La Justicia de Río de Janeiro concedió este lunes un habeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial, y la autorizó a regresar a la Argentina tras más de dos meses y medio con restricciones en ese país. La decisión incluye el retiro de la tobillera electrónica y la devolución de su pasaporte, aunque condiciona el levantamiento de las medidas al pago de una caución equivalente a 60 salarios mínimos.
El fallo fue firmado por el desembargador Luciano Silva Barreto, integrante de la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, y revierte la decisión de primera instancia que había dispuesto mantener a la abogada bajo vigilancia estricta en territorio brasileño.
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Páez fue denunciada por presuntamente haber realizado gestos de contenido racista hacia empleados de un bar, lo que derivó en su imputación por el delito de injuria racial. A partir de ese episodio, permanecía en Río de Janeiro bajo medidas restrictivas, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, mientras avanzaba la investigación judicial.

Tras la audiencia del martes, en la que Páez reconoció haber incurrido en una conducta delictiva y pidió disculpas a los damnificados, su situación parecía encaminarse hacia una resolución favorable que le permitiera regresar a la Argentina luego de más de 70 días en Brasil. Sin embargo, en las horas siguientes surgieron nuevas trabas que demoraron la definición judicial.
Según se desprende del expediente, la fiscalía presentó un escrito luego de que trascendiera públicamente el monto del resarcimiento económico acordado con las víctimas —unos 150.000 dólares—, al considerar que se había filtrado un aspecto central de la negociación entre las partes. A partir de ese planteo, el juez de primera instancia decidió postergar la resolución para analizar en conjunto tanto la reparación económica a los tres empleados del bar como la caución exigida para autorizar el regreso de la imputada.
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Finalmente, el fallo de la Cámara fijó una caución significativamente menor, equivalente a 60 salarios mínimos nacionales —cerca de 20.000 dólares—, que deberá ser depositada en una cuenta judicial. Según se detalla en la resolución, ese monto funcionará como garantía para el eventual pago de una multa y la reparación de daños.
La decisión también establece que Páez deberá mantener actualizados sus datos de contacto y domicilio en la causa, comprometiéndose a responder a todas las notificaciones judiciales a través de su defensa. Una vez acreditado el pago de la caución, el juez interviniente deberá disponer el levantamiento de las medidas cautelares, incluida la devolución del pasaporte, el retiro de la tobillera electrónica y la autorización formal para salir de Brasil.

El fallo, firmado por el desembargador Luciano Silva Barreto, revierte la postura del juez de primera instancia, Guilherme Schilling Pollo Duarte, quien había sostenido la necesidad de mantener a la abogada bajo control en territorio brasileño. Para la Cámara, esa restricción había perdido fundamento procesal y se había transformado en una limitación indebida de la libertad.
Aunque la causa por injuria racial continúa en trámite en Brasil, la resolución habilita a Páez a transitar el proceso en libertad desde la Argentina, a la espera de una sentencia definitiva.
GD