La irrupción de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio venezolano para capturar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York plantea una pregunta que atraviesa la filosofía del derecho y la historia del orden internacional: ¿es la fuerza la última argumentación del derecho cuando este fracasa o no existe?
La operación estadounidense, llamada “Resolución Absoluta” y ejecutada con bombardeos, helicópteros especiales y fuerzas de élite, ha traído a primer plano el debate sobre la legitimidad del uso de la fuerza más allá de las normas del derecho internacional consagrado tras 1945.
Desde el punto de vista del derecho positivo, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la agresión contra la soberanía de otro Estado, salvo en casos de autodefensa o con autorización expresa del Consejo de Seguridad.
Pero cuando ese derecho positivo se topa con la incapacidad de las instituciones multilaterales para actuar, como el veto de Rusia o China que bloquea cualquier acción contra Maduro o la parálisis de la ONU para reunir fuerzas legítimas, surge una tensión entre el orden jurídico internacional y la realidad del poder.
Es cierto, por otra parte, que el régimen se acorraló a sí mismo al extremar la situación dentro de su propio territorio. Las últimas elecciones presidenciales, del 28 de julio de 2024, en las que las autoridades electorales declararon la reelección de Maduro con alrededor del 52% de los votos frente a su rival Edmundo González Urrutia, estuvieron marcadas por la falta de transparencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó los resultados desglosados mesa por mesa ni las actas de escrutinio completas, lo que impidió verificar de forma transparente los resultados oficiales.
Ese ocultamiento de las actas generó fuertes denuncias de fraude por parte de la oposición y de observadores internacionales, que incluso recogieron de forma independiente copias de gran parte de las actas que sugerían una victoria opositora. Fue uno de los principales motivos por los que varios países y organizaciones no reconocieron la legitimidad del triunfo de Maduro.
Hubo críticas incluso de aliados regionales. Cristina Kirchner pidió que se mostraran las actas. De la misma manera lo hicieron los gobiernos de Brasil, México y Colombia. Vale mencionar que Brasil no reconoció el triunfo de Maduro y que fue ese país el que ayudo a la Argentina al absorber la embajada argentina y los rehenes que estaban allí. Pero, ¿qué solución podían aportar desde la diplomacia o el derecho internacional si el régimen chavista se negaba a reconocer un resultado electoral adverso?
Nicolás Maduro declara hoy ante un tribunal federal de Nueva York en su primera audiencia judicial
El jurista y filósofo político alemán de comienzos del siglo XX, Carl Schmitt, reformuló el concepto de soberanía al redirigirlo hacia la decisión sobre situaciones extremas que el derecho ordinario no puede resolver.
En su influyente "Teología política" (1922), Schmitt afirma que “el soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. Para él, la soberanía se define por la capacidad de suspender el orden jurídico vigente frente a una crisis grave que pone en peligro la existencia del Estado o la normalidad política, y no meramente por la posesión de normas jurídicas formales.
Este planteamiento abre una crítica directa al positivismo jurídico liberal, representado por autores como Hans Kelsen, para quienes el derecho positivo, codificado y generalizable, es la única fuente legítima de autoridad. Schmitt sostiene que todo orden legal descansa, en última instancia, sobre decisiones soberanas que no pueden ser absorbidas por normas preexistentes; es decir, la norma no genera por sí misma todas las respuestas y la excepción revela quién detenta el verdadero poder decisorio en una comunidad política.
En relación con este aspecto, Donald Trump reaccionó en una conferencia previa a la intervención en Venezuela y ante el reclamo de los demócratas de que un eventual ataque debería pasar por el Congreso, dijo: “No es importante informar al Congreso un ataque a Venezuela”. Detrás de esa frase hay una idea muy simple: cuando el poder cree que está ante una situación “extrema”, se siente autorizado a saltarse las reglas.
Trump explicó que no avisó al Congreso porque este “tiende a filtrar” información y porque la operación exigía secreto total. Para él, el Congreso deja de ser un control democrático y se convierte en un estorbo técnico que pone en peligro el éxito del operativo. En nombre de la eficacia, la excepción reemplaza al procedimiento.
