El hombre encargado de perseguir a los evasores en la Argentina tiene que explicar cómo hizo para comprar tres departamentos de lujo en Miami que nunca declaró. La Justicia federal puso contra las cuerdas a Andrés Gerardo Vázquez, el actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una investigación que busca destapar un presunto esquema de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en el exterior.
La ofensiva judicial quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien libró una serie de pedidos a Estados Unidos para rastrear a fondo el patrimonio del recaudador de impuestos. La medida llegó tras un fuerte dictamen de Sergio Rodríguez, jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quien remarcó que ya existen pruebas suficientes para indagar al funcionario por omitir maliciosamente estos bienes en sus declaraciones juradas.
La red bajo sospecha se tejió íntegramente con sociedades extranjeras. Según la reconstrucción de los investigadores, los inmuebles en Florida se compraron entre 2013 y 2015 a través de dos firmas panameñas: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Todo ese entramado quedó bajo el control de Galanthus Capital Limited, una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final y donde sus hijas mellizas operan como secretaria y tesorera desde el año 2021.
Las huellas que dejó la familia complican su situación en los tribunales. La PIA descubrió que Vázquez y su exmujer, Silvia Ivone Rodríguez, quien también trabaja en ARCA, pagaron de su propio bolsillo más de 136 mil dólares en impuestos municipales por esos inmuebles y hasta cobraron los cheques de reintegro. Además, las hijas del titular del organismo viven desde 2022 en uno de los departamentos en Sunny Isles, y la dirección del funcionario en Puerto Madero es la misma que figura como sede de la empresa panameña en los registros oficiales de Florida.
Puertas adentro del Gobierno, Vázquez intentó defenderse argumentando que las propiedades, valuadas en más de dos millones de dólares, pertenecen a un tercero anónimo. Lo curioso es que ese dato evitó aportarlo formalmente en los tribunales de Comodoro Py. Ahora, el avance de la causa depende de la burocracia norteamericana: fuentes judiciales advirtieron a La Nación que la respuesta de Estados Unidos puede llegar en un par de meses o empantanarse durante más de dos años.
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El salto patrimonial del funcionario expuso un abismo entre lo que declaró tener y lo que realmente gastó. Antes de comprar las propiedades en la exclusiva avenida Brickell por 1,1 millones de dólares, Vázquez apenas notificó 40 mil dólares de liquidez. A partir de esa diferencia brutal, la Justicia puso la lupa sobre Consultora San Andrés SA, una firma que el titular de ARCA controla junto a su hermana. La empresa no registra empleados pero llegó a tener cuatro autos en simultáneo y le prestó plata al propio funcionario para comprar un departamento, funcionando como una posible "sociedad pantalla".
Las inversiones inmobiliarias a nivel local también levantaron sospechas por presunta subvaluación. Los sabuesos de la PIA detectaron que en 2018 Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el exclusivo edificio Los Molinos del complejo Faena. El funcionario escrituró esa propiedad por 226 mil dólares, exactamente la mitad de lo que pedía el mercado por unidades similares en esa misma zona.
Para terminar de armar el rompecabezas financiero, Martínez de Giorgi pidió levantar el secreto bancario y seguir la ruta del dinero. El magistrado le exigió al Bank of America, al PNC y al Wells Fargo los extractos de las cuentas de toda la familia y de las empresas panameñas, junto con sus registros migratorios. En paralelo, cruzó pedidos de información al Banco Central, al Colegio de Escribanos y a la propia ARCA, el organismo que hoy conduce el principal investigado.
TC/MSS
