El politólogo y actual rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, aseguró que el doble triunfo aplastante logrado este miércoles en la Cámara de Diputados representa un avance decisivo para el financiamiento de las instituciones educativas. A partir de sus declaraciones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), “la ley de financiamiento universitario establece un piso muy distinto para 2026”, y, según él entrevistado, permitirá mayor control y transparencia, evitando la discrecionalidad en la distribución de los recursos públicos.
El politólogo Franco Bartolacci fue decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en dos periodos. Se formó en esa casa de estudios como licenciado en Análisis Político y desde 2003 integra su plantel docente. A partir de 2019, la Asamblea Universitaria lo eligió otra vez como rector.
Me interesa saber cómo impacta el resultado de este miércoles en la Cámara de Diputados del Congreso en la vida concreta de las universidades nacionales, comenzando por la que usted dirige.
Nosotros planteamos con mucha responsabilidad, a lo largo de los últimos años, las dificultades que enfrentaban las universidades en materia de financiamiento y que afectaban el normal desarrollo de sus actividades. Lo hicimos con firmeza y también con racionalidad, porque creo que Argentina necesita evitar los discursos altisonantes y los agravios.
Como no obtuvimos respuestas de las autoridades nacionales, fuimos a buscarlas —como corresponde en una República Democrática— al Congreso de la Nación, que es quien tiene competencia en materia presupuestaria. Finalmente logramos aprobar una ley de financiamiento y sostenerla frente al veto presidencial.
Esto es muy importante por dos motivos. Primero, porque corrige los desfasajes previos y actualiza salarios y presupuesto de acuerdo con la inflación registrada por los organismos oficiales. Hasta el momento habíamos tenido una pérdida real del 30% del presupuesto, lo que justificaba gran parte de las dificultades que atravesamos. Segundo, porque esa actualización establece un piso distinto para discutir el presupuesto 2026. Estábamos muy preocupados con ese anuncio, ya que, tal como estaba planteado, implicaba un incremento del 0% para el sistema universitario el año próximo.
Así, haber aprobado y sostenido la ley en la Cámara de Diputados —y esperar que el Senado haga lo mismo— nos permite no solo resolver los problemas urgentes, sino también empezar a discutir el presupuesto desde otra base. Cuando no está aprobado, no se puede controlar, no hay transparencia y, además de la incertidumbre, se habilita la discrecionalidad en la distribución de los recursos. Lo mejor que puede pasar es que el Congreso defina.
Sinceramente, tengo temor de que el presupuesto 2026 termine resolviéndose “a la brevedad”. Me preocupa que volvamos a quedarnos sin, porque la situación es muy distinta. Usted mismo señala que esto sienta las bases para un escenario diferente en educación de cara a 2026. Sin embargo, el cálculo oficial prevé que en diciembre de ese año sea un 5% más bajo que el actual. Y, como sabemos, el dólar y la inflación son los verdaderos presupuestos del presupuesto: todo lo demás depende de la recaudación. Si finalmente se subestima lo que ocurrirá con la recaudación, la inflación y el precio del dólar, siento que estamos frente a algo muy difícil.
Así es, comparto que el escenario es complejo y espero —creo que todos aspiramos a eso— que los legisladores nacionales actúen con responsabilidad para, a partir de la propuesta del Poder Ejecutivo, aprobar un presupuesto antes de fin de año. También apelo, entiendo yo, a la voluntad que debe tener el Ejecutivo Nacional de que el Congreso sancione un presupuesto, porque eso tampoco ocurrió en los últimos años y fue lo que nos llevó a esta situación.
En general, a los Ejecutivos les conviene no contar con un presupuesto sancionado por el Legislativo, ya que todo lo que se recauda por encima de la base puede decidirse y asignarse de forma discrecional. Por eso pienso que el esfuerzo debe orientarse no solo a las universidades, sino al país. Tener un presupuesto razonable aprobado por el Congreso brinda pautas, permite planificar y, sobre todo, garantiza un mejor control en el uso de los recursos públicos.
Siempre cuestioné cuando se decía que no había plata y, no se podía resolver el problema de las universidades. Pero, ¿Cómo era posible entonces que los servicios de inteligencia incrementaran su presupuesto en más de un 1000%, mientras disminuían los recursos para discapacidad, universidades y salud pública? Eso demuestra cómo funciona la discrecionalidad: cuando no hay controles ni pautas claras, las autoridades pueden actuar a su antojo.
Le agradezco por la defensa constante de las universidades públicas durante todo este tiempo. Me quedo con su palabra: hay que tener voluntad. Dudo que ese sea el deseo del Ejecutivo, pero ojalá lo sea. En cualquier caso, el triunfo de haber fijado un piso para el futuro presupuesto ya asegura, al menos, un marco para la educación.
Así es. Ojalá sea así. También es responsabilidad ciudadana trabajar para que eso suceda. Las sociedades suelen ser más inteligentes que sus dirigencias, y en este caso —como ha pasado con las universidades y en otros ámbitos— es la sociedad la que vuelve a poner las cosas en su justo lugar cuando quienes tenemos responsabilidad nos desviamos. Por eso, creo que también existe una responsabilidad ciudadana para exigirlo.
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