La estrategia de dilación de FATE, la empresa fabricante de neumáticos del grupo Madanes Quintanilla, sufrió este martes un revés irreversible cuando la Justicia ordenó un embargo de casi $3.000 millones por el incumplimiento de los fallos de Cámara. Aprobada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°17, la medida marca un punto de quiebre definitivo en el conflicto que mantiene paralizada la planta de San Fernando desde febrero.
Según pudo confirmar PERFIL, la orden de ejecución llegó a las entidades bancarias durante la mañana de este martes. Se trata de una medida “inaudita parte”, un recurso que permitió trabar el embargo sobre las cuentas bancarias sin notificación previa al demandado, con el objetivo de evitar cualquier movimiento de fondos que pudiera frustrar el cobro efectivo e inmediato de los salarios adeudados.
Así, el monto total se compone de aproximadamente $2.600 millones correspondientes a salarios netos de febrero y marzo, más cerca de $300 millones estimados en intereses y costas judiciales.


El mando de la fabricante de neumáticos, encabezada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, parece haber pecado de un exceso de confianza al interpretar que el recurso de apelación en el expediente principal suspendía la ejecución de la condena. Aun así, la Justicia consideró que la firma incumplió la orden de la Sala II notificada el 6 de abril, lo que habilitó este embargo preventivo bajo la modalidad "inaudita parte".
Según explicaron a este medio los representantes legales de los trabajadores, Pablo Bentivegne y Eduardo Penello, "pensaron que su recurso suspendía la ejecución de la medida y no la cumplieron", sobre la vigencia del fallo notificado el pasado 6 de abril. A su vez, el escenario es irreversible: "Esto acelera el cobro. Es inapelable y la orden ya llegó a los bancos", sentenciaron, aclarando que la cifra incluye los haberes de febrero y marzo, además de lo presupuestado para intereses y costas, aunque sin multas adicionales por el momento.
Ahora, uno de los puntos de la resolución es su alcance colectivo, un aspecto que la empresa intentó segmentar sin éxito. El fallo contempla a la totalidad de los trabajadores incluidos en el acuerdo de mayo del año pasado.

Esto significa que el embargo garantiza no solo el pago para los 256 operarios que resisten en la planta, sino también lo adeudado a los 644 trabajadores que se habían desvinculado bajo esquemas de retiros. "La orden contempla a todos", ratificó Bentivegne, lo que desarma la intención de la firma de limitar el impacto financiero.
La respuesta de la empresa
Los voceros que llevan la asesoría externa de la firma en este conflicto admitieron la desorientación ante el avance de la jueza Liliana Rodríguez Fernández: "La empresa hasta hace unos minutos no había sido notificada", dijeron, confirmando que la medida cumplió su objetivo de sorprender a la patronal antes de que pudiera reaccionar.
Actualmente, la planta de San Fernando, única productora de neumáticos para camiones y colectivos en el país, cumple ya más de 50 días cerrada. Mientras el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, sostiene que el sector debe adaptarse a la competencia y “dejar de cazar en el zoológico”, el gremio encabezado por Alejandro Crespo redobla la presión con movilizaciones hacia Plaza de Mayo y reclamos de intervención estatal.
Con el embargo en marcha y las cuentas bancarias alcanzadas por la Justicia, FATE enfrenta ahora su hora más delicada: una derrota jurídica que la obliga a pagar por la fuerza una deuda laboral que intentó estirar hasta el límite.

Fate: vence el plazo judicial para pagar salarios y la empresa prepara una apelación
MV/AF