El problema es que eso rompe una práctica básica del sistema democrático estadounidense: que el Poder Legislativo sea informado antes de una acción militar. Senadores y diputados se enteraron cuando el ataque ya estaba en marcha y reaccionaron con dureza, calificándolo de ilegal e injustificado. Pero, en la lógica del poder que describe Schmitt, esa crítica no importa, porque la legitimidad proviene de la posibilidad del soberano de definir la excepcionalidad. Cuando el Ejecutivo decide que la ley no sirve para resolver una crisis, la deja de lado y actúa. Así, la fuerza no aparece como último recurso del derecho, sino como su reemplazo.
En otros extremos, este mismo argumento fundamentó la legitimidad que las cortes supremas de países que atravesaron dictaduras militares otorgaron a regímenes de facto, y explica por qué muchas leyes aún vigentes fueron promulgadas de manera antidemocrática. En el plano del derecho penal, se recuerda que “el fruto del árbol podrido” no puede ser considerado prueba válida. Por ejemplo, si la policía utiliza procedimientos ilegales para detener a un sospechoso u obtener una prueba, esta se invalida. Sin embargo, el tribunal de Nueva York que juzga a Maduro y a su esposa considera legítima su detención, generando confusión entre el combate al delito y el estado de guerra, distinción que se abordará más adelante.
El filósofo contractualista inglés Thomas Hobbes escribió su célebre obra "Leviatán" en 1651, donde explicó que el contrato social otorga al soberano poder sobre los individuos para evitar que la sociedad regrese al “estado de naturaleza”, ese escenario brutal donde no hay ley ni autoridad y la vida es “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”.
Para Hobbes, los individuos aceptan ceder parte de su libertad a un poder soberano fuerte a cambio de seguridad. El derecho, entonces, no nace de la moral ni de la justicia abstracta, sino de la capacidad real del Estado para imponer orden. Sin fuerza, no hay ley.
En el sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial no existió un Leviatán global, sino un concierto de grandes potencias donde el equilibrio y el derecho serían la garantía de la paz. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU, pensado como la encarnación de ese orden, ha demostrado una incapacidad funcional producto de los vetos de sus miembros permanentes -China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra-, lo que impide la creación de un soberano universal que ejerza la fuerza legítima cuando el derecho falla.
El retorno del uso de la fuerza por parte de potencias unilaterales, como la operación de Estados Unidos en Venezuela o la invasión rusa en Ucrania, sugiere que el orden internacional está regresando a una era en la que la norma suprema es quién puede imponer su voluntad, tal como lo planteaba Hobbes.
Siguiendo al general prusiano Carl von Clausewitz, quien afirmaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios, puede decirse que no es posible analizar la geopolítica sin tener en cuenta las relaciones de fuerza militares. También que estamos ingresando en una época de mayores tensiones, donde la política se desplaza hacia el plano de la guerra.
La captura de Maduro sin consenso internacional pone en cuestión el ideal de que la legalidad global, articulada por el derecho internacional, pueda resolver por sí sola las grandes crisis contemporáneas. El eje vuelve a estar en el poderío militar.
En su última columna en el diario Perfil, Gustavo González, CEO de Editorial Perfil, explica que Trump no es una excepción, sino el emblema más acabado de una nueva era: la “hipermodernidad”, que deja atrás la posmodernidad dubitativa y recupera certezas extremas, liderazgos dogmáticos y miradas binarias. Trump condensa ese clima como nadie: empresario forjado en la modernidad, estrella televisiva moldeada por la posmodernidad y presidente que canaliza el hastío de una parte de Estados Unidos frente a la globalización y la pérdida de poder geopolítico.
Lo define como el mayor exponente del “decisionismo”, la doctrina que habilita al líder a actuar por fuera de las normas cuando declara un estado de excepción, lógica que explica tanto la reivindicación de la Doctrina Monroe como la captura de Maduro. Trump no se explica solo por su personalidad, sino por un cambio de época que también hace posibles a figuras como Milei.
Así fue la operación secreta de EE.UU. para capturar a Nicolás Maduro
Tras la incursión en Venezuela, el presidente norteamericano redobló la apuesta. En el caso de México, afirmó en Fox News que “algo habrá que hacer” porque los cárteles “gobiernan el país” y reveló que ofreció en varias oportunidades a Claudia Sheinbaum una intervención militar estadounidense para combatirlos, propuesta que la presidenta rechazó.
