Diciembre, desde hace años, es un mes que en nuestro país simboliza la exposición social. En diciembre, las frustraciones y el cansancio de todo el año, sumados a que muchas veces aparece el momento trágico y humillante para muchas familias que quieren hacer las compras de las fiestas y no tienen nada para poner en la mesa para compartir con sus familiares, muchas veces terminan convirtiéndose en un cóctel explosivo que se detona por alguna situación particular.
En diciembre fue el estado de sitio decretado por Fernando De la Rúa en 2001 y la sanción de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017. En la actualidad aún no hay estallido social. En lugar de eso, hay una implosión personal. Una de ellas, y simbólica por la cercanía al Presidente, es la de Rodrigo Gómez, el soldado que murió en la Quinta de Olivos tras dispararse con un arma. Todo lo que sabemos es que dejó una carta en la que remarcaba que estaba abrumado por las deudas.
Esto, lamentablemente, no es una novedad en nuestro país. Por fuera de lo tristemente simbólico que es que un trabajador se suicide en la misma residencia presidencial, como si fuera un mensaje para Javier Milei advirtiéndole lo que sucede en la microeconomía, en la vida diaria de millones de argentinos, la realidad es que estamos viviendo un verdadero récord de suicidios durante este Gobierno.
Cada dos horas y cuatro minutos, una persona se suicida en Argentina. Esta frialdad estadística, extraída del informe del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad para el período 2024, revela una alarmante realidad: con 4.249 muertes registradas, el suicidio ya es la principal causa de muerte violenta en nuestro país, superando claramente a las muertes por siniestros viales y dejando a los homicidios lejos, en el tercer puesto. Este hecho dramático no se refleja en la agenda pública. Mientras la población se obsesiona con los casos de inseguridad y los choques, que siguen copando las pantallas de los canales de noticias a todas horas, el malestar psíquico que termina en una muerte autoinfligida permanece en las sombras.
La crisis se agrava si se observan las cifras de la morbilidad. El Ministerio de Salud, a través de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, reveló recientemente que, en promedio, 22 personas intentan quitarse la vida cada día y son registradas en el sistema sanitario. Esto significa que, por cada persona que se suicida cada dos horas, al menos otras dos lo intentan y logran sobrevivir, lo que subraya la intensidad de la crisis de salud mental que atraviesa el país.
Entre las causas, lo que se encuentra como evidente es el deterioro de las condiciones de vida. Según informes del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), cerraron 30 empresas por día y se perdieron 276 mil puestos de trabajo, es decir, 430 por día. Estamos hablando de empleos registrados, que son más fáciles de mensurar. No hay registros de la pérdida de empleos informales.
Si vamos al contenido de la carta del joven granadero, debemos analizar los siguientes datos. Durante la gestión de Milei, la morosidad bancaria de las familias alcanzó su nivel más alto en 15 años, escalando al 7,3% hacia fines de 2025. El ratio de irregularidad en tarjetas de crédito registró un salto interanual del 252%, pasando del 1,9% al 6,7% en solo doce meses. Por su parte, los préstamos personales marcaron un pico histórico de 8,2 % de mora. Estos números reflejan un estrés financiero donde la deuda promedio por cliente superó los 5,6 millones de pesos, triplicando los niveles de impago respecto del año anterior.
Un informe del Banco Central nos ayudará a transformar todas estas cifras en personas. En diciembre de 2025, la irregularidad en los préstamos otorgados a personas físicas alcanzó el 10,1%, lo que significa que exactamente uno de cada diez argentinos con crédito bancario no está pudiendo pagar sus cuotas. Si nos movemos hacia el sector no bancario, que incluye a las fintechs y prestamistas que suelen asistir a sectores con menores ingresos, la situación es todavía más grave, ya que la morosidad trepó al 16%. Esto implica que en ese segmento casi dos de cada diez personas están en situación de impago.
Esta diferencia de porcentajes explica por qué la percepción de crisis financiera es tan alta. Mientras que en los bancos la mora es del 10% el estrés financiero afecta a siete de cada diez ciudadanos porque la mayoría está recurriendo a la ingeniería financiera de pagar solo los mínimos o postergar facturas de servicios para poder llegar a fin de mes.
