Después de que productores agroecológicos, organizaciones socioambientales y pueblos indígenas presentaran un recurso de amparo contra el “daño grave e irreversible” que podría causar el primer trigo transgénico del mundo, el juez marplatense Néstor Salas ordenó la “prohibición temporal” del uso y liberación de esa variedad que el consorcio Bioceres desarrolla -por el momento- bajo un sistema de cultivos con producción y supervisión propios.
La medida, que alcanza a todo el territorio bonaerense, se aplicará hasta que se ponga en marcha la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria, encargada de evaluar los impactos de transgénicos sobre la salud y los recursos naturales en esa provincia. Las ONGs recordaron que tendría que haberse conformado por ley hace más de 20 años. Frente a esta demora, Salas citó un fallo de la Corte Suprema que advierte que “tanto se vulnera la Constitución Nacional cuando se hace lo que ella prohíbe como cuando no se hace lo que ella manda”.
Temores por contaminación
Bioceres ya consiguió las autorizaciones para exportar el trigo HB4, con mayor tolerancia a las sequías y resistente al herbicida glufosinato de amonio, a Brasil, Colombia, Nueva Zelanda y Australia. Como el resto del mundo todavía lo prohíbe para consumo humano, los grandes exportadores aseguran que la decisión pone en riesgo al grano argentino. A fines de 2020, más de mil investigadores habían advertido sobre la posibilidad de que -mediante procesos de “fecundación cruzada”- termine reemplazando a las variedades no transgénicas.
Esa es precisamente la amenaza que plantea el juez, que recuerda que la Comisión Nacional de Biotecnología reconoció las chances de un potencial intercambio de genes entre especies. En diálogo con Modo Fontevecchia, Raquel Chan -la científica que lideró el desarrollo- describió a ese escenario como poco factible, aunque no imposible. Bioceres no respondió a las consultas de este medio sobre su postura ni sobre los pasos que tomará ante la decisión judicial.
CB PAR
