La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó reabrir la investigación criminal por la denuncia de una joven que asegura haber sido víctima de una violación grupal en una fraternidad de la Universidad de Cornell. La mandataria designó como fiscal especial a la procuradora general estatal Letitia James, después de cuestionar el modo en que las autoridades locales trataron inicialmente el caso.
La denunciante, identificada públicamente como Jane Doe, tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos durante la noche del 19 al 20 de octubre de 2024. Su demanda civil acusa a varios integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla intoxicado y agredido sexualmente, acusaciones que todavía deben ser determinadas por la Justicia.
“Se refiere al caso de una joven que no ha sido identificada públicamente en los documentos, aparece como Jane Doe”, explicó el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil. Y agregó que el episodio ocurrió “en una fraternidad de esta universidad prestigiosa de Cornell”.
Hochul cuestionó la investigación original
Uno de los puntos centrales es cómo actuaron la policía universitaria y la Fiscalía del condado de Tompkins. En 2024, el fiscal local decidió no presentar cargos y el expediente quedó cerrado. “El fiscal del condado no presentó cargos y nunca la entrevistó a la joven en cuestión”, señaló Powell.
La orden ejecutiva firmada por Hochul sostiene que el fiscal tomó aquella decisión sin entrevistar personalmente a Jane Doe y basándose, al menos en parte, en un resumen policial de su declaración que habría omitido elementos relevantes, incluida su afirmación explícita de haber sido agredida sexualmente.
Hochul afirmó que esas circunstancias habían debilitado su confianza y la confianza pública en la capacidad de las autoridades locales para llevar adelante una investigación imparcial. Por eso otorgó a James facultades para investigar el episodio y, si corresponde, presentar pruebas ante un gran jurado y formular acusaciones.
De una demanda civil a una investigación criminal
El caso volvió a adquirir visibilidad después de que Jane Doe presentara una demanda civil el 16 de septiembre de 2026. “Esto reactivó todo y ahora con la investigación que pone en marcha el estado de Nueva York, pasa a ser una investigación criminal”, explicó Powell.
La reapertura no significa que las acusaciones hayan sido probadas. Abogados de algunos de los señalados rechazaron los hechos denunciados y, hasta el momento, no se presentaron cargos criminales.
La controversia también abrió un debate sobre la legislación de Nueva York en casos de violencia sexual cuando existe consumo de alcohol o drogas. Hochul anticipó que buscará revisar las normas que diferencian entre intoxicación voluntaria e involuntaria al momento de determinar la capacidad de consentimiento.
Letitia James, al frente del expediente
La designación de Letitia James agregó otro elemento político al caso. La fiscal general de Nueva York mantuvo durante años una fuerte disputa judicial con Donald Trump y encabezó la demanda civil por fraude financiero que derivó en una sentencia contra el empresario y sus compañías.
James aseguró que su oficina realizará una investigación guiada exclusivamente “por los hechos y la ley” y sostuvo que las personas que denuncian un delito deben poder confiar en que sus planteos serán investigados “de manera completa y justa”.
Para Powell, el punto central ahora será determinar qué ocurrió aquella noche y por qué la investigación original terminó sin cargos. La intervención estatal deberá revisar tanto las acusaciones de Jane Doe como la actuación de los organismos que recibieron inicialmente su denuncia.
