La condena a Cristina Kirchner, la posibilidad de un indulto presidencial y los cuestionamientos a la actuación de la Justicia reavivaron el debate sobre los alcances institucionales de cada poder del Estado. Germán Garavano, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), le respondió al diputado Eduardo Valdés y afirmó que el Congreso hoy no tiene ninguna facultad en relación a un fallo judicial que está firme, al rechazar la posibilidad de revertir por vía legislativa una sentencia ya confirmada.
El abogado Germán Garavano fue juez penal en la Ciudad de Buenos Aires, consejero del Consejo de la Magistratura porteño y fiscal general de la Ciudad entre 2007 y 2014 y participó en organismos internacionales vinculados a la modernización de los sistemas judiciales de América Latina. Su cargo más conocido fue el de ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Mauricio Macri, función que desempeñó entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. A lo largo de su gestión impulsó el programa de reforma judicial denominado "Justicia 2020" y participó en el proceso de recepción de documentos desclasificados de Estados Unidos sobre la última dictadura militar argentina.
Ayer Miguel Pichetto sorprendió a todos planteando que el Congreso tenía que dictar una ley que revirtiera el fallo de la Corte sobre la condena a Cristina Kirchner. Lo comparó con cuando el Congreso hizo una ley estableciendo que el 2x1 no era posible para los delitos de lesa humanidad y modificó de esa manera un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Desde un punto de vista jurídico, ¿tiene algún sentido estricto lo que plantea Pichetto, independientemente de la opinión política o jurídica que cada uno pueda tener?
Lamentablemente no comparto la mirada de Miguel Ángel. Creo que jurídicamente el Congreso no tiene nada que hacer frente a un caso que ya fue resuelto por la Justicia y que está firme. Es decir, sí tiene el Presidente la facultad del indulto y el Congreso podría dictar una ley de amnistía. Habría que ver en qué términos y con qué alcance, porque Argentina, en materia de lucha contra la corrupción, ha adherido a convenciones internacionales que también la comprometen en la materia. Hay interpretaciones que dicen que es muy restringido lo que se puede hacer en este tema por los compromisos que Argentina ha asumido. Entonces, no comparto ni creo que el Congreso hoy tenga ninguna facultad en relación con un fallo judicial firme, más allá de una amnistía o un indulto que pueda dictar un presidente o una presidenta.
Ayer, en una entrevista con Eduardo Valdés, él apuntó contra la transparencia de la causa Vialidad. Te señaló a vos con nombre y apellido, planteando que cuando se reabrió la causa, la mujer de Ercolini era vocera tuya cuando eras ministro de Justicia. ¿Podemos pasar ese fragmento y pedirte tu opinión?
En la causa Vialidad, por la cual está condenada, todos los jueces deberían haberse excusado por parcialidad. Porque el propio doctor Julián Ercolini, juez de primera instancia, había dicho en 2008, cuando se presentó la causa, que no procedía y que no era delito. Luego la reabre en 2016. Coincide con el momento en que su propia esposa, de apellido Kenny, era la vocera del ministro de Justicia, Garavano. Si yo tengo a mi mujer trabajando con el ministro de Justicia y es el propio presidente Macri el que impulsa la reapertura de la causa vía Javier Iguacel, al menos me tengo que excusar.
Nosotros le marcábamos en su momento a Valdés que había un hecho nuevo respecto del momento anterior en que se había enviado la causa a Santa Cruz, que tiene que ver con la pericia que había hecho Iguacel.
Me parece de muy mal gusto y de muy malas artes cuestionar el trabajo profesional de una mujer y relacionar eso con la actuación, en este caso, de un juez. Me hace acordar a lo que ha sucedido en estos días con tratar de no nombrar a una jueza por un parentesco. No me parece que sean cosas que correspondan.
En segundo lugar, nosotros, desde el Ministerio de Justicia, nunca nos involucramos en ninguna causa judicial en la que no tuviéramos pedidos de colaboración o alguna intervención específica por un tema de esta naturaleza. Así que me parece que no corresponde.
Por otro lado, tenemos el problema que vos bien señalaste que tiene que ver con el proceso y con la actuación de jueces y de la Corte Suprema en un expediente donde, en todas estas defensas, nadie explicó por qué era inocente o por qué esos delitos no se cometieron. Me parece que eso es lo clave y es algo que ha hecho el kirchnerismo: no explicar las cosas.
Cuando a mí me han hecho varias denuncias, de hecho Valdés me denunció por temas de mesa judicial y otras cuestiones bastante disparatadas, nos hemos presentado siempre ante cada una de esas acusaciones porque era falso lo que se afirmaba, demostrando la inocencia y que eran denuncias falsas.
