempo. En sus presentaciones, argumentaron que el pago de las obligaciones se realizó de forma voluntaria y previa a los vencimientos estipulados. Por este motivo, acusaron a la ARCA de forzar la figura de un delito penal tributario apoyada en premisas que se encuentran en "abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes".
TC/LT
