Hace siete días, en estas páginas se cronicaban las repercusiones de la fiesta para la democracia de Brasil y la región, que significó el multitudinario acto cívico por el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al Palacio del Planalto. Las amenazas de un atentado terrorista o acciones de sabotaje para impedir la tercera toma de posesión del ex tornero mecánico, proferidas desde hacía semanas por los partidarios de Jair Bolsonaro, parecían disiparse una vez consumado el traspaso de mando, del que el expresidente ultraderechista eligió ausentarse viajando dos días antes a Estados Unidos.
Quizá por eso causó sorpresa ver en la tarde del domingo pasado cómo una turba ataviada de amarillo y verde, era escoltada por la policía federal de Brasilia hacia la Explanada de los Ministerios y ante la flagrante pasividad de los uniformados, irrumpía en las sedes del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y del Poder Ejecutivo. El vandálico ataque, definido luego como acción terrorista, materializaba una amenaza que el bolsonarismo agitaba desde antes de la segunda vuelta entre su líder y Lula, el pasado 30 de octubre.
La fecha escogida, dos años y dos días después de que los seguidores de Donald Trump tomaran por asalto el Capitolio estadounidense, para tratar de impedir la asunción de Joe Biden el 20 de enero de 2021, y muchas de las posturas asumidas por los manifestantes más exaltados, dispararon las asociaciones inmediatas entre ambos atentados contra la democracia.
Las alegaciones de fraude, esgrimidas por Bolsonaro y sus seguidores desde antes del balotaje, su silencio posterior frente a un resultado adverso que nunca reconoció y los mensajes ambiguos alentando las marchas, acampes y protestas que pedían desde anular la votación hasta impedir que Lula subiera por la rampa del Planalto a recibir la banda presidencial, prepararon el clima para los caóticos sucesos de hace una semana.
Sin embargo, más allá de los paralelismos entre el magnate del jopo dorado y su émulo del gigante sudamericano, que incluyen compartir el maquiavélico asesoramiento y los consejos de personajes como Steve Bannon, hay circunstancias y particularismos puntuales que diferencian a ambas derivas autoritarias y golpistas.
Por citar uno de esos matices, habría que detenerse en el papel de las fuerzas de seguridad y del propio gobernador de Brasilia, puestos desde la noche del domingo en la mira como cómplices o partícipes necesarios de los ataques bolsonaristas.
Al escribirse estas líneas, y valga la aclaración frente a una realidad tan dinámica, todo Brasil estaba pendiente de lo que pudiera decir o callar Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro hasta el último día de 2022 y desde este año era secretario de Seguridad de Brasilia. Torres, relevado ya de su cargo, quedó detenido ayer al regresar de Orlando, el mismo destino elegido por Bolsonaro, en el que ambos estaban cuando la turba ultraderechista saqueaba los edificios de los tres poderes del Estado.
¿Durmiendo con el enemigo? Tanto las máximas autoridades judiciales de Brasil como el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, suspendido por 90 días mientras se investiga su responsabilidad en los hechos ocurridos, apuntaron primero a Torres por no tomar los recaudos y no impedir que la capital del país y sus más emblemáticos edificios fueran territorio liberado para el accionar de los violentos. Ahora Torres, bolsonarista de la primera hora, puede aportar con sus declaraciones datos en torno a una trama de la que quizá solo se ha visto la fase más bizarra.
El propio Rocha, bolsonarista ‘casi arrepentido’, primero pidió disculpas por no haber podido prever ni detener a los vándalos y golpistas. Luego apuntó hacia Torres y ayer endilgó al propio ejército el haber impedido que el 29 de diciembre se desmontaran los campamentos bolsonaristas, montados al frente o incluso dentro de instalaciones militares. Y aquí comienza una larga lista de interrogantes que aún no tienen respuesta, mientras se identifica y, en algunos casos, se procesa a los más de 1.200 detenidos en los incidentes.
¿Cuántos y quiénes deberían ser investigados por la autoría intelectual de los ataques del domingo? ¿Quiénes financiaron la movilización bolsonarista en decenas de colectivos? ¿Hasta qué punto las redes sociales y los engaños a través de fake news sirvieron para aglutinar a tantas personas y persuadirlas de avanzar hacia la capital? ¿Cómo hará el nuevo gobierno para restañar heridas y “reconstruir juntos” Brasil, como prometió Lula, y al mismo tiempo, impedir que hechos como los del domingo queden impunes y envalentonen a quienes los pergeñaron?
