El juez Alexandre de Moraes volvió a captar la atención en Brasil a raíz de una investigación de la Policía Federal sobre sus presuntos contactos con un banquero investigado por una millonaria estafa. El caso reavivó además los cuestionamientos alrededor de un contrato firmado por la esposa del magistrado con el empresario.
La corresponsal de Brasil Eleonora Gosman explicó en Ronda de Corresponsales, por +Perfil que la investigación apunta a una supuesta comunicación entre Moraes y el banquero a través de una aplicación cuyos registros habrían quedado incompletos. Sin embargo, remarcó que, hasta el momento, considera que no existe una prueba concluyente sobre el intercambio de información judicial.
La investigación sobre los contactos de Alexandre de Moraes
Según relató Gosman, la Policía Federal habría descubierto que Moraes mantenía comunicaciones con el banquero Daniel Borgaro. El vínculo volvió a generar atención debido a los antecedentes que ya existían entre el entorno del magistrado y el empresario.
La corresponsal señaló que la investigación apunta a que Borgaro se comunicaba con Moraes mediante una aplicación especial. La particularidad, según explicó, es que los mensajes enviados por Borgaro quedaban registrados, mientras que los correspondientes a Moraes no aparecían en los registros.
"Esta es la pregunta que me hago yo. ¿Hablaba realmente con el ministro? Bueno, la policía dice que sí", sostuvo Gosman al referirse a las comunicaciones atribuidas al juez.
El contrato de la esposa de Moraes con el banquero
El caso tiene como antecedente un contrato firmado por la esposa de Alexandre de Moraes con Borgaro. De acuerdo con lo expuesto durante el segmento, el acuerdo estaba relacionado con la provisión de información judicial y habría tenido una duración hasta 2025.
Gosman indicó que el contrato alcanzaba los 60 millones de dólares, una cifra que consideró particularmente elevada. "De lo que sí hay prueba, y esto es real, es del contrato de la mujer de Moraes con el banquero", afirmó.
La periodista explicó que, según la versión mencionada durante la investigación, no habría existido un impedimento legal para que la esposa del juez, que tenía un estudio de abogados, celebrara el acuerdo. Sin embargo, el supuesto intercambio de información judicial entre Moraes y Borgaro constituye el punto más controvertido de la investigación.
La supuesta información judicial que habría recibido el banquero
Entre los elementos señalados por la Policía Federal aparece una presunta consulta de Borgaro a Moraes sobre si debía abandonar Brasil. Según el relato de Gosman, el banquero habría planteado esa posibilidad ante el temor de ser detenido.
El empresario finalmente fue detenido al día siguiente, cuando se disponía a abordar un avión privado en San Pablo con destino a países árabes. Según la investigación citada durante el segmento, Moraes le habría proporcionado información relacionada con posibles movimientos de la policía.
"Dicen que Moraes le dio datos muy importantes desde el punto de vista judicial a Borgaro, como por ejemplo, ¿qué iba a hacer la policía?", relató Gosman. No obstante, la corresponsal volvió a marcar una diferencia entre las acusaciones y la evidencia disponible: "Yo vuelvo a sostener que no hay una gran prueba en este tema".
La disputa dentro de la Justicia brasileña
La investigación también abrió una disputa dentro de la Corte Suprema de Brasil. Gosman señaló que el proceso fue impulsado por el juez Andrés Mendoza, a quien identificó como el magistrado designado por el expresidente Jair Bolsonaro.
Para la corresponsal, el episodio puede interpretarse además dentro de una disputa por la figura de Moraes. "Todo esto que inicia Mendoza contra Moraes tiene también una cuestión de desmitificar la figura de Moraes", planteó.
El caso vuelve a tomar fuerza en Brasil
Gosman explicó que el conflicto no comenzó ahora y que existen antecedentes vinculados tanto al banquero como a sectores de la familia Bolsonaro. Sin embargo, la investigación volvió a cobrar protagonismo en la agenda brasileña.
"Esto fue revitalizado hoy, esa es la verdad", señaló la corresponsal. En ese marco, indicó que la Procuración General tiene un papel decisivo para avanzar hacia un eventual proceso judicial y que el procurador recibió el pedido de responder en un plazo de cinco días.
