La palabra deuda proviene del latín debita, que es el plural neutro del participio pasivo de debere (deber). En su origen, debita significaba literalmente "las cosas que se deben" o "lo que es debido". El verbo debere surge a su vez de la contracción del prefijo de- (alejamiento, privación o separación) y el verbo habere (tener o poseer). Por lo tanto, la raíz etimológica de deber implica "privarse de algo que se tiene" para entregárselo a otro, o "tener algo que pertenece a otra persona". Conceptualmente, la etimología de la palabra conecta de forma directa la obligación económica con el deber moral, ya que comparte la misma raíz y lógica lingüística con términos como débito, debido y deber. Quienes tienen una deuda, tienen un compromiso con el deber, con pagarle al otro aquello que era de él y prestó por un tiempo.
No obstante, hay momentos en la historia en los que las condiciones económicas hacen que masivamente la sociedad deba endeudarse y luego no pueda afrontar sus compromisos de pago. En estos momentos, en estas grandes excepciones, la política tuvo que resolver por encima de la economía y la carga ética del “debere” se suspendió porque se entendió que había una injusticia mucho mayor que una deuda impaga. Por otro lado, es justo decir que cada vez que se tomaron estas determinaciones hubo consecuencias que muchas veces perjudicaron a las mismas personas que se pretendía salvar.
Hoy en nuestro país, seis de cada diez argentinos se endeudaron recientemente, y cerca de 5,8 millones de personas (el 28% de los deudores con crédito formal) tienen pagos atrasados o deudas en mora, principalmente para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres y servicios. La gente básicamente se está endeudando para subsistir. ¿Estamos ante estos hechos de la historia en los que se invierte la carga ética del debere? ¿Qué medidas debería tomar la política si esto fuese así? Vamos a hacer un poco de historia.
En la Grecia del siglo VI a.C., la economía agraria y las malas cosechas obligaron a la mayoría de los pequeños campesinos a pedir préstamos a los terratenientes aristócratas. Como garantía, los agricultores ofrecían sus propias tierras y, en última instancia, su propia libertad física. Cuando las deudas se volvieron impagables, miles de ciudadanos atenienses cayeron en la servidumbre o fueron vendidos como esclavos al extranjero. El descontento y la amenaza inminente de una guerra civil forzaron a la élite a nombrar a Solón como legislador supremo en el 594 a.C. Solón promulgó la Seisachteia ("la sacudida de cargas"), una medida radical que canceló todas las deudas agrarias existentes, abolió la esclavitud por deudas y liberó a quienes habían sido vendidos.
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La cancelación de deudas (Seisachteia) impulsada por Solón tuvo un efecto económico inmediato: devolvió la libertad laboral a los campesinos y restituyó la propiedad de la tierra a una clase media rural golpeada por la servidumbre. Al eliminar la esclavitud por deudas de ciudadanos atenienses, Atenas protegió su masa crítica de mano de obra local y obligó a las élites a buscar mano de obra esclava extranjera. Económicamente, esta redistribución reactivó el consumo interno, impulsó el comercio marítimo de aceite y vino y sentó la base monetaria y productiva que convirtió a la ciudad en una potencia comercial en el Egeo.
Durante los primeros años de la República Romana, las constantes campañas militares obligaban a los plebeyos a abandonar sus cultivos para luchar en el ejército. Al regresar, encontraban sus granjas destruidas o arruinadas, lo que los forzaba a recurrir a préstamos otorgados por los patricios bajo el régimen del nexum, un contrato que convertía al deudor en siervo de su acreedor hasta saldar la deuda. Ante la negativa del Senado de ofrecer alivio financiero, la masa plebeya llevó a cabo la primera gran huelga general de la historia: abandonaron masivamente la ciudad de Roma y se retiraron al Monte Sacro. La parálisis total de la ciudad y del ejército obligó a los patricios a condonar deudas y a crear la figura del Tribuno de la Plebe para proteger al pueblo de los abusos patrimoniales.
