La diputada provincial Lionella Cattalini, denunciante del exjuez federal Marcelo Bailaque, expresó su indignación por las demoras que continúan rodeando las investigaciones contra el exmagistrado. Durante una entrevista con Natalia Volosin en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, cuestionó una resolución que volvió a poner en discusión qué procedimiento debe utilizarse para avanzar hacia un eventual juicio.
“Indignada es poco, te digo cómo estoy”, afirmó Cattalini. Según explicó, Bailaque enfrenta actualmente distintas investigaciones y permanece bajo prisión preventiva domiciliaria, mientras continúan planteos procesales que, a su entender, retrasan el avance de las causas.
Las demoras para definir el camino hacia el juicio
Cattalini cuestionó especialmente la decisión del camarista Aníbal Pineda (presidente de la Cámara Federal de Rosario), quien, según relató, solicitó que se defina si corresponde aplicar el nuevo o el anterior sistema procesal. “Podemos estar años en saber si va a ir a juicio o no”, advirtió.
La legisladora sostuvo que esa discusión ya había sido planteada anteriormente por la defensa y resuelta en distintas oportunidades. “Ya fue resuelto, porque fue una excusa de la defensa aplicada muchas veces”, afirmó.
Según su relato, una de las preocupaciones es que las dilaciones terminen afectando los plazos de la prisión preventiva. Cattalini también cuestionó que Bailaque cumpla esa medida bajo modalidad domiciliaria y consideró que su influencia dentro del sistema judicial continúa siendo relevante.
Las investigaciones que involucran al exjuez
Cattalini señaló que Bailaque está involucrado en distintas investigaciones, entre ellas la que ella misma impulsó por su actuación en torno al caso del narcotraficante Esteban Alvarado, además de otras vinculadas con presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero.
Durante la entrevista mencionó testimonios de personas que declararon como arrepentidos y que, según sostuvo, aportaron información sobre supuestos intercambios de datos, pagos de coimas y maniobras destinadas a intervenir sobre expedientes judiciales. “Yo creo que sigue siendo muy poderoso”, sostuvo Cattalini. Las acusaciones mencionadas durante la entrevista forman parte de investigaciones judiciales en curso y no implican condenas firmes para las personas señaladas.
Miles de expedientes paralizados en Rosario
Otro de los puntos más fuertes de la entrevista fue la situación detectada tras la implementación del sistema acusatorio federal en Santa Fe. Cattalini aseguró que los fiscales comenzaron a recibir miles de expedientes antiguos en los que prácticamente no se habían registrado avances.
“Detectaron que eran alrededor de ocho mil quinientas causas en las cuales no había pasado nada. Pero nada es nada”, afirmó. Luego aclaró que desde la Cámara se habló posteriormente de alrededor de 3.800 expedientes, una cifra que igualmente consideró muy elevada.
Entre esas causas mencionó investigaciones por delitos tributarios, trata de personas y narcotráfico. Para la diputada, la magnitud del problema ayuda a comprender parte de la crisis de seguridad que atravesó Rosario durante los últimos años.
La crítica a la corporación judicial
Consultada sobre si las demoras respondían a una protección vinculada con el narcotráfico o a una lógica corporativa dentro del Poder Judicial, Cattalini fue contundente: “De un miembro de la corporación judicial”. Y agregó: “Yo siempre digo: la Justicia Federal es el gran problema de la Argentina”. Según su interpretación, durante años existieron en Rosario relaciones entre sectores judiciales, empresarios, dirigentes sindicales y políticos que deberían ser investigadas en profundidad.
La diputada reclamó que las causas avancen y sostuvo que el desafío ya no consiste solamente en investigar a un exjuez. También implica determinar cómo funcionó durante años una estructura judicial que, según denuncia, permitió que numerosos expedientes permanecieran paralizados mientras Rosario atravesaba una fuerte expansión del narcotráfico y la violencia.
