Con graves incidentes, una gran manifestación con participación mayoritaria de ciudadanos provenientes de los Andes se inició este jueves 19 de enero en Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. Mientras tanto, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad masivo en la capital peruana para evitar disturbios y vandalismo.
Al mismo tiempo, la región sureña de Arequipa fue el escenario de una batalla campal mantenida entre las fuerzas de seguridad y miles de manifestantes, que a punta de pedradas intentaron tomar por asalto el aeropuerto, siendo repelidos con gases lacrimógenos.
El ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció por Twitter la suspensión de las operaciones de la terminal aeroportuaria de manera preventiva.
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Desde diversos puntos de Lima partieron columnas de manifestantes dispuestos a marchar por las principales avenidas de la ciudad, antes de converger al final de la jornada frente al Palacio de Justicia.
En las últimas horas se registró un enfrentamiento en la avenida Camino Real y Víctor Andrés Belaúnde, en el distrito de San Isidro, donde se concentraron los disturbios entre la Policía Nacional de Perú y los manifestantes.
"Estamos aquí luchando por nuestra justa razón. Queremos que cierren el Congreso", comunicó a la agencia de noticias AFP la campesina Ayda Aroni, que llegó desde la región de Ayacucho, situada a 330 kilómetros al sureste de Lima.
"Nos marginan, nos dicen que somos vándalos, nos dicen que somos terrucos (terroristas), estamos reclamando nuestro derecho", aportó la mujer.
En Lima se desplegaron "11.800 efectivos en las calles para el control de disturbios, más de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas", aseguró el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabría.
Diversos negocios aledaños a la ruta de la marcha fueron cerrando conforme avanzaba la jornada y algunos de ellos cubrieron con maderas las vitrinas para evitar ser blanco de eventuales ataques de vándalos.
El jueves se conoció la muerte de un segundo manifestante herido de bala horas antes en el tórax cuando se manifestaba en Macusani, en la región de Puno.
El miércoles una mujer murió también de un balazo en el marco de las protestas en Macusani, donde una multitud quemó una comisaría y un local judicial.
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Tras los fallecimientos reportados, se registraron más de 50 muertes desde que estalló la crisis y se multiplicaron las protestas contra el Gobierno de Boluarte.
En las regiones de Puno, Huánuco y Tacna centenares de campesinos se movilizaron por la vía pública.
El aeropuerto de Cusco, al igual que el de Arequipa, suspendió sus operaciones por seguridad.
El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu también quedó momentáneamente suspendido, según informó la compañía operadora.
La toma de Lima
Los manifestantes reclamaron la renuncia de Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones.
"En Lima, la lucha tendrá más peso. Cuando nos reprimen en nuestras regiones, nadie lo menciona", advirtió Abdón Félix Flores, de 30 años, un campesino que se mostró listo "a dar su vida". Salió el domingo de Andahuaylas, epicentro de las manifestaciones en diciembre, para llegar a Lima el martes.
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuya organización está detrás de la marcha, pronosticó el advenimiento de mayores conflictos si no renuncia la presidenta.
"Las marchas seguirán. Todas las regiones del país han dicho que no regresarán a su lugar de origen mientras no renuncie Dina Boluarte", explicó a la agencia AFP Gerónimo López, líder sindical que convocó a la huelga.
Aunque el gobierno decretó el domingo un estado de emergencia por 30 días en Lima, Cuzco, Callao y Puno, el dirigente sindical precisó que los organizadores no solicitaron autorización para la concentración.
"No hay autorización de la policía, nunca se pide autorización para una manifestación social, no es una obligación que nos autoricen", puntualizó, a pesar de que el estado de emergencia suspende las libertades de reunión y circulación, además de permitir la intervención del ejército para el mantenimiento del orden.
Profunda crisis institucional
Perú transcurre intensas protestas desde que el 7 de diciembre fue destituido por el Congreso el ex presidente Pedro Castillo y arrestado por un fallido golpe de Estado con el cual intentó cerrar el Parlamento, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
La crisis también refleja la enorme brecha que existe entre la capital y las provincias más humildes que respaldan al presidente Castillo, de origen indígena.
La presidenta Boluarte había llamado a la calma este lunes: "Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes el 18 y 19, yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma".
Boluarte era la vicepresidenta de Castillo, a quien reemplazó según establece la Constitución, y proviene del mismo partido, pero es considerada una "traidora" por los manifestantes.
CA/HB
