El 3 de junio de 2015 no nació un programa político. No nació una ideología. No nació una plataforma electoral. Nació un grito desesperado producto de una necesidad urgente: basta de femicidios.
Ni Una Menos fue, probablemente, una de las consignas más elementales y desesperadas de la historia democrática argentina. No pidió una reforma constitucional. No exigía una ley específica. No reclamaba un aumento salarial ni una modificación institucional concreta. Pedía algo mucho más básico: que dejaran de matar mujeres. "Paren de matarnos", “basta de femicidios”.
El asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en la localidad santafesina de Rufino, fue la chispa que encendió la pradera. La indignación acumulada por una sucesión de crímenes contra mujeres derivó en una convocatoria realizada por periodistas, escritoras y artistas a través de las redes sociales. El 3 de junio de ese año, cientos de miles de personas se movilizaron frente al Congreso y en más de 80 ciudades del país bajo una consigna tan simple como contundente: "Ni Una Menos".
La frase tiene su origen en la consigna “Ni una mujer menos, ni una muerte más”, creada por la poeta mexicana Susana Chávez para denunciar los femicidios en Ciudad Juárez.
Pero fue en las calles argentinas donde esa consigna adquirió una dimensión histórica inédita. En una época en la que las redes sociales comenzaban a redefinir la conversación pública, Ni Una Menos se transformó rápidamente en hashtag, bandera y movimiento al mismo tiempo. La etiqueta #NiUnaMenos permitió que miles de historias dispersas encontraran un lenguaje común y que una indignación que hasta entonces parecía individual se convirtiera en una causa colectiva.
Lo que comenzó como una convocatoria impulsada desde redes sociales por periodistas y activistas terminó desbordando las pantallas para ocupar plazas, escuelas, universidades, sindicatos y hogares. Fue una de las primeras grandes movilizaciones de la Argentina nacidas en la intersección entre la calle y las redes: una consigna simple, reproducida millones de veces, que logró convertir un problema estructural en una demanda imposible de ignorar para la política, los medios y la sociedad.
Sin embargo, esa misma amplitud que le dio fuerza también le dio cierta ambigüedad. Ni Una Menos no nació señalando a un gobierno, un partido político o una estructura institucional específica. Su diagnóstico apuntaba a algo mucho más difuso: la cultura machista, los patrones sociales, las conductas naturalizadas durante generaciones. Era una denuncia contra una forma de organización social antes que contra un actor político determinado. Esa característica le permitió construir una mayoría social extraordinariamente amplia, pero al mismo tiempo dificultó identificar con claridad quién debía hacerse cargo de resolver el problema y mediante qué herramientas concretas.
Por eso, dirigentes de prácticamente todo el arco político pudieron apropiarse de la consigna. Desde sectores progresistas hasta referentes conservadores, casi nadie se animaba a declararse en contra de un reclamo cuyo núcleo era simplemente que dejaran de matar mujeres. Al no existir un adversario político claramente definido, el movimiento se convirtió en una suerte de consenso moral transversal.
La paradoja fue que mientras la sociedad coincidía en condenar la violencia de género, persistían enormes diferencias sobre sus causas, sus responsables y las políticas necesarias para combatirla. Esa indefinición acompañó al movimiento durante buena parte de su historia y explica, en parte, por qué once años después sigue existiendo acuerdo sobre el diagnóstico general, pero no sobre el camino para resolverlo.
Once años después, la pregunta incómoda es qué respuesta logró dar la política argentina a ese grito. Porque una década es tiempo suficiente para evaluar resultados. Es tiempo suficiente para distinguir entre avances reales, frustraciones, oportunismos y retrocesos.
La respuesta honesta es que se hizo mucho más de lo que existía en 2015. Pero también bastante menos de lo que el problema exigía.
Surgieron herramientas que antes simplemente no estaban. Se fortalecieron los sistemas de denuncias, se expandieron los botones antipánico, aparecieron protocolos de búsqueda más rápidos, se sancionó la Ley Micaela para capacitar a funcionarios públicos en perspectiva de género y se creó una estructura estatal específica para abordar estas violencias. Nada de eso existía con la dimensión actual antes del estallido de Ni Una Menos.
Pero, once años después, los femicidios se siguen multiplicando.
El Ministerio de las Mujeres recibió críticas desde su nacimiento. Algunas justificadas. Otras abiertamente ideológicas. Se cuestionó su eficacia, su burocracia y su utilización partidaria. Finalmente fue degradado y luego eliminado por el gobierno de Javier Milei, que además avanzó sobre distintos programas vinculados a políticas de género.
Pero la desaparición de una estructura estatal no elimina el problema que justificó su creación. Los femicidios no desaparecen porque se cierre una oficina. Tampoco desaparecen porque se cambie el nombre de un delito.
La discusión actual parece haberse desplazado desde cómo combatir la violencia hacia una disputa semántica sobre si los femicidios existen o no existen. Y cuando una sociedad empieza a discutir las palabras antes que los hechos suele ser porque perdió de vista el problema principal.
