Juicio por YPF: Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, los "amicus curiae" de Argentina piden que no sea condenada
Es en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera, con fallo condenatorio de primera instancia que ordenó pagar más de USD 16.000 millones.
Son horas decisivas para Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Por estos días se está analizando en la Corte de Apelaciones de Manhattan, el fallo de primera instancia que condenó al país a pagar la abultada suma que supera los USD 16.000 millones. Cabe recordar, que la sentencia adversa dictada por la Jueza Loretta Preska fue en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera de bandera YPF realizada en 2012, durante el Gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, cuatro países de la región, entre ellos Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador se presentaron como “amicus curiae” (amigo del tribunal) del país, ante la Justicia en Estados Unidos, a cargo de definir la apelación del Estado argentino. En concreto solicitaron que Argentina no sea condenada a pagar, en el rol de terceros independientes que se presentan para dar apoyo fundamentado a Argentina como parte del litigio.
Según detalla Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, que sigue de cerca las causas en las que interviene el país en tribunales internacionales. “Hasta el viernes 1 de marzo por la mañana, las siguientes partes se presentaron en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, de Nueva York, para apoyar a la República Argentina en su apelación del fallo por la expropiación de YPF: Brasil; Chile; Uruguay; Ecuador; el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires (CPACF); ex jueces supremos de la Rep. Argentina (Eugenio Zaffaroni, Antonio Boggiano)”.
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También “la Organización Federal De Estados Productores De Hidrocarburos, integrada por 10 provincias argentinas; un grupo de 16 abogados argentinos”. En ese sentido, las provincias productoras de hidrocarburos que se presentaron ante la Corte de apelaciones, son Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, Jujuy, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego. Todas dando su apoyo al país y pidiendo que no sea confirmada la condena.
Los fundamentos
Los países de la región fundamentan su presentación alegando que la condena de la Jueza de primera instancia contra la Argentina se constituye como una “interferencia en un Estado soberano”. En concreto, en uno de los escritos presentados por los “amicus curiae” precisaron: “Las naciones soberanas tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras del país. A su vez, ahondan los argumentos afirmando que la condena de Preska “amenaza con perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos, y sus residentes corporativos y Estados Unidos”.
Por consiguiente, se desprende de las presentaciones realizadas el argumento básico que impulsó a dar apoyo a Argentina como “amigo del tribunal”. Señalan que si la sentencia adversa que condenó al pago de más de USD 16.000 millones, se mantiene firme, esto traerá consecuencias negativas para las relaciones comerciales bilaterales entre Estados Unidos y otros países de la región.
Respecto de los buenos augurios o resultados favorables sobre estas presentaciones, Maril señaló a Infobae, que “siempre son importantes estas presentaciones, suman, pero en definitiva los jueces de apelación toman en cuenta, principalmente, las pruebas y los argumentos del tribunal de primera instancia. Preska es una jueza muy respetada en EE. UU.”.
Cabe mencionar que la causa por la expropiación de YPF, lleva ya más de largos 8 años de proceso, y en medio otros también alegaron interés para ser constituidos “amicus curiae”, pero solicitando serlo respecto de la compañía YPF, no de Argentina. Tal el caso de numerosas empresas, que en agosto de 2022, se presentaron como “amigas del tribunal”, todas representadas por la entidad que las nuclea: la Cámara de Sociedades de la República Argentina.
De modo que las principales 100 empresas del país dieron su apoyo a la petrolera de bandera, entre ellas Banco Macro, Cablevisión, Cresud, Edenor, Galicia, Supervielle, IRSA, Pampa Energía, Telecom Argentina, Ternium Argentina y TGS.
En un artículo publicado por el medio británico Financial Times, hace referencia a que “los vecinos de Argentina salen en su defensa”. El fallo de la jueza de Nueva York, según señaló en su publicación el diario inglés, “se ha convertido en un problema para la nueva administración del presidente Javier Milei”. Hace referencia a los fundamentos dados por Argentina para apelar la condena: “Ha argumentado que la suma, que equivale al 45 por ciento del presupuesto anual de la nación para 2024, no puede ser pagada por el país con problemas de liquidez y que un tribunal federal de Estados Unidos no debería tener jurisdicción sobre las reclamaciones”.
A su vez, el FT destaca que tras la apelación de Argentina “se han sumado a su desafío otros países sudamericanos como Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, todos los cuales firmaron escritos que afirman que permitir que la sentencia se mantenga equivaldría a una interferencia estadounidense en los asuntos legales de otros estados soberanos”.
“Brasil y Uruguay están profundamente preocupados porque el tribunal de distrito aplicó mal doctrinas cruciales diseñadas para garantizar el respeto de las prerrogativas de los soberanos extranjeros y sus tribunales, proteger a los litigantes extranjeros de las cargas de litigar en los Estados Unidos y salvaguardar contra la aplicación incorrecta de derechos extranjeros”, señala el medio inglés, citando parte de los argumentos que constan en uno de los escritos presentados ante la Corte de Apelaciones.
Asimismo, alegaron que “los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la ley vigente, dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción en primer lugar”.
Por otra parte, el FT remarca que mediante un escrito separado, los abogados de Chile y Ecuador advirtieron que “la amenaza de sentencias cada vez mayores y más amplias por parte de tribunales estadounidenses, basadas sólo en las conexiones más tenues con Estados Unidos” podría ‘enfriar la participación’ de las corporaciones sudamericanas en los mercados de capital estadounidenses, interfiriendo “en la realización de comercio con empresas domiciliadas en Estados Unidos”.
