El proceso de transformación de la economía argentina abrió un debate sobre qué ocurre con los trabajadores, las pymes y las empresas que no logran adaptarse inmediatamente a las nuevas condiciones de competencia. Durante el intercambio en +Perfil, economistas discutieron el papel del comercio internacional, la política industrial, el crédito y la capacitación para evitar que una parte de la estructura productiva quede marginada.
Fernando Meaños planteó el interrogante desde dos dimensiones: trabajadores independientes que podrían terminar desplazándose hacia la informalidad y empresas que no consiguen competir. La pregunta central fue qué herramientas podrían aplicarse para acompañar esa transición sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.
El comercio exterior y los modelos asiáticos
Nicolás Sidicaro advirtió que las experiencias de desarrollo asiáticas no pueden trasladarse mecánicamente a la Argentina. Según explicó, países como China partieron de condiciones diferentes, especialmente en materia salarial y en el volumen de inversiones que recibieron durante su proceso de industrialización.
El economista señaló que el comercio internacional tuvo un papel importante, aunque remarcó diferencias entre la experiencia china y la de otras economías de la región que ingresaron posteriormente en cadenas productivas globales, como Indonesia, Malasia, Vietnam y Tailandia.
Ramiro Castiñeira, en cambio, defendió con mayor énfasis la apertura. “El comercio internacional lleva al crecimiento económico”, sostuvo, y utilizó como ejemplos tanto a China como a Estados Unidos para argumentar que las principales economías mantienen fuertes vínculos comerciales con el resto del mundo.
De Mendiguren: “El mundo está acudiendo a la política industrial”
El planteo recibió una respuesta de José Ignacio De Mendiguren, quien puso el foco en las políticas activas que desarrollan actualmente las grandes potencias.
“El mundo está acudiendo a la política industrial más exigente de los últimos años”, afirmó. Para De Mendiguren, la discusión no puede reducirse simplemente a apertura versus protección, porque Estados Unidos y China despliegan herramientas específicas para fortalecer sectores considerados estratégicos.
El dirigente mencionó como ejemplo las inversiones relacionadas con inteligencia artificial aplicada a la industria y cuestionó que la Argentina pueda ignorar esas tendencias internacionales mientras otros países destinan recursos a consolidar sus capacidades productivas.
Perú y el riesgo de una economía a dos velocidades
Sidicaro trasladó después la discusión a América Latina y mencionó el caso de Perú para diferenciar estabilidad macroeconómica de desarrollo social. Según su análisis, el país logró sostener determinadas variables económicas y atraer inversiones mineras, pero mantiene elevados niveles de informalidad y exclusión.
El desafío, sostuvo, consiste en construir un esquema capaz de atraer capitales y promover el crecimiento sin consolidar una “economía a dos velocidades”, con determinados sectores avanzando rápidamente y otros quedando cada vez más rezagados.
El economista señaló que esa diferencia ya puede observarse en actividades que atraviesan dificultades mientras otras crecen. También puso el foco sobre el comercio y sobre el avance de distintas formas de informalización laboral.
Castiñeira respondió recurriendo a una comparación histórica. “En los 90 la informalidad eran 3 millones de personas, cuando llega Milei eran 8 millones”, afirmó, para sostener que el problema no nació con el actual proceso de reformas y que debe analizarse como parte de dificultades acumuladas durante décadas.
Salvia: “Ya no se crean expectativas criticando el pasado”
Agustín Salvia introdujo otro eje en el debate. Aunque consideró posible coincidir sobre buena parte de los problemas heredados, sostuvo que señalar permanentemente los errores anteriores ya no alcanza para generar confianza sobre el futuro. “Ya no se crean expectativas criticando el pasado”, afirmó. Para el investigador, la sociedad necesita visualizar de manera concreta cómo las reformas y las inversiones pueden traducirse en oportunidades efectivas.
En ese sentido, llevó la discusión directamente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Viene el RIGI, perfecto. Viene el RIGI, ¿cuánto empleo demanda, directo, indirecto, cuánta inversión adicional?”, preguntó.
Salvia planteó que también debería evaluarse cuánto financiamiento adicional puede llegar a las pequeñas y medianas empresas a partir de esas inversiones y cuánto podría destinarse a educación, capacitación y formación laboral.
Crédito y capacitación para acompañar la apertura
Para Salvia, un proceso de liberalización debería incorporar herramientas capaces de acompañar a quienes necesitan reconvertirse. Entre ellas mencionó crédito, infraestructura social y productiva e inversión en capital humano. “El privado no lo va a poner”, afirmó al referirse especialmente a la educación y la capacitación necesarias para facilitar ese proceso. Desde su perspectiva, allí aparece un espacio para la intervención estatal incluso dentro de una economía más abierta.
El objetivo, explicó, debería ser evitar que millones de trabajadores, empresarios y emprendedores queden atrapados entre actividades que pierden competitividad y nuevas inversiones cuyos beneficios tardan en extenderse al conjunto de la economía. Salvia volvió así sobre la necesidad de mostrar resultados concretos: “Los procesos de desarrollo no surgen” simplemente por anunciar reformas o esperar una mejora futura.
La discusión dejó expuestas miradas diferentes sobre el camino para crecer. Castiñeira reivindicó que “el comercio internacional lleva al crecimiento económico”; De Mendiguren recordó que “el mundo está acudiendo a la política industrial”; y Salvia planteó que las nuevas inversiones deben poder traducirse en empleo, crédito y formación. En el centro permaneció la pregunta inicial: cómo transformar la economía sin que trabajadores y empresas queden definitivamente fuera del proceso.
