La Corte Suprema de Brasil autorizó la liberación de 137 acusados de participar en el asalto en enero contra las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Les puso como condición el uso de tobilleras electrónicas y mantenerse alejados de las redes sociales; salir de sus casas de noche o durante los fines de semana, y portar armas de fuego. También les cancelaron los pasaportes.
La mayoría, sin antecedentes penales, fue imputada por incitación al delito y asociación delictiva. En total, 803 personas continúan arrestadas y 603 fueron liberadas con medidas cautelares.
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Miles de personas disconformes con la derrota del expresidente Jair Bolsonaro vandalizaron el 8 de enero las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva.
Irrumpieron por la fuerza en los edificios y arrasaron con el mobiliario, incluidas valiosas piezas de arte.
Solo en el Palacio del Planalto, la sede de la Presidencia proyectada por el arquitecto Oscar Niemeyer, los daños en la fachada, los pisos, los muebles y las obras de arte superan los nueve millones de reales (unos US$1,75 millones).
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La justicia incluyó a Bolsonaro en la investigación para determinar quién instigó la asonada.
Bolsonaro permanece en Estados Unidos, donde en enero de 2021 una turba de simpatizantes de Donald Trump, también renuente a aceptar su derrota, invadió el Congreso para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.
JL