Es decir, sea porque no puede pagar la deuda del banco formal, porque no puede pagar el crédito de tengan o porque está pagando el mínimo de la tarjeta o de los préstamos, la mayoría de los argentinos está en problemas con las deudas. ¿Esto qué significa? Que la deuda ya no es, ante todo, una herramienta de ascenso social a la que se recurría para poner negocios, comprar autos o capitalizarse, sino que se convirtió en un recurso de supervivencia.
Mientras se junta toda esta presión en la vida de las personas, desde el inicio de la gestión de Milei el sistema de salud mental en Argentina ha experimentado un retroceso multidimensional que combina el desfinanciamiento estatal, la precarización de la atención pública y un aumento exponencial de la demanda debido a la crisis económica.
La política de déficit cero ha impactado directamente en las partidas presupuestarias, donde se observa que la inversión para 2025 apenas alcanzó el 1,6% del presupuesto total de salud, muy lejos del diez por ciento que exige la Ley Nacional de Salud Mental. Este ajuste se traduce en una subejecución de programas críticos, como los destinados a la prevención del suicidio y el apoyo a las víctimas de violencia de género, cuyas partidas sufrieron recortes reales superiores al noventa por ciento en algunos casos.
La infraestructura pública ha sido uno de los focos más visibles de este deterioro. El intento de cierre y el vaciamiento del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte" fue un caso testigo que generó una fuerte movilización social, evidenciando una tendencia hacia el desmantelamiento de dispositivos comunitarios e inclusivos.
Paralelamente, la desregulación del mercado de medicamentos y el aumento de las cuotas de medicina prepaga, por arriba de lo que subieron los sueldos de la mayoría, han dejado a miles de personas sin acceso a tratamientos farmacológicos esenciales o a espacios de terapia privada, volcando toda esa presión sobre un sistema público ya colapsado. Tres de cada diez adultos presentan hoy síntomas de ansiedad y depresión, un incremento alimentado por el estrés financiero de familias que deben endeudarse para cubrir necesidades básicas.
Esto se agravará aún más en el Presupuesto 2026, que ayer recibió media sanción en Diputados. Aunque el texto aprobado contempla un incremento nominal del 17% para el área de salud, diversos análisis técnicos advierten que esta cifra es insuficiente para compensar la inflación acumulada y la degradación de los servicios básicos. Un punto crítico es el recorte real del 30% proyectado para los hospitales universitarios de la UBA, como el Clínicas y el Lanari, centros que absorben una parte significativa de la demanda de alta complejidad y psiquiatría en el área metropolitana.
El avance legislativo de este presupuesto refuerza el escenario de estrés financiero para los ciudadanos, ya que el Estado continúa retirándose de funciones de asistencia directa. A pesar de que el oficialismo sufrió un traspié al no poder derogar la ley de emergencia en discapacidad ni el financiamiento universitario por la presión de los bloques regionales, el espíritu general de la norma mantiene el desfinanciamiento de programas específicos de prevención.
Partidas destinadas a la salud sexual, reproductiva y a la prevención de la violencia han sido diluidas o han dejado de figurar como líneas específicas, lo que profundiza la desprotección de los sectores que ya no pueden costear medicación o terapias privadas. Esta política presupuestaria agrava la brecha de acceso, obligando a los argentinos a elegir entre la salud mental y el sostenimiento de su economía doméstica.
El panorama es entonces sombrío: mientras el deterioro de las condiciones de vida avanza, las personas se endeudan y la asistencia de salud mental se achica, dejando desprotegidos a los ciudadanos que empiezan a cargar con toda esa presión solos, y luego hay miles de casos de intento de suicidio o pasajes al acto efectivos directamente, como el caso del granadero Gómez, según todo lo que se conoce hasta el momento.
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Si este sufrimiento se concentra particularmente entre los trabajadores y los sectores de menores ingresos, ¿por qué no hubo aún un estallido social? Probablemente porque no hay alternativa política. Si se va Milei, ¿cómo sabemos que lo que vendrá no será peor? Además, un estallido social aún no tiene quien lo represente. La CGT es la conducción más importante de los trabajadores sindicalizados. Sin embargo, viene desprestigiada desde hace años porque se la ve, en palabras de Milei, como una "casta". Recuerdo aquel acto durante el macrismo en el que diferentes expresiones sindicales críticas, como las de los choferes de la línea 60, le quitaron el palco a la CGT, exigiéndole una fecha de paro general.
