Una reñida disputa sobre la política migratoria comenzó este martes en la Corte Suprema de Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden pretende dar prioridad a la deportación de migrantes que se encuentran ilegalmente en el país y representen un peligro a la seguridad pública.
El debate, áspero en algunos pasajes, duró más de dos horas. Los jueces deberán determinar si permiten que la medida entre en vigor o se inclinan por los Estados gobernados por los republicanos, que hasta ahora han logrado bloquearla.
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El caso gira en torno a una directriz que el Departamento de Seguridad Nacional emitió en septiembre de 2021 que puso en pausa las deportaciones, salvo en los casos de personas que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o amenazas a la seguridad pública.
La orden, aprobada después de que Biden asumió la presidencia, actualizó una medida del gobierno de Donald Trump que expulsaba a cualquier persona que se encontrara en el país ilegalmente sin importar sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.
La procuradora general del gobierno, Elizabeth Prelogar, les dijo a los jueces que la ley federal no crea un mandato inflexible para aprehender y expulsar a cada uno de los más de 11 millones de inmigrantes que se encuentran en el país en forma ilegal.
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El procurador general del Estado de Texas, Judd Stone, dominado por republicanos, adujo que el gobierno de Biden viola la ley federal que requiere la detención y la deportación de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y que han sido declaradas culpables de cualquier delito grave. El veredicto se conocerá en junio.
BL JL