Otro foco de sus declaraciones fue Colombia. Trump sostuvo que el país “está muy enfermo” y apuntó contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de “fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. Ante la pregunta de si podría desplegarse una misión similar a la realizada en Venezuela, respondió: “A mí me suena bien eso”.
A bordo del Air Force One, apenas un día después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, en Caracas, Trump se refirió a Cuba, que describió como un régimen al borde del colapso por la pérdida del petróleo venezolano. Según el mandatario, la isla “está a punto de caer” y ya no tendría fuentes de ingresos suficientes para sostenerse. “Cuba se quedó sin recursos, está lista para caer”. agregó.
El analista internacional Nicolás Dapena criticó en un artículo reciente la terminología utilizada para justificar la incursión estadounidense en Venezuela, al considerar que confunde el derecho de guerra con la persecución de delitos comunes. Bajo la excusa de combatir el narcotráfico o el terrorismo se aplicaron lógicas que no corresponden a la lucha contra organizaciones criminales y que erosionan gravemente el derecho internacional.
La distinción clásica entre guerra y lucha contra la criminalidad, enfatizada en debates jurídicos contemporáneos, muestra cómo los instrumentos del derecho penal y del derecho de guerra se confunden peligrosamente cuando se argumenta que un jefe de Estado es un narcotraficante. La ley penal no crea derechos para invadir un país.
Aun cuando se acuse a funcionarios o incluso a un jefe de Estado de integrar redes delictivas, rige un principio básico: el debido proceso. Las responsabilidades deben probarse ante tribunales competentes, con garantías de defensa, y no mediante sanciones administrativas o acciones armadas que sustituyen al sistema judicial. La eventual ilegitimidad política de un gobierno no convierte automáticamente a un país en un espacio habilitado para operaciones militares sin declaración de guerra.
El trasfondo real del conflicto tampoco se explica por una supuesta “guerra contra las drogas”, sino por el control de la mayor reserva petrolera del planeta. En un territorio atravesado por actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cualquier intervención externa abre un escenario imprevisible con efectos regionales. Cuando se borra la frontera entre delito y guerra, lo que queda no es justicia, sino la imposición de la fuerza.
La respuesta por parte de la doctrina internacional ha sido tajante: sin autorización del Consejo de Seguridad o sin una amenaza inminente de ataque, lo que no está demostrado en el caso venezolano, la operación constituye un uso ilícito de la fuerza. Esto remite a la vieja tensión presente en la obra de Hobbes: sin un garante universal de la fuerza, el derecho queda reducido a palabras cuando las crisis alcanzan umbrales extremos.
En el siglo pasado, los Papas bendecían batallas porque la fe misma dependía del triunfo temporal de una u otra causa. Hoy ya no existen esas bendiciones explícitas, pero persiste una creencia atávica en la idea de que “alguien tiene que mandar” cuando el conflicto se vuelve irresoluble por la vía institucional. Quizás el ejemplo más extremo sea el de los ciudadanos venezolanos que celebraron la captura de Maduro en varios países del mundo, aun cuando se produjo mediante una intervención militar extranjera.
En las calles de diversas ciudades, la captura fue recibida con escenas de festejo. La intervención no se percibió como una violación abstracta de la soberanía, sino como el derrumbe de un poder considerado ilegítimo desde hacía tiempo. Ese apoyo estuvo atravesado por una ambigüedad profunda. La alegría no nació de la confianza en Estados Unidos como garante de un nuevo orden democrático, sino del hartazgo frente a un régimen cerrado sobre sí mismo. Cuando el propio Estado deja de garantizar una seguridad mínima, los ciudadanos aceptan, o incluso desean, que un Leviatán externo irrumpa para restablecer el orden. La celebración de la invasión revela hasta qué punto el colapso interno puede vaciar de sentido la idea de soberanía.
Un venezolano movilizado en el Obelisco respondió a quienes sostienen que “Estados Unidos viene por el petróleo” y dijo: “Les pido a todos que tengan fe. Los que piensan que Trump solo quiere el petróleo de Venezuela, ¿qué creen que querían los chinos y rusos? ¿La receta de la arepa?”.