La huida de los plebeyos y la posterior abolición del nexum (a través de la Lex Poetelia Papiria tiempo después) reestructuraron la economía romana. Al restringir que la persona física fuera la garantía de un préstamo, el crédito pasó a respaldarse exclusivamente en bienes y propiedades, formalizando el derecho de propiedad y el sistema de garantías en Roma. Sin embargo, para compensar la imposibilidad de someter a la plebe local por deudas, las clases patricias aceleraron la expansión militar externa para capturar esclavos extranjeros y latifundios, dando origen al modelo económico latifundista sostenido por mano de obra servil importada.
Tras la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el nuevo país enfrentó una severa depresión económica y la falta de papel moneda circulante. Los comerciantes de Boston exigieron a los agricultores rurales el pago de sus deudas en oro y plata, especies de las que los veteranos de guerra carecían. Las autoridades locales comenzaron a embargar granjas y a encarcelar a los agricultores morosos. En respuesta, el capitán Daniel Shays lideró un levantamiento armado de miles de veteranos y campesinos que tomaron los tribunales para impedir los juicios por deudas y los remates de propiedades. Aunque la rebelión fue aplastada militarmente, expuso la fragilidad de las finanzas posrevolucionarias y fue el detonante directo para la redacción de una nueva Constitución federal que unificara el sistema monetario.
Esto permitió la creación del Tesoro de los Estados Unidos bajo Alexander Hamilton, la asunción federal de las deudas de los estados y el establecimiento de un dólar único respaldado por un sistema de crédito nacional que atrajo inversión extranjera masiva.
En la era contemporánea, la desregulación financiera y las bajas tasas de interés a comienzos de los años 2000 impulsaron la concesión masiva de créditos hipotecarios de alto riesgo a familias de bajos ingresos en Estados Unidos. La ingeniería financiera empaquetó estas deudas insolventes en títulos de inversión globales. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en 2008, millones de familias perdieron sus viviendas mediante ejecuciones hipotecarias, mientras los gobiernos centrales destinaron billones de dólares en rescatar a los mismos bancos aseguradores que habían promovido el esquema. La percepción de una asimetría moral —donde el ciudadano de a pie asumía las pérdidas mientras las élites financieras eran rescatadas— detonó olas globales de protesta social como el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos y el movimiento 15-M o de los Indignados en España.
Además, el rescate del sistema bancario transformó la crisis financiera privada en una crisis de deuda soberana global. En Europa, países como España o Grecia tuvieron que recortar drásticamente el gasto público para pagar el rescate de su banca, cayendo en recesiones prolongadas con desempleo juvenil superior al 40%. En Estados Unidos y Europa, los bancos centrales aplicaron tasas de interés cero y emisión monetaria masiva (flexibilización cuantitativa). Esto disparó el precio de los activos financieros y bienes raíces, protegiendo a los grandes inversores pero encareciendo la vivienda y estancando los salarios reales de la clase media durante más de una década.
Como pueden ver, cada vez que se altera este equilibrio entre quienes prestan y quienes toman deuda genera sus consecuencias, aunque a veces esas consecuencias sean mejores que no intervenir.
En la historia de la filosofía y la teología, la noción del préstamo con interés fue cambiando a lo largo de la historia. Filósofos de la Grecia clásica como Aristóteles, en el siglo IV a.C., argumentaban que el dinero era por naturaleza estéril, un simple instrumento para facilitar el trueque de bienes, por lo que cobrar un interés equivalía a pretender que el metal engendrara más metal de la nada. Esta lógica fue asumida e intensificada por la Iglesia Católica durante toda la Edad Media, entre los siglos V y XV. Teólogos como Tomás de Aquino en el siglo XIII sostenían que cobrar intereses significaba vender el tiempo transcurrido entre el préstamo y la devolución, lo cual constituía un robo a la Providencia, dado que el tiempo pertenecía únicamente a Dios. La usura, entendida en ese entonces como cualquier tipo de beneficio derivado del préstamo de dinero, implicaba la excomunión y la condena espiritual.
