La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a quedar en el centro de la tormenta política tras la firma de una disposición administrativa que dispuso la recategorización discrecional de 246 agentes a los escalafones más altos de la estructura.
La medida, refrendada el lunes pasado por el director del organismo regulador, Andrés Vázquez, desató un fuerte malestar en las sedes de la DGI y de la Aduana debido a que las designaciones benefician a familiares directos de la cúpula y a funcionarios políticos del Poder Ejecutivo. Según denuncian trabajadores y sectores sindicales, no respetarían criterios de mérito, antigüedad ni formación profesional establecidos en el convenio colectivo.
Los cargos jerárquicos más altos perciben ingresos netos que oscilan los 6 millones de pesos mensuales. Esta cifra se compone de un salario básico de hasta 1,9 millones de pesos, complementado por un adicional proveniente del fondo de jerarquización que puede sumar otros 4 millones de pesos de acuerdo con la calificación interna del agente.
Los nombres de la controversia
El malestar interno se profundizó al analizar las identidades de los beneficiarios en la Aduana y la DGI.
En el escalafón aduanero (donde el Grupo 1 es el más alto), se destaca el ascenso de Nicolás Andrés Velis al selecto Grupo 3. El agente es hijo de José Andrés Velis, actual director de la Aduana. Velis hijo ingresó al organismo recientemente, durante la gestión de Carlos Castagneto, en el Gobierno de Alberto Fernández, y carece de título universitario, un requisito indispensable que, bajo condiciones normales, le impediría superar el Grupo 7 del escalafón.
En la estructura de la DGI (donde el Grupo 26 es la máxima jerarquía): La nómina de 208 agentes reubicados incluyó a Yael Bialostozky, vocera del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. La funcionaria, que ya había sido promovida al Grupo 22 en 2025, fue ubicada desde este lunes en la categoría 26, máximo escalón posible dentro de la DGI.
Esta nueva ola de nombramientos se suma a los ruidos de parentesco que ya arrastraba el organismo cuando la pareja del propio titular de la ARCA, María Eugenia Fanelli, fue designada al frente de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI.
El malestar interno también quedó reflejado en un duro comunicado difundido por la Mesa Directiva Nacional del gremio UPSAFIP, que rechazó las recategorizaciones y acusó a la conducción de ARCA de “premiar el amiguismo por encima del mérito”. En el texto, el sindicato sostuvo que la disposición “carece de toda razonabilidad y sustento administrativo” y advirtió que se vulneraron criterios establecidos en el convenio colectivo de trabajo.
“El ecosistema tecnológico está obsoleto y hay una gestión del talento limitada”, señaló el gremio, que además cuestionó el cierre de la paritaria salarial y denunció que mientras más de 4.300 trabajadores abandonaron el organismo en los últimos años, la conducción avanzó con “designaciones a dedo”.
“No se administra una organización profesional de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al ‘más amigo’”, concluyó el comunicado.
GD
