El gobierno del Perú declaró el estado de emergencia en siete regiones durante los próximos 60 días a raíz de las protestas, que se han cobrado más de 60 muertos, y la decisión del Congreso de postergar hasta agosto el debate de un adelanto de las elecciones para este año.
Es una de las exigencias de los manifestantes, así como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y un referéndum para una asamblea constituyente, de modo de reformar la Constitución de 1993.
El estado de emergencia, que rige hasta mediados de este mes en las regiones de Lima, donde se encuentra la capital, y de Callao, sede de las terminales marítima y aérea, se extiende ahora al centro y el sur del Perú.
Perú da un giro: esta vez a la derecha
La medida, por la cual la policía y las fuerzas armadas deben mantener el control interno, restringe o suspende derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito y de reunión.
El decreto prohíbe en el departamento de Puno la movilidad entre las 20 y las 4, con excepción de aquellas personas que deban desempeñar actividades productivas o laborales o que requieran atención médica urgente.
Protestas cruentas en diversas regiones
En esa región del altiplano, en la frontera con Bolivia, los bloqueos de rutas mantienen paralizada la actividad.
En Juliaca, una de sus principales ciudades, los enfrentamientos dejaron 19 muertos, incluido un policía, el 9 de enero.
También hubo enfrentamientos este sábado en Lima entre campesinos y estudiantes con la policía.
Un día antes, el Congreso había bloqueado hasta agosto el debate para adelantar las elecciones, previstas por ahora para abril de 2024.
La crisis estalló el 7 de diciembre, cuando la exvicepresidenta Boluarte sucedió a Pedro Castillo, arrestado tras un vano intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
AO FM
