Por el avance de la frontera agropecuaria, Argentina atraviesa una “emergencia forestal”. Así lo denuncia Greenpeace, que recuerda que en los últimos 25 años se perdieron siete millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de la provincia de Entre Ríos.
Ante este panorama, la ONG global lanzó una consulta digital donde invita a votar si los desmontes ilegales e incendios forestales intencionales deben considerarse delitos penales. Los resultados se entregarán al Congreso el año que viene.
Para entender la gravedad y rastrear perspectivas para remediarlo, Modo Fontevecchia dialogó con Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
1. ¿Cuánto daño generan los desmontes ilegales?
Hoy se pierde una hectárea de bosques cada dos minutos, el equivalente a la superficie de 30 canchas de fútbol por hora. Más de la mitad de los desmontes son ilegales, pero no hay pena para los responsables.
Por otro lado, el 95% de los incendios forestales son por causas humanas. Pese al enorme logro ambiental que fue la sanción de la Ley de Bosques en 2007, y sumado a que desde 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido.
Los bosques son fundamentales para la regulación climática e hídrica, y contienen la mayor cantidad de especies del planeta. Nos brindan recursos claves como alimentos, medicinas y maderas, y son el sustento y territorio de comunidades indígenas y campesinas. Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación ilegal.
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2. ¿Quiénes son los principales responsables?
Principalmente empresarios agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios. Además de desmontar ilegalmente, hay complicidad con gobiernos provinciales que no controlan o autorizan desmontes donde no está permitido.
La organización asegura que “el desmonte ilegal más grande del país” está en una finca del empresario agropecuario Juan José Karlen, a 20 kilómetros de Dragones, en el norte de Salta. Tiene casi 12.000 hectáreas: el tamaño de media ciudad de Buenos Aires.
3. ¿Es posible alcanzar un balance entre desmontes y actividades productivas?
La Ley de Bosques es ese balance. Hay zonas donde se permite desmontar, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero también desmontan donde no se puede. Más allá de eso, se puede aprovechar el bosque sin desmontar, como por ejemplo sacando madera en forma racional y sustentable, con producción de miel, turismo y ganadería extensiva bajo monte.
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4. ¿Por qué los desmontes ilegales deberían elevarse a la categoría de delitos penales?
Sólo en 2022, la deforestación en el norte de Argentina fue de más de 110.000 hectáreas y, si se suman los incendios, la zona afectada supera las 200.000. El 75% de los desmontes se concentran en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, en particular en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica.
Hasta ahora, los responsables sólo ocasionalmente son sancionados, y no reforestan. El monto de las multas suele estar incluido en los costos de producción. Cuando son altas, cuentan con sus abogados y no las pagan. Esto no es suficiente para desalentar la destrucción de los bosques.
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5. ¿Qué clase de incendios forestales pasarían a ser delitos penales?
Los que se den en bosques nativos. Y será algo a discutir en el Congreso si solo se contemplan los intencionales o también los que se producen por negligencia, como asados o fogatas mal apagadas, por quema de pasturas o residuos forestales.
La consulta popular está abierta hasta el 10 de octubre en votaporlosbosques.org.
FM JL