A esa discusión se sumó en los últimos años otro fenómeno: la irrupción de una batalla cultural global que convirtió al feminismo en uno de sus principales blancos de ataque. Así como Donald Trump en Estados Unidos construyó buena parte de su identidad política enfrentando lo que definía como los excesos del progresismo, Javier Milei hizo lo mismo, diciendo que la ideología de género era una aberración.
El feminicidio y femicidio de Agostina
El movimiento de mujeres, que durante la segunda mitad de la década pasada había logrado instalar buena parte de su agenda en el debate público, pasó a ser presentado por amplios sectores de la nueva derecha como un símbolo de los privilegios corporativos, la burocracia estatal y la corrección política.
La nueva derecha encontró un terreno fértil entre sectores de varones jóvenes que vivieron los cambios culturales impulsados por el feminismo como una amenaza a certezas, hábitos y privilegios que durante décadas habían sido considerados normales. En algunos casos se trató de una reacción frente a transformaciones reales en las relaciones entre hombres y mujeres; en otros, de una percepción alimentada por redes sociales, influencers y discursos políticos que presentaban al feminismo como una fuerza empeñada en culpabilizar a los hombres por el solo hecho de serlo.
La llamada "manosfera" global cultivó una narrativa de reivindicación frente a lo que entendían como una pérdida de estatus. El resultado fue que una parte del debate dejó de centrarse en las víctimas de la violencia para trasladarse hacia una discusión sobre los costos culturales que ciertos sectores masculinos percibían estar pagando como consecuencia de esos cambios.
Pero la reacción contra algunos aspectos del feminismo no surgió únicamente desde la nueva derecha. Incluso dentro del peronismo, la izquierda y distintos sectores progresistas comenzó a aparecer una autocrítica según la cual parte del movimiento se había "pasado tres pueblos". No se cuestionaba la legitimidad de la lucha contra la violencia machista ni los avances conquistados, sino ciertas derivas percibidas como moralizantes, identitarias o desconectadas de las preocupaciones materiales de amplios sectores populares. Algunos dirigentes y analistas señalaron que el feminismo institucionalizado había corrido el riesgo de hablar cada vez más para los convencidos y cada vez menos para la sociedad en general, transformando debates complejos en fronteras morales rígidas.
Esa discusión, que durante años permaneció soterrada por temor a fortalecer a los sectores conservadores, terminó emergiendo con fuerza tras el cambio de clima político y ayudó a explicar por qué una agenda que había alcanzado niveles inéditos de consenso social comenzó a encontrar resistencias incluso entre votantes y militantes que originalmente habían acompañado sus principales reclamos.
Es decir, que a once años del primer Ni Una Menos, hoy el consenso es incluso más difuso que antes.
El caso de Agostina Vega irrumpió en ese contexto. Una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, once años después de que otra adolescente de la misma edad, Chiara Páez, diera origen a Ni Una Menos. La simetría es demasiado brutal para ignorarla. Dos chicas de 14 años separadas por una década y un país entero preguntándose otra vez qué falló.
Sin embargo, el contexto político y cultural en el que ocurre el caso de Agostina es muy distinto al de 2015. Si entonces la reacción social fue casi unánime alrededor de la consigna Ni Una Menos, hoy cada crimen parece quedar rápidamente atrapado en una disputa ideológica más amplia. Las redes sociales ya no funcionan solamente como amplificadores de la indignación, sino también como escenarios de confrontación política. En ese marco comenzó a circular un video de un familiar de la víctima —presentado en distintos medios y plataformas como uno de sus tíos— cuestionando al feminismo y responsabilizando a las organizaciones de mujeres por no visibilizar la tragedia. La escena resulta reveladora: once años después del primer Ni Una Menos, incluso frente a un caso que conmueve al país entero, el debate ya no gira únicamente alrededor de la violencia sufrida por la víctima, sino también sobre el propio significado político y cultural del movimiento que nació para denunciarla.
Otra de las declaraciones que generó polémica fue la de la propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien se refirió a que lo más importante es conocer "la verdad completa" detrás del caso.
El énfasis puesto en la necesidad de conocer "la verdad completa" fue interpretado por sectores feministas y de derechos humanos como un intento de relativizar o desplazar el foco del presunto femicidio. La polémica se vio reforzada por declaraciones previas del propio fiscal Garzón, quien también recibió críticas al sostener que la Justicia había actuado correctamente durante la búsqueda y al referirse inicialmente al caso como un "homicidio", evitando la calificación de femicidio que reclamaban distintos sectores. Todo esto ocurre cuando la investigación ya acumula indicios significativos contra Claudio Gabriel Barrelier, único detenido en la causa, incluyendo registros de cámaras de seguridad, datos de geolocalización, rastros de sangre en su vivienda y otros elementos que lo vinculan con el crimen.
Sin embargo, también hubo voces que denunciaron la falta de políticas públicas y los recortes del gobierno actual en la materia. Desde que asumió Javier Milei se derogaron 47 de 50 políticas de género y prevención: desde salarios complementarios, programas de prevención y asistencia de la violencia por razones de género hasta la construcción de jardines de primera infancia, que permiten a las madres trabajar.