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El cambio de paradigma comenzó a articularse en el siglo XVI con la Reforma Protestante y la expansión del comercio mercantil. Jean Calvino rompió con la tradición teológica al distinguir por primera vez entre la usura explotadora contra los necesitados y el préstamo comercial legítimo. Calvino planteó que si una persona adinerada pedía un crédito para invertirlo en un negocio rentable, era justo que el prestamista cobrara una compensación por el riesgo asumido y por la ganancia que dejaba de percibir al desprenderse de su capital. Durante el siglo XVII, el auge de las plazas financieras de Amberes y Ámsterdam y la necesidad de financiar expediciones transoceánicas terminaron por consolidar al crédito como la herramienta central del comercio internacional.
Finalmente, en el siglo XVIII, la economía política de la Ilustración terminó de secularizar y normar el concepto. Pensadores como David Hume y Adam Smith demostraron que el interés no era un abuso moral ni una falta ética, sino simplemente el precio que regulaba la oferta y la demanda del dinero en una economía. Para cuando estalló la Revolución Industrial en el siglo XIX, la idea del dinero como un generador de riqueza legítimo se había vuelto la norma universal, convirtiendo la emisión de deuda con intereses en la base indispensable del sistema financiero moderno.
Ahora, fíjense qué interesante, que el cambio de paradigma vino con la reforma protestante, pero inclusive en ese momento, Calvino distinguía la usura enfocada en sacarle dinero al necesitado y la actividad financiera, que generaba interés gracias a prestarle dinero a un empresario para desarrollar un negocio. Quizás ahí está el punto.
¿Los argentinos se están endeudando para expandir sus negocios o para subsistir? Todo indica que no hay seis de cada 10 argentinos emprendiendo nuevos negocios, sino que se están endeudando con tarjetas de crédito, bancos, prestamistas privados y hasta los narcos de los barrios para poder subsistir. Es decir, es la diferencia entre tener un problema financiero o un problema económico. Si uno va a poner un negocio exitoso y le falta capital, tiene un problema financiero. Una vez que cuente con el capital, luego generará más dinero y podrá devolver gustosamente lo que se le prestó. Si uno no llega a fin de mes y requiere préstamos constantemente para sobrevivir tiene un problema económico, es algo más profundo. Hay una diferencia entre lo que gana produciendo y sus necesidades.
La pregunta concreta sería, ¿hasta cuándo reducir las necesidades para que lo que uno gana alcance? Ahí hay una respuesta ética y filosófica que se desarrolló en este mismo edificio hace cinco años, cuando Javier Milei enfrente de Juan Grabois y enfrente mío defendió el derecho a morirse de hambre. Grabois le dijo que si tenía dos opciones, trabajar 18 horas por día o morirse de hambre, no tenía opción, tenía que trabajar 18 horas por día. Milei le contestó que no, que podía elegir morir de hambre. Eso es una posición filosófica. El Estado no se mete en la vida de los individuos, siempre pueden elegir no comer si no les alcanza.
El año pasado, cuando a Milei le plantearon que había gente que no llegaba a fin de mes, respondió que eso era mentira, porque si no llegaran a fin de mes, habría gente muriendo de hambre por la calle. Claramente, nadie eligió el derecho a morirse de hambre y antes de pasar hambre, los argentinos primero consumieron su pasado. Es decir, vendieron el auto o lo usaron para Uber, sacaron los dólares del colchón, las joyas de la familia o inclusive vendieron la ropa en las ferias de barrio, tan populares en los últimos años. Ahora, están consumiendo su futuro, se endeudan con todo los que les prestan. ¿Qué pasará cuando ya no quede pasado ni futuro? No tendrán que consumir en el presente. Esperemos que no lleguemos a eso, es momento de la oposición para que actúe. ¿Cómo se ha resuelto este problema en los últimos años? Hay ejemplos más cercanos de los que dimos.
