En diálogo con Jorge Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques dijo que en el Consejo de la Magistratura hay un “idelogismo” que utiliza los recursos judiciales con “fines políticos”.
También se refirió al quiebre del bloque del Frente de Todos en el Senado. "Anticipa un conflicto en cuanto a la configuración de minorías y mayorías”, reveló.
¿Cuál es su visión sobre este conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia?
Atravesamos una situación crítica que se venía anunciando. Una conformación como la que tenía el Consejo de la Magistratura hasta la declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte anunciaba un conflicto que finalmente se dio. Siempre distingo entre lo político y la política. La designación, promoción, sanción y destitución de un juez son actos políticos.
El problema es cuando en esos casos se mete la política partitocrática, partisana en su peor versión. Cuando es mayoritaria esa facción, dentro de un órgano como el Consejo, la función esencial que tiene se distorsiona. La Corte lo advirtió en esa percepción de la desproporción en cuanto a su configuración y ahora estamos con las consecuencias directas que son cómo se van a conformar y cuáles serán las resistencias para acomodar los tantos de la mejor manera posible en cada sector. Es una situación inevitable pero que a la larga se va a tener que solucionar.
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Esta decisión de dividir el bloque de senadores, para que sea distinta la minoría que tiene que enviar un representante al Consejo de la Magistratura por el Senado, ¿es materia judiciable o el Senado y el Legislativo tienen una autonomía para designar a quién le parezca?
Tengo mi opinión, pero quisiera reservarme, porque puede llegar a ser un tema judicial. Siempre hay un margen de decisión política que escapa al control judicial. No sé si este es el caso. Esta maniobra lo que tiene de novedosa lo tiene de compleja porque genera un escenario distinto y como la oposición ha dicho, anticipa un conflicto en cuanto a la configuración de minorías y mayorías.
¿Cómo debería ser el tipo de contacto de la Justicia con el poder político? ¿Cuándo la justicia debería tener primacía? ¿Cómo debería ser un correcto funcionamiento?
Yo diría que es un equilibrio inestable. Hay que configurar una doble ecuación que tiene que funcionar acorde a los sistemas democráticos. Debe haber un equilibrio y una armonía. El equilibrio supone una tensión, son extremos que tensan por ocupar un espacio común y apropiárselo. Como me dijo una vez un político ,"El espacio que deja la Justicia lo ocupa la política" casi de forma funcional, porque las cosas están dadas para que suceda. Para compensar está la armonía en donde cada institución o actor ocupa el lugar que debe ocupar.
Para eso hay que revisar todo el sistema de designación, formación, capacitación, selección y destitución de los jueces. El que está vigente es inadecuado y ha sido insuficientemente definido en la ley y peor implementado. Pongo especial énfasis en el ámbito de la formación. Hay que tener mucho cuidado que no aparezca el gobierno de los jueces porque sino la República cruje: los jueces no estamos llamados a gobernar. Controlamos la legalidad de los actos de los poderes públicos y tenemos que delinear un esquema, o modelo, de formación diferente al actual.
El mejor sistema es el mejor juez y, el mejor juez, es el mejor formado. Hay dos vicios que atraviesan los últimos 30, 40 años de la Magistratura en el país, que son el ideologismo y el academicismo. Éste último es el traslado del debate universitario a las audiencias judiciales y el ideologismo es la instrumentación de una decisión judicial al servicio de una finalidad política.
¿Cuál es su opinión sobre el Lava Jato en Brasil y, en la Argentina, la persecución de la Justicia a los políticos?
No tomaría como modelos a seguir ni el ejemplo Italiano, ni el brasilero más allá de los logros obtenidos porque, cuando la Justicia avanza sobre el sistema político a través de herramientas judiciales, las consecuencias nunca son positivas.
La virtud de la Justicia es la prudencia y esto implica usar las herramientas que la ley y la Constitución disponga. De allí, a sumarse a una suerte de cruzada para destituir, como pasó en Italia -en el que se llevaron a cabo procedimientos que terminaron con un sistema político- es otra cosa. Habría que preguntarse si lo que vino después fue mejor.
¿Cuál es su visión sobre el uso de la Justicia sobre la figura del arrepentido?
Esa es una materia más legislativa que judicial. Cuando tenemos que evaluar las expresiones de los arrepentidos, y el valor procesal que se les otorga a esas declaraciones, es sobre la base de la presunción que la propia ley les está marcando. Hay serios cuestionamientos a su utilización. Cuando la verdad deja de tener una relevancia fundamental, para obtener y ceder su lugar al resultado, tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. No estoy seguro del sustrato ético de la figura del arrepentido pero está instaurado en el ámbito federal. No cabe discutir tanto el valor sino cómo emplearlo de la manera más razonable, legal y útil posible.
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En su visión del lawfare, ¿usted critica un exceso del uso de la Justicia en la política?
No creo que sea un sistema implementado con esa finalidad aplicado de forma integral. Hubo excesos judiciales en algún caso que en buena medida han sido corregidos por instancias superiores. No creo que haya existido lawfare. No tengo certeza de que hubo conspiración judicial para tener determinados resultados, pero sí pudo haber un mal uso de las herramientas judiciales.
CB PAR