Escuchemos el testimonio de las maestras de Agostina.
La periodista y psicóloga Liliana Hendel cuestionó duramente a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por sus declaraciones sobre el femicidio de Agostina Vega. En diálogo con Radio 10, calificó sus palabras como “discursos canallas” y sostuvo que la referencia de la funcionaria a la necesidad de conocer “la verdad completa” reproduce una lógica que responsabiliza a las víctimas.
La antropóloga Rita Segato viene sosteniendo desde hace años que una de las reacciones más frecuentes frente a los femicidios es la tendencia social a buscar alguna responsabilidad en la propia víctima. Según su análisis, esto ocurre porque admitir que una mujer puede ser asesinada simplemente por ser mujer resulta insoportable para una sociedad que necesita creer que el mundo es, en alguna medida, previsible y controlable.
Entonces aparecen preguntas sobre cómo se vestía, con quién se encontraba, por qué salió sola, qué decisiones tomó o qué señales ignoró.
Escuchemos a uno de los comunicadores de Gobierno, Diego Recalde, quien protagonizó un fuerte cruce en los medios con una periodista.
Para Segato, ese mecanismo de revictimización no busca comprender el crimen sino restaurar una sensación de seguridad: si la víctima hizo algo "incorrecto", entonces quienes observan pueden convencerse de que a ellos no les ocurrirá porque actuarán de otra manera. De este modo, la atención se desplaza desde el agresor hacia la conducta de la mujer asesinada. Escuchemos su propia explicación.
La antropóloga sostiene que los femicidios no son hechos aislados ni simples patologías individuales, sino manifestaciones extremas de relaciones de poder profundamente arraigadas. Por eso advierte que cuando el debate público se concentra en examinar la vida de la víctima, sus vínculos o sus decisiones personales antes que en la violencia ejercida por el victimario, lo que se produce es una forma de revictimización que termina diluyendo la responsabilidad principal y reproduciendo el mismo entramado cultural que hizo posible el crimen.
Para Rita Segato, los femicidios no pueden entenderse únicamente como el resultado de una relación entre un agresor y una víctima. La antropóloga propone analizar dos ejes simultáneos. El eje vertical es el que une al victimario con la mujer agredida y expresa una relación de dominio, control y apropiación sobre el cuerpo femenino. Pero existe también un eje horizontal, muchas veces menos visible, que conecta al agresor con otros hombres reales o imaginarios ante quienes busca demostrar poder, autoridad o pertenencia. En esta lectura, la violencia extrema no es solamente un acto dirigido contra una mujer, sino también un mensaje hacia una comunidad masculina, una forma de reafirmar estatus, prestigio o capacidad de ejercer poder. Por eso Segato sostiene que los femicidios son al mismo tiempo crímenes de subordinación y actos de comunicación social: castigan a una mujer concreta, pero también buscan producir un efecto simbólico dentro de una estructura más amplia de relaciones de poder entre varones.
El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven registró 3.205 víctimas letales de violencia de género entre junio de 2015 y mayo de 2026. El dato más impactante es que en el país ocurre un femicidio cada 31 horas.
El estudio también muestra que el 85% de los agresores pertenecía al círculo íntimo de las víctimas y que el 63% de los femicidios ocurrió en el hogar compartido entre víctima y victimario. Además, el 17% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra su agresor y el 10% contaba con medidas judiciales de protección al momento del crimen. Entre las menores de edad víctimas de femicidio, el 22% había desaparecido antes de ser encontrada asesinada.
Las organizaciones responsables del informe advirtieron además sobre el impacto de los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei en programas de prevención y asistencia. En lo que va de 2026, hasta el 22 de mayo, ya se contabilizaron 99 víctimas letales de violencia de género: 83 femicidios directos, 8 femicidios vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 travesticidios o transfemicidios, cifras que reflejan la persistencia de una problemática que sigue ocupando un lugar central en la agenda pública argentina.
Ni Una Menos nunca fue solamente una demanda feminista. Fue una advertencia sobre los límites de la política para responder a problemas complejos.
Agostina Vega, víctima inocente de un submundo de consumos de drogas y sexo donde se movía Barrelier
Surge una demanda social urgente. La política promete soluciones rápidas. Se crean organismos. Se sancionan leyes. Los resultados son parciales. Aparece la frustración. Y finalmente emerge una reacción que sostiene que todo fue una mentira desde el principio.
Es el mismo ciclo que atraviesa buena parte de la democracia contemporánea.
Mientras esa discusión continúa, una adolescente llamada Agostina Vega acaba de convertirse en el rostro más reciente de una tragedia, que once años después de encontrar su consigna, sigue sin hallar aún una respuesta definitiva, o al menos un camino claro a seguir.
Y eso explica por qué hoy, otra vez, miles de personas vuelven a marchar. Porque el grito original sigue teniendo vigencia. Ni Una Menos, basta de femicidios.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
MV/LT