La decisión de perpetrar el ataque, cuando Lula realizaba una visita a inundados en el estado de San Pablo y Brasilia estaba inmersa en su rutina aletargada de domingo, no fue producto del azar. Tampoco el contar con un cerco acotado de custodia oficial, si es que no hubo complicidades de los guardias asignados, como incluso el propio presidente deslizó al decir que: “Hay que hacer una depuración”.
El papel del Ejército. La presencia de hombres de las fuerzas armadas, en retiro y en actividad, entre los vándalos y la cobertura y protección que el ejército dio en la noche del domingo a manifestantes buscados por la policía, no son detalles para soslayar en un estamento como el castrense. Los militares ganaron muchos espacios en el gobierno de Bolsonaro, quien gozó de la adhesión de parte de la oficialidad joven y la tropa rasa en sus cuatro años de mandato.
En muchos análisis sobre lo ocurrido se expresó que la intentona golpista fracasó porque no contó con el apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas. Otros prefieren esperar a que avancen las investigaciones para saber cuánto hizo y dejó de hacer ese alto mando para impedir la ruptura institucional. Está hoy bajo investigación hasta el jefe del Batallón de Guardia Presidencial.
Tampoco está del todo claro si el objetivo de la revuelta era efectivamente el golpe o solo generar una zozobra que condicione las primeras medidas del flamante gobierno de coalición que encabeza el Partido de los Trabajadores. Lo que en la jerga se dice “marcar la cancha” para acotar sus planes de reformas y revisiones de fondo.
Biblias y bueyes. Más de medio centenar de empresarios o figuras ligadas a los agronegocios aparecen bajo sospecha como presuntos financiadores de la movilización violenta. Ven en la promesa de Lula y su ministra de Ambiente, Marina Silva, de priorizar el cuidado de la Amazonia una amenaza a sus intereses de extender la frontera agrícola e industrial en perjuicio de la selva.
Por cierto, no pasó inadvertido el faltazo a la cita del presidente con los 27 gobernadores estatales en defensa de la democracia de tres mandatarios ultrabolsonaristas reelegidos en octubre. Se trata de quienes rigen los destinos de Acre, Mato Grosso y Rondonia, cuyos territorios marcan la frontera de la deforestación. Rondonia fue el único estado donde Lula no pudo vencer en ningún municipio.
Y así como se destacó la condena a los hechos y la presencia en el acto del lunes pasado junto a Lula del gobernador bolsonarista de San Pablo, también fue sugestivo el ofrecimiento del mandatario de Santa Catarina de asesorar con abogados de su Estado a quienes permanecen detenidos.
Apenas pinceladas de las dificultades que Lula y su variopinta coalición que integran nueve partidos, más líderes independientes y movimientos sociales, tendrá para sumar aliados en el nuevo Congreso que asumirá a comienzos de febrero con mayoritario perfil conservador y de derecha.
Para completar la trilogía de ‘Bala, Buey y Biblia’ (en alusión a los sectores castrenses, del agro y evangélicos) que pavimentaron la llegada de Bolsonaro al poder en 2018, los hechos vandálicos de Brasilia fueron condenados por muchos líderes de iglesias neopentecostales. Algunos más radicales, como el pastor Silas Malafaia, relativizaron los hechos y defendieron a “manifestantes pacíficos”, y un pastor de la Iglesia Universal admitió haber contribuido con dinero para los traslados en colectivos.
Otras preguntas que sobrevuelan el país más grande, poblado e influyente de la región son cuántos de los 58 millones de brasileños que apoyaron a Bolsonaro en el último balotaje avalan lo que pasó el 8 de enero. Y, por último, si Lula y su gobierno saldrán fortalecidos o erosionados de esta crisis.
Un sondeo de la firma Datafolha indicó que el 93 por ciento de los consultados, sin distinguir a quién votaron en octubre, rechazaba lo acontecido. Las reacciones internacionales al actual presidente, que la semana próxima llegará a Argentina para la Cumbre de la Celac, son otro buen aliciente para Lula.
Si las investigaciones lo incriminan aún más y prospera el pedido de legisladores estadounidenses de que le retiren su visa, el futuro de Bolsonaro puede oscurecerse, lo que no necesariamente implique el final del bolsonarismo, que hace rato excede como fenómeno a su mentor.
