El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca atraer capitales para proyectos de gran escala, pero también abrió un debate sobre el costo de los beneficios otorgados por el Estado y el impacto de esas inversiones sobre la economía argentina. Para Jorge Lapeña, el momento exige evaluar los resultados del régimen con datos concretos.
En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el especialista destacó como principal aspecto positivo la capacidad del régimen para generar inversiones que, sin esos incentivos, podrían no haberse realizado. “De bueno le veo que incentiva las inversiones, que de otra forma es posible que no se hubieran hecho”, sostuvo.
RIGI: inversiones, auditoría y evaluación de los beneficios
Sin embargo, planteó la necesidad de realizar una evaluación posterior que permita determinar si los beneficios fueron realmente necesarios para concretar esos proyectos. “Yo creo que ya es momento de hacer una auditoría sobre el RIGI”, afirmó.
En ese sentido, Lapeña propuso analizar qué habría ocurrido sin el régimen. “Es el momento quizás de ver si no hubiera tenido el RIGI, si esa inversión hubiera sido igualmente rentable”, explicó.
Para el especialista, el resultado de ese análisis permitiría determinar si el Estado otorgó incentivos imprescindibles o beneficios que los inversores habrían recibido de todos modos. “Si la inversión no era rentable y se hizo rentable por el RIGI, bienvenida, porque si no, no se hubiera hecho”, sostuvo.
Lapeña consideró que la evaluación debería realizarse después de un período razonable. “Pasado un tiempo razonable, 4, 5 años, quizás antes de finalizar el mandato actual”, señaló, sería posible determinar si las inversiones dependieron efectivamente del régimen.
Proveedores locales y el costo de los incentivos
Otro de los puntos de debate es el nivel de participación de empresas y proveedores argentinos en los grandes proyectos de inversión. Lapeña consideró que una mayor exigencia puede ser positiva, aunque advirtió sobre sus posibles efectos en los costos.
“En la medida de que eso no incremente los costos en una forma desmedida”, aclaró, y agregó: “Todo tiene que tener su base razonable”.
Para Lapeña, el análisis del RIGI debe contemplar también los recursos que el Estado resigna para atraer inversiones. “Fueron fondos del Estado que fueron llevados o renunciados a favor de una inversión que de otra forma no se produciría”, explicó.
Por eso, insistió en que la cuestión central consiste en determinar qué habría ocurrido sin los incentivos: “Lo que hay que ver es si de otra forma no se hubiera producido para poder calibrar si la decisión fue correcta o fue incorrecta”.
Finalmente, al analizar la presencia de grandes petroleras internacionales en Argentina, Lapeña advirtió que esas compañías evalúan sus propios intereses comerciales. “Yo creo que las petroleras buscan su negocio”, afirmó, y destacó particularmente el caso de Total Austral y su permanencia en la exploración offshore argentina.
