La destitución de Pedro Castillo, expresidente de Perú, encendió la mecha del descontento popular hacia la dirigencia política, enmarcado en las protestas que dejaron mas de cincuenta muertos y miles de heridos desde diciembre pasado. La crisis presidencial peruana, marcada por la tensión entre el ejecutivo y el legislativo, se vio reflejada en los seis presidentes en cuatro años de un país firme en lo macroeconómico pero inestable en lo político.
Castillo, un exmaestro rural y líder sindical, llegó al poder en abril de 2021 tras ganarle a Keiko Fujimori por menos de un punto en medio de denuncias de fraude sin pruebas, una polarización inédita y una sociedad cansada del temblor institucional inaugurado tras la destitución de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti.
"Es complicado entender el caso peruano sin tener en cuenta algunos antecedentes. Lo que pasó con el autogolpe de estado de Pedro Castillo, su posterior vacancia, el ascenso de Dina Boluarte y las protestas que siguieron, no se pueden dejar de entender sin analizar toda la crisis política e institucional que Perú ha vivido desde 2017", explicó a PERFIL Cristhian Jaramillo, politólogo peruano e investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.
Antecedentes
Pedro Castillo intentó aferrarse al poder al intentar disolver el Congreso y otras instituciones e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, para evitar el tercer intento de destitución por parte de la oposición. A diferencia de su antecesor, el exdictador Alberto Fujimori, Castillo no contó con apoyo popular ni de las fuerzas de seguridad, por lo que su autogolpe fracasó y fue detenido.
A pesar de la mirada horrorizada de las democracias liberales, el intento de Castillo no sorprendió a los analistas. "En 2017 asumió Pedro Pablo Kuczynski pero perdió la mayoría en el Congreso en manos de la oposición dominada por el fujimorismo. Keiko Fujimori y el sector más extremo de la derecha peruana y otros actores no reconocieron al gobierno. Es entendible entonces que el escenario entre el 2016 y el 2021 sea repetido", puntualizó el politólogo.
A esto se suma la dinámica partidaria de los últimos cuatro años, con legisladores que habría ejercido de manera discrecional el pedido de destitución del presidente alegando presunta "incapacidad moral", una figura jurídica cuestionada por organismos internacionales.
"Incapacidad moral": la nueva costumbre de destituir presidentes en Perú
Al igual que en otras democracias sudamericanas, en Perú ningún presidente "gobierna solo" sino que debe buscar mayorías en el Congreso no solamente para la aprobación de leyes, sino para garantizarse la gobernabilidad. En otras palabras, para evitar la caída del gobierno.
Sin embargo, el "equilibrio" entre los poderes se vio alterado a partir del "abuso" por parte del Legislativo de la cláusula de "incapacidad moral" para destituir a los presidentes que, si bien figura en la constitución, fue pensadas para casos extraordinarios pero se convirtió en "una dinámica constante" en los últimos años.
"Ese año, el Legislativo se dio cuenta que podía usar la vacancia por 'incapacidad moral' teniendo los votos de las dos terceras partes. Este procedimiento se convirtió en una dinámica constante en Perú y produjo una serie de crisis políticas y de enfrentamientos entre los dos poderes", comentó Jaramillo.
"Es un sistema político precario en el que el presidente cae si no logra armar mayorías en el Congreso. Nos indica que se está abusando de una figura que se debería usar solo de manera extraordinaria, que fue pensada originariamente en la Constitución como una defensa ante presidentes que puedan tener problemas de salud mental, como esquizofrenia o psicosis", añadió.
Además, el analista agregó que como "arma" para equilibrar el poder, el Ejecutivo cuenta con la "cuestión de confianza" a presentar en el Legislativo y que en caso de no ser aceptada podría habilitarlo a disolver el parlamento. Sin embargo, este no fue el caso de Castillo.
El descontento popular frente a la dirigencia política
En noviembre pasado, el Instituto de Estudios Peruanos sondeó qué debería ocurrir si Castillo era apartado de la presidencia. El 87% de los encuestados respondió que se debían celebrar elecciones generales, por lo que ese Congreso tampoco debía continuar una vez que el presidente fuera destituido.
"Parte de la ciudadanía y de los manifestantes piden un adelanto de las elecciones porque entienden que el Congreso no ha aportado a este gobierno. Un congreso que intenta vacar al Presidente en tres oportunidades en menos de dos años evidentemente es no está colaborando con el ejecutivo", analizó el politólogo, y destacó la división social en Perú que "motivó" que la crisis continúe.
La caída de Castillo
El enfrentamiento entre Castillo y el Congreso peruano, dominado por la oposición de derecha, inició prácticamente con su gobierno en julio de 2021. El Congreso fracasó en sus dos primeros intentos por sacarlo del poder, bajo el pretexto de "falta de rumbo", reflejado en sus crisis ministeriales que se tradujeron en cinco gabinetes y una rotación de ochenta ministros en 16 meses.
El 7 de diciembre el Congreso, gobernado por la derecha heredera del fujimorismo, finalmente obtuvo lo esperado: tras un año y ocho meses en el poder finalmente Castillo fue apartado luego de intentar un autogolpe para intentar mantenerse en el poder, sabiendo que no contaba con los votos para evitar la moción de vacancia del Congreso. "Fue un golpe muy parecido al de Alberto Fujimori en el 1992. La diferencia es que Castillo no tenía la popularidad ni el apoyo político suficiente para hacer esta maniobra", indicó Jaramillo.
Tras una escandalosa salida de la Casa de Pizarro, el palacio de gobierno peruano, Castillo intentó desplazarse hacia la embajada de México en virtud del asilo político que le permitirá evitar la prisión en manos de la fiscal de la Nación, que lo acusó de conspiración y rebeldía. Su detención derivó en masivas protestas, cortes de rutas, trenes y aeropuertos, una brutal represión policial que dejó al menos cincuenta muertos y mil heridos (según la Defensoría del Pueblo), y una incertidumbre institucional sin precedentes.