Pero la fuerza sin derecho genera resentimiento, resistencia y nuevas fuentes de violencia. Esa fue la crítica primaria a la invasión de Irak en 2003, cuya legitimidad se basó en el poder y no en normas aceptadas colectivamente. ¿Será finalmente el remedio peor que la enfermedad? La incursión abre un abanico de escenarios posibles que pueden operar como una “caja de Pandora”. Una radicalización del chavismo podría derivar tanto en un cierre aún más autoritario del espacio político interno como en una fragmentación violenta del país, alimentando dinámicas de guerra civil funcionales a una posterior ocupación extranjera.
En paralelo, la operación empuja a amplios sectores políticos y sociales de América Latina a romper con Washington, a abandonar el andamiaje institucional ligado a Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y a buscar resguardo estratégico en los BRICS, bajo la convicción de que ya no es posible una relación horizontal ni respetuosa con la potencia del Norte.
Recuerdo que, cuando surgía el concepto inicial de BRIC con solo cuatro países, Brasil, Rusia, India y China, le pregunté en 2004 al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Igor Ivanov, qué opinaba del acrónimo. Respondió que “Rusia y China sí, tal vez India, pero Brasil no, porque no tiene bomba atómica y no se puede ser una potencia sin capacidad militar agresiva masiva”. Paradojas de la época: hoy un argentino, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica de las Naciones Unidas, es candidato a conducir la ONU, una institución cada vez más cuestionada por su inoperancia, incluso por el propio Trump. “Sus países se están yendo al infierno”, dijo el mandatario estadounidense ante la ONU en septiembre pasado.
Al mismo tiempo, el aislamiento diplomático que provocó la acción militar, cuestionada por México, Brasil, la Unión Europea, China y Rusia, acelera la erosión del derecho internacional y habilita una peligrosa lógica de imitación. Si Estados Unidos puede secuestrar a un jefe de Estado extranjero, otros actores podrían sentirse legitimados para hacer lo mismo en sus áreas de influencia, desde Ucrania hasta Taiwán.
En ese escenario, Trump se proyecta como un rey en el plano doméstico y un emperador en el global, pero también como el artífice de un orden más inestable. No es casual que las protestas en su contra en Estados Unidos se realicen bajo la consigna “no kings”.
En el mundo actual, el derecho y la democracia parecen adelgazarse frente a la percepción de que es mejor que mande alguien a que no mande nadie. Si el orden internacional no funciona, ¿cuál es el sustituto?, ¿el orden impuesto por el más fuerte? La fuerza actúa donde el derecho queda sin respuestas, pero esa misma fuerza puede socavar la legitimidad que justifica su uso.
El veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad deja a la ONU incapacitada para actuar, aun cuando existe un consenso amplio sobre las violaciones a principios democráticos fundamentales en Venezuela. La captura de Maduro expone una fragilidad esencial del derecho internacional: su dependencia del consenso de los países más poderosos para implementar sus decisiones.
Cuando las instituciones no funcionan, la fuente última del derecho termina siendo la relación de fuerzas. Pero esa fuerza se aplica incluso sobre sociedades que deberían ser soberanas sobre su territorio y sus decisiones, Estados nación soberanos.
No se trata solo de Venezuela. Es el síntoma de un sistema que se hunde en sus propias contradicciones. En ausencia de un Leviatán internacional que garantice la fuerza legítima sin arbitrariedad, la fuerza que sí existe, la de los Estados poderosos, se convierte en juez y parte.
Eso es lo que ocurre cuando los grupos de naciones son incapaces de articular una respuesta común o cuando la tensión entre potencias se agudiza producto de la competencia internacional. Las potencias actúan por su cuenta, reconfigurando el orden como pueden.
La captura de Maduro marca un retorno frenético a una era previa a la ONU, donde la ley la hacía el vencedor y la fuerza imponía alianzas. Pero ese retroceso trae consigo todas sus sombras: el resentimiento de los pueblos, el ciclo de violencia y la erosión de la idea de un derecho internacional universal. Un regreso a la modernidad más cruda del siglo XX, exacerbada por los líderes decisionistas del siglo XXI.
Finalmente, la pregunta que hemos evitado durante décadas vuelve a imponerse: si el derecho no puede ofrecer soluciones, ¿debemos resignarnos a que solo la fuerza las imponga? Por ahora, solo el tiempo y la historia podrán iluminar estos interrogantes.
TV
LT
