La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al convalidar de forma definitiva el traslado de su sede social desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar. A través de esta resolución dictada este año, el Tribunal de Apelaciones dio por cancelada la inscripción de la entidad en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia (IGJ) y anuló la designación de veedores que había dispuesto el Gobierno nacional, argumentando que el control de legalidad y fiscalización del organismo deportivo ahora pertenece exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.
La decisión judicial se originó a partir de las quejas presentadas por la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia contra la Resolución Particular 140/26 de la IGJ (del 18 de febrero de 2026) y la RESOL-2026-128-APN-MJ del Ministerio de Justicia de la Nación (del 16 de marzo de 2026), conducido por Juan Bautista Mahiques, que pretendía imponer veedores por 180 días hábiles debido a supuestas irregularidades.
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Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset determinaron que, dado que la mudanza al predio de Mercedes 1366 en Pilar fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024 y ratificada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense (Resolución 9000/2024), las autoridades nacionales carecen de competencia para intervenir o fiscalizar a la entidad en su nueva jurisdicción.
El conflicto por las competencias de la IGJ y el control de los balances
En el fallo, el tribunal de alzada fue categórico al señalar que "la IGJ carece de facultades revisoras respecto de las decisiones del Departamento de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires". Los magistrados evaluaron que los actos administrativos provinciales gozan de la misma validez que los federales mientras no sean impugnados, por lo que el nuevo domicilio social posee plena eficacia jurídica. De este modo, la AFA queda bajo el poder de policía de la administración bonaerense.
Respecto a la fiscalización de los estados contables de la institución, la sentencia aclaró que esta potestad no es un resorte exclusivo de la IGJ, sino de quien posee la competencia territorial. El escrito judicial advirtió que "mal puede, so pretexto de un proceso de fiscalización abierto, dejar cautiva a una entidad en una jurisdicción", remarcando que la responsabilidad por los balances no desaparece, sino que el nuevo organismo administrativo deberá ejercer sus facultades para subsanar cualquier inconsistencia existente.
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La sede en cuestión fue cedida a la AFA por la Municipalidad de Pilar mediante un contrato de comodato firmado el 27 de septiembre de 2024, otorgándole el uso y goce del inmueble para oficinas y reparticiones.
El escenario judicial: las causas penales contra Tapia y Toviggino
Pese al blindaje institucional obtenido en el fuero civil, la resolución aclaró que este cambio de jurisdicción no interfiere en el avance de las investigaciones penales vigentes contra la AFA y su cúpula dirigencial. Entre ellas se destaca la causa por presunto lavado de dinero vinculada a propiedades ubicadas en Pilar, que incluye una casaquinta valuada en 17 millones de dólares. Sobre este expediente, la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió el viernes pasado que la pesquisa regrese a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, sacándola de la órbita de la justicia federal de Campana.
En paralelo, el frente penal para las autoridades del fútbol argentino sumó complicaciones recientes: tanto el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, como el tesorero Pablo Toviggino, se encuentran procesados por el delito de retención indebida de aportes en la institución. Dicha resolución judicial se encuentra actualmente bajo el análisis y revisión de la Cámara en lo Penal Económico.
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