Luego de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunciara este lunes 27 de diciembre que un grupo de ex funcionarios y empresarios de la provincia de Buenos Aires, prefabricaron pruebas para armar causas judiciales en perjuicio de los sindicalistas de la UOCRA, la querella de la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, representada por Valeria Carreras, amplió su pedido de recusación del juez de Casación, Carlos Mahiques, que interviene en dicho caso.
Es que en el marco de las presuntas mesas judiciales del gobierno de Mauricio Macri, el escandaloso video que aportó la AFI en donde el actual ministro de La Plata, Julio Garro y el ex ministro de Trabajo local Marcelo Villegas, entre otros, buscaron armar causas especialmente a Juan Pablo “Pata” Medina, generó que la abogada Carreras presentara una ampliación a su pedido de recusación de Mahiques, ya que tanto Villegas como Mahiques fueron ministros de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Carreras insistió con la "mesa judicial" y las presiones del gobierno de Vidal para acusar a Medina y por ello entendió que Mahiques no puede estar en la causa que tiene al expresidente procesado.
"La relación del juez es a priori indiciaria y conducente, su subsecretario (de justicia) Adrián Patricio Grassi es quien da garantías en dicha mesa judicial donde se observa el armado de una causa contra el sindicalista", advirtió.
"El hecho que se fuera preparando en forma previa y tras varias reuniones, deja dentro del marco de la investigación a quien fuera Ministro de Justicia de PBA, justamente Mahiques, hoy juez de cámara casación (nombrado por decreto, y con los demás cáusales que he denunciado)", remarcó la querella.
La denuncia de la AFI
"Hemos tomado la decisión como gobierno, cuando digo como gobierno nacional y municipal en este caso, de resolver, comenzar a resolver de forma definitiva, la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA seccional La Plata", se le escucha al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, en una reunión realizada en una dependencia oficial provincial. Aún no está determinado si se trata de la sede de Banco Provincia o del propio Ministerio de Trabajo provincial.
La denuncia, presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, explicó que el 23 de diciembre pasado "una de las áreas de este Organismo, en el marco de tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso, informó el hallazgo de sendos archivos audiovisuales" supuestamente correspondientes al 15 de junio de 2017.
En esa reunión estuvieron Marcelo Jaworski, director de la empresa COPTERO; Adrián Grassi, ex Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Marcelo Villegas, Ministro de Trabajo provincial; Roberto Gigante, ex Ministro de Infraestructura; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario; el senador provincial Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros.
Pata Medina: tras el video, referentes del oficialismo repudiaron la "mesa judicial" de Cambiemos
"En dicho material audiovisual podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata", explica la denuncia. El expediente será sorteado ante la Cámara Federal de La Plata.
"El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista… Más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos", describe el entonces ministro.
En ese contexto, planea con sus interlocutores –entre quienes aparecen dirigentes de cámaras empresarias-: "Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso, se le da volumen a una instancia judicial".
La disertación del ministro involucra a una fiscal (a la que no identifica), y al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, como engranajes de la operatoria. "La fiscal, con todo soporte de la Procuración General, tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar", se le escucha al funcionario.
El intendente Garro, quien pidió disculpas por haber llegado tarde a la reunión, asumió un rol activo en las quejas sobre los reclamos sindicales: "Nosotros hemos estado en 400 millones de asados, comidas y de lo único que se hablaba era de esto. ¿Quién va a hacer algo alguna vez? Bueno, lo estamos haciendo".
JD / cp