Además, hay profundos cambios en el trabajo que hacen que esta central represente cada vez a menos trabajadores. Hoy, a grosso modo, hay un tercio de los trabajadores formales sindicalizados, otro que está bajo el régimen del monotributo y un tercer sector totalmente en negro. En ese sentido, la oposición a la reforma laboral está lejos de ser una causa que unifique a toda la clase trabajadora formal, monotributista e informal. Tal vez el endeudamiento y el aumento de los intereses lo termine siendo, o alguna otra causa que unifique el padecer de los trabajadores, pero difícilmente sea una causa que ataque derechos que solo le corresponden a un tercio de los trabajadores.
De hecho, hay sindicalistas que, en off, dicen que los trabajadores en negro están de acuerdo con la reforma laboral porque sienten que, de alguna manera, se “nivela la cancha” con su situación y que esto puede traer más trabajo para todos.
A pesar de esto, la CGT hoy convocó a una marcha contra la reforma laboral y veremos cuál será su repercusión. Este actor de peso central en nuestro país durante gran parte de nuestra historia se está jugando su lugar en esta pelea. Si no sale bien parada de la contienda, puede pasar a ser un actor de mucha menos relevancia.
Por otro lado, los movimientos sociales que en 2001 habían representado a los desocupados, durante gran parte de los dos últimos años empezaron a representar a los cooperativistas que cobraban planes sociales. Juan Grabois llamó a esto "economía popular", pero también englobaba en este término a toda la economía informal. Sin embargo, estos sectores fueron desarticulados por el gobierno con represión y causas judiciales, además de, fundamentalmente, eliminarlos como intermediarios de los subsidios, llegando directamente a las personas con su subsidio. Es decir, si bien siguen existiendo, tienen mucho menos poder de movilización desde que asumió Milei.
Sin organizaciones y con el avance de este malestar entre los trabajadores formales e informales, ¿solo podemos esperar más y más casos de implosión personal? O, mejor, la pregunta es: ¿cuántas implosiones personales sucederán antes de que exista un estallido social? Son preguntas imposibles de contestar, pero nos ayudan a pensar en la proximidad de los fenómenos.
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El proceso llamado Primavera Árabe, en el que explotaron varios países de Medio Oriente, empezó en 2010 con un caso de implosión personal. Un informe de la agencia alemana Deutsche Welle (DW) explica que el movimiento comenzó luego de que Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante, se auto inmolara en protesta contra la corrupción en Túnez. Su desesperación desató protestas en toda la región, que culminaron en la huída del dictador tunecino El Abidine Ben Ali.
¿Por qué no hay una primavera argentina como lo hubo en el mundo árabe? Bueno, en estos países había gobiernos que se eternizaban en el poder; no importaba que no hubiera un proyecto político alternativo creíble. Se percibía que cualquier cosa era mejor que que siguieran estos en el poder. En nuestro país y en la mayoría de la región hay alternancia. Las crisis son distintas, hay decepción con los diferentes gobiernos; por eso ya hubo experiencias de que se vaya un gobierno y que el que vino después sea aún peor. Esto, obviamente, puede cambiar, pero estas son las coordenadas políticas de la actualidad.
Por ahora, las personas están solas con su padecer y no encuentran alternativa política. Probablemente este haya sido el fenómeno que le dio el triunfo a Milei en octubre: miles de personas votando para que la situación no se agrave aún más luego de la amenaza de Donald Trump de retirar toda ayuda si el gobierno perdía.
Probablemente haya muchos seguidores o incluso funcionarios de este Gobierno que se enojen al ver esta columna y nos acusen de utilizar la muerte de un joven para criticar al gobierno. La realidad es que, independientemente de lo que sucedió con este joven soldado de tan solo 21 años, cuando termine este programa probablemente haya una persona que se haya quitado la vida y dos que lo hayan intentado. Y, probablemente, gran parte de su malestar se deba a la difícil situación económica y a la falta de atención psicológica, gracias a los recortes de Milei y al aumento de las prepagas.
Hay una tercera vía entre la implosión personal y el estallido social. Es la esperanza por la construcción de una salida política. Pero eso es una inmensa tarea de la oposición. Veremos si está a la altura. Propongo que nos tomemos un minuto de silencio por las miles de familias que perdieron a alguien en estos dos años de récord de muertes autoinfligidas. Un pequeño acto de alerta para que las autoridades tomen cartas en el asunto: hay muchas vidas por salvar.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
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