Pichetto exigió que el Congreso declare "nulo y viciado" el fallo contra Cristina Kirchner
Lamentablemente, el kirchnerismo, en la mayoría de estos casos, nunca ha podido ni ha intentado siquiera defenderse en relación con los hechos por los cuales fue juzgado, acusado y condenado. Usa herramientas de persecución política como mecanismo de defensa para tratar de no explicar cuestiones que debería explicar. Me parece que, en definitiva, lo que se debería haber explicado es qué pasó con la obra pública durante ese gobierno.
El mismo día que se cumplió un año de la detención de Cristina Kirchner entrevistamos a distintos constitucionalistas y encontramos un punto de divergencia respecto de si el Presidente puede indultar cuando existe un artículo específico de la Constitución Nacional que asimila la corrupción con un atentado a la democracia y, por lo tanto, la considera un hecho de extrema gravedad. La discusión era si un Presidente puede indultar una parte de la condena y no otra; por ejemplo, la prisión, pero no la inhabilitación perpetua. Dos constitucionalistas tenían posiciones distintas. Uno sostenía que no se podía indultar parcialmente y que, además, los delitos de corrupción no eran indultables por el artículo incorporado en la reforma constitucional de 1994. El otro entendía que sí era posible. Paralelamente, uno de ellos planteaba que lo que sí consideraba inconstitucional era la inhabilitación perpetua. Argumentaba que la Constitución habla de una inhabilitación por el tiempo que determine la ley y no de manera perpetua, por lo que existiría una colisión con la reglamentación de uno de los códigos que permite que esa inhabilitación sea permanente.
Sí, son dos controversias muy interesantes. En mi opinión, creo que es factible el indulto, pero es una opinión personal y creo que es un tema que, cualquiera sea la decisión, se va a judicializar.
En definitiva, en algún momento necesitaremos un pronunciamiento de la Corte. Es un tema abierto a controversia. El presidente o la presidenta que decida tomar una medida de estas características verá que su indulto va a estar sometido a un control jurisdiccional y constitucional, y habrá que ver cuál es la opinión de la Corte en ese momento.
Por otro lado, el tema de la inhabilitación perpetua también presenta algunos problemas de defensa, porque es algo que se podría haber planteado ante la Corte con mucha más precisión técnica. Incluso es un tema que efectivamente creo que se puede discutir. Entiendo que las defensas no lo plantearon correctamente. De hecho, el fallo de la Corte, que sí leí, fue bastante crítico respecto de algunos planteos formulados por las defensas.
Lamentablemente veo una cuestión constante: muchas de estas defensas se han manejado en términos políticos, de influencia sobre la Justicia, y no técnicamente, respecto de cómo se deben plantear o discutir algunas cuestiones que claramente son controvertidas y donde se debería explorar la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ayer y antes de ayer el tema obligado fue la declaración jurada del jefe de Gabinete. Entrevistamos recién a quien estuvo al frente de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando vos eras ministro de Justicia, que era muy crítico respecto de la justificación de Adorni y conectaba la corrupción del kirchnerismo con la corrupción del mileísmo. ¿Querés hacer alguna reflexión al respecto?
No, la verdad es que no conozco el detalle. No pude escuchar qué habrá dicho Mariano Federici al respecto. Lo que sí me preocupa y llama la atención es que, en definitiva, esta rectificación de declaraciones juradas implica prácticamente la admisión de un ilícito vinculado con la omisión de información relevante en una declaración jurada de estas características.
Eso es lo único que yo puedo decir hoy, sin conocer la actuación concreta, pero parece que la admisión de algo que se llamó un error parece bastante más grave que un error. Lo tendrá que determinar la Justicia.
Si esto es un delito, es algo jurídicamente muy relevante.
Preguntaba si un hecho así hubiera sido posible durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando vos eras ministro de Justicia, o si a una persona en esa situación se le hubiera pedido la renuncia inmediatamente.
No soy experto en política. Vos sabés que siempre me he focalizado más en los temas jurídicos y técnicos.
Pero pareciera que se están exponiendo políticamente demasiado al Gobierno con temas que, jurídicamente, son muy cuestionables y que, por lo menos, la Justicia va a tener que investigar a fondo.
Con lo cual tenemos una figura pública muy destacada que, con esta declaración que él mismo hace pública, queda sometida a una investigación judicial seria y relevante. Ya no solo por lo que se gastó, sino por lo que ahora explica respecto de dónde obtuvo los fondos para justificar esos gastos.
Entonces es una situación cada vez más confusa y más compleja desde el punto de vista judicial, que va a tener que delimitar la Justicia.
MV