El programa Desenrola en Brasil implementó renegociaciones masivas que combinaron avales públicos y quitas sustanciales concedidas por los propios acreedores. Entre sus consecuencias positivas se destaca el saneamiento inmediato del presupuesto familiar de millones de personas, lo que restableció la capacidad de consumo básico y permitió reactivar el comercio minorista. Al salir de la morosidad formal, los ciudadanos recuperaron el acceso al circuito financiero regulado, alejándolos del mercado informal de usura.
Desde la perspectiva negativa, los críticos señalan que el uso de garantías estatales para respaldar las reestructuraciones transfiere parte del riesgo privado al contribuyente. Asimismo, la condonación masiva corre el riesgo de generar expectativas de futuros perdonazos, un fenómeno de riesgo moral que puede desincentivar el cumplimiento voluntario de obligaciones de pago en deudores que sí tienen capacidad de saldar sus deudas.
Por su parte, la ley de Borrón y Cuenta Nueva en Colombia ofreció una amnistía temporal para eliminar el reporte negativo en las centrales de riesgo a quienes saldaran sus deudas dentro de un periodo determinado. La principal ventaja de esta medida fue la reinserción crediticia ágil: millones de personas pudieron volver a solicitar créditos bancarios, arrendar viviendas o acceder a empleo formal sin la barrera de un historial manchado por crisis pasadas.
No obstante, las consecuencias adversas radican en la asimetría de información que se genera para el sistema bancario. Al borrar el historial moroso, los bancos pierden visibilidad sobre el riesgo real de los solicitantes, lo que puede llevar a las entidades a endurecer las condiciones generales de aprobación o a subir las tasas para todos los clientes como mecanismo de cobertura global, perjudicando de forma involuntaria a quienes siempre pagaron a tiempo.
En Uruguay, la ofensiva legislativa del Frente Amplio para fijar topes máximos y estrictos a las tasas de usura en los préstamos al consumo apunta a frenar el cobro de intereses abusivos por parte de financieras y administradoras de crédito. El beneficio evidente de esta política es la protección directa de la población vulnerable contra esquemas de crédito depredadores que perpetúan trampas de deuda impagables. Sin embargo, la ciencia económica advierte sobre los efectos no deseados de los controles de precios en el dinero.
Al establecer un techo artificial a la tasa de interés, las entidades financieras suelen responder excluyendo del crédito legal a los solicitantes de mayor riesgo o menores ingresos, ya que la tasa permitida no compensa el riesgo de impago. Como consecuencia, las personas que la ley busca proteger corren el riesgo de ser empujadas hacia el mercado de préstamos informales y clandestinos, donde las tasas son sustancialmente más altas y los métodos de cobro carecen de toda regulación legal.
En el Congreso se han acumulado alrededor de treinta iniciativas parlamentarias presentadas por diversos bloques que buscan dar respuesta al sobreendeudamiento de los hogares, un fenómeno impulsado por la mora en tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos otorgados por billeteras virtuales. Las propuestas se dividen en tres grandes enfoques conceptuales. El primer enfoque promueve la reestructuración judicial o administrativa sin costo fiscal para el Estado. Un ejemplo representativo es el proyecto de Segunda Oportunidad, impulsado por el diputado Pablo Juliano.
