Prepagas: el Gobierno inició una investigación por las fuertes subas y evalúa medidas adicionales
Tras la desregulación del DNU 70/23 aplicaron subas superiores al 165% en 4 meses. Se investiga un posible acuerdo entre los principales jugadores del mercado. Pidieron reunirse con Caputo.
Se profundiza el conflicto y crecen las tensiones entre las empresas de medicina prepaga y el Gobierno que ahora las tiene bajo la mira por los fuertes aumentos aplicados tras la desregulación del sector por la entrada en vigencia del DNU 70/23. Esta seguidilla de subas en cadena provocó una ola de reclamos judiciales por parte de los afiliados para pedir que las medidas cautelares frenaran los aumentos altamente distorsivos.
En ese contexto, y por los consecutivos incrementos en las cuotas de los planes de salud privada que ya superan el 165% en solo cuatro meses, el Ministerio de Economía impulsó la investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia que tiene en la mira a las principales empresas bajo sospecha de haber incurrido en una “cartelización” del mercado. Desde el Gobierno informaron que están evaluando tomar medidas en paralelo que pongan freno a las subas desmedidas.
En concreto, Economía decidió intervenir ante las firmes sospechas de un posible acuerdo entre las prepagas más fuertes del sector, para subir los precios al unísono y en los mismos porcentuales. Esta presunta coordinación para el anuncio, notificación y aplicación de incrementos en los planes de salud, puso bajo la mira del ministro Luis Caputo a los cinco empresarios que dominan el rubro.
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La investigación parte de la sospecha que indicaría que OSDE, Galeno, Swiss Medical, Omint y Medicus, decidieron aplicar aumentos en forma coordinada y con porcentajes similares que impactó en las facturas entre los meses de enero y abril, una suba que en promedio rondó el 165% en solo cuatro meses. Estos incrementos se ubicaron superando ampliamente los datos oficiales de inflación publicados por el INDEC, que para el mismo período arrojó una suba del 74,77%.
Ante los anuncios del Gobierno respecto de la investigación en curso, los referentes del ARI señalan la medida como una reacción tardía del Gobierno. Precisamente, los diputados que responden al bloque liderado por la dirigente Elisa Carrió, presentaron el 15 de enero último una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra las empresas de medicina prepaga nucleadas por la Unión Argentina de Salud (UAS), dirigida por el empresario Claudio Belocopitt. Esta denuncia apuntó contra las compañías de salud por presuntamente haber incurrido en la cartelización de la suba de precios.
En concreto, la investigación dispuesta por el Gobierno, apunta a determinar si existió una maniobra coordinada por las compañías prepagas para aplicar aumentos desmedidos, muy por arriba de la inflación. Una suba sistemática, consecutiva y al unísono aplicada tanto a afiliados como a proveedores. La denuncia impulsó la investigación del organismo para determinar si hubo una “cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada".
En ese sentido, Hernán Reyes, legislador del ARI, desde sus redes sociales remarcó: “Denunciamos en enero a las prepagas por constituir un cartel y abusar de esa posición. Tarde, el Gobierno está tomando nota de lo que le pasa a la sociedad. Las prepagas se aprovecharon y aumentaron coordinadamente sus precios muy por encima de la inflación”, y agregó: “Tenemos la oportunidad histórica de redimir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y dar un mensaje claro a todo el corporativismo argentino: no hay lugar para los abusos y los carteles. Se necesita revisar lo hecho y regular de forma adecuada”.
Si bien las empresas de medicina privadas fueron citadas en febrero en el marco de la denuncia presentada, recién tres meses más tarde de la presentación fue cuando se oficializó el inicio de la investigación, detrás de las declaraciones del ministro Caputo que desaprobó con dureza los aumentos. “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Desde el gobierno, vamos a hacer todo a nuestro alcance para defenderla”.
En la misma línea el vocero presidencial, Manuel Adorni dijo conferencia de prensa este martes: “Desregulamos, damos libertades, no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos, es lo que Caputo entendió que está ocurriendo, en sus declaraciones habla de un tema de cartelización que está fuera de toda razonabilidad”.
El Gobierno está definido en frenar esta ola de aumentos y para ello ya evalúa medidas que impactaría de lleno en las compañías. Economía podría aplicar las multas que prevé la normativa vigente para el caso de incurrir en maniobras y “prácticas anticompetitivas”, también medidas de carácter impositivo. Ello al margen de seguir impulsando el avance de la investigación de Defensa de la Competencia, el organismo dependiente de Comercio y bajo la órbita de Caputo.
Por su parte la Superintendencia de Servicios de Saludanunció su compromiso en el aporte de datos para sumar a la investigación. Incluso podría evaluarse avanzar en el ámbito judicial.
“Adultos mayores y enfermos crónicos castigados por un sistema mal reglado y empresas que imponen precios sin competencia. Prepagas y medicamentos. El lugar para imponer todo el peso de la ley es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Hicimos la presentación en enero y ahí queremos que se fije una sanción ejemplar. No tiene que haber lugar para el abuso”, publicó Reyes desde sus redes sociales reclamando se castigue a las empresas de medicina prepaga.
Por su parte, las empresas de medicina privada, tras las declaraciones del ministro Caputo, solicitaron una urgente reunión con el Gobierno: “Queremos llevarle todos los elementos que explican la situación del sector“, expresaron en un comunicado. Debe comprenderse que las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso, el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina“.
Señalaron en un comunicado que “las empresas pretenden no polemizar a través de los medios, sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al Gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado".