Esta iniciativa propone adaptar la lógica de los concursos preventivos de las empresas a las personas físicas y familias. Crea un procedimiento judicial simplificado para que un juez pueda auditar cómo se originó la deuda, revisar abusos o intereses usurarios y reestructurar el pasivo. Asimismo, prohíbe las prácticas de acoso e intimidación que suelen emplear las agencias de cobranza y las fintech contra deudores y sus allegados. En una línea similar, el proyecto presentado por las diputadas Lucía Cámpora y Julieta Campo crea un trámite administrativo gratuito para reestructurar deudas de consumo cuando el pago mensual supera el 30% de los ingresos familiares. El segundo enfoque plantea la intervención activa del sector público para sustituir o refinanciar las deudas en condiciones más favorables. En este grupo destaca el Programa Federal de Desendeudamiento Familiar, presentado por el diputado Guillermo Michel.
La propuesta plantea autorizar a la ANSES a utilizar hasta un 20% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para cancelar deudas que las familias hayan contraído con bancos o financieras privadas. A cambio, el Estado asume la acreencia y le otorga al ciudadano un nuevo crédito blando con tasas reguladas y en cuotas ajustadas a sus ingresos, eliminando el costo financiero total abusivo de los privados. El tercer enfoque apunta al desendeudamiento directo con quitas y regulaciones a la oferta crediticia.
El proyecto de Desendeudamiento y Reestructuración de las Familias, impulsado por el diputado Santiago Roberto, toma inspiración en modelos de quita masiva como el Desenrola de Brasil. Propone la eliminación del 100% de los recargos por mora y quitas del capital adeudado que pueden alcanzar hasta el 90% para los hogares de menores ingresos. Adicionalmente, diversos textos en debate proponen implementar por ley el criterio del "crédito responsable", obligando a bancos y plataformas virtuales a evaluar fehacientemente la capacidad real de pago del usuario antes de otorgar financiamiento automático, evitando la sobreoferta de préstamos con tasas desproporcionadas.
En el pensamiento griego, Aristóteles expone en su Ética a Nicómaco que la virtud ética es un hábito del carácter que se define exactamente como el término medio (mesotēs) entre dos extremos viciosos, uno por exceso y otro por defecto. Aristóteles aclara que este término medio no es una media matemática abstracta, sino un equilibrio relativo a la situación concreta y a la persona. Por ejemplo, la valentía es el término medio entre la cobardía, que es la falta de fuerza ante el peligro, y la temeridad, que es un exceso irresponsable. De la misma manera, la generosidad se sitúa entre la tacañería y el despilfarro, siendo la prudencia (phronēsis) la facultad que permite identificar en cada contexto dónde se ubica la acción justa.
En el pensamiento budista, el Camino del Medio (Majjhima Patipada) es el pilar central de la enseñanza de Siddhartha Gautama, el Buda. Este concepto surge directamente de su experiencia personal: antes de su iluminación, experimentó el lujo desmedido y la indulgencia sensorial como príncipe, para luego pasar años practicando un ascetismo extremo que casi lo lleva a la muerte. Al comprender que la indulgencia ataba a los deseos terrenales y que el ascetismo destructivo solo debilitaba su mente, descubrió que ninguno de los dos extremos conducía a la liberación del sufrimiento.
El camino del medio en este caso estaría en esfuerzos compartidos tanto del deudor como del acreedor cuando, si una aplicación cobró una tasa de interés cuatro veces superior a la de los bancos porque parte del interés era una previsión de que un cuarto de los deudores no podría pagarle y el Estado por ejemplo refinanciara a esos deudores pagándole a la aplicación, esta tendría una ganancia inmerecida porque había previsto no cobrar esos créditos. Lo lógico es que intervenga el Gobierno o la Justicia, será para repartir los esfuerzos: los deudores deberán pagar pero a tasas normales y los acreedores usurarios deben hacer una quita equivalente al exceso de tasa de interés que aplicaron para cubrirse del no pago ya esperado.
Entre el derecho a morirse de hambre de Milei y la simple emisión de dinero para condonar deuda, debe haber un término medio que ayude a las personas a salir de sus deudas sin romper la noción misma de deber, del compromiso de la que hablamos al principio y es la que es parte estructural de la sociedad. Esperemos que la política encuentre ese término medio.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
MEG/ff
