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Crisis industrial en Chaco: impulsan una ley para reducir tarifas, frenar embargos y sostener el empleo

La iniciativa presentada en la Legislatura del Chaco plantea declarar por un año la emergencia industrial, productiva, tarifaria y laboral. Incluye descuentos del 50% en energía y agua, moratorias especiales, créditos subsidiados y medidas para proteger el empleo.

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Un grupo de diputados provinciales del justicialismo presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia industrial, productiva, tarifaria y laboral en Chaco, con el objetivo de asistir a las pequeñas y medianas empresas que atraviesan dificultades por la caída de la actividad económica, el aumento de costos y la pérdida de competitividad.

La iniciativa, impulsada por el legislador Luciano Moser y acompañada por otros integrantes de la bancada opositora, propone una batería de medidas destinadas a sostener la actividad de las industrias chaqueñas, preservar puestos de trabajo y aliviar la carga financiera y tributaria del sector.

Según el texto, la emergencia tendría una vigencia inicial de 365 días, con posibilidad de ser prorrogada por única vez por el Poder Ejecutivo provincial.

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Qué argumentos plantea el proyecto

En los fundamentos, los legisladores sostienen que las industrias chaqueñas enfrentan un escenario crítico producto del incremento de tarifas, la retracción del consumo, el acceso limitado al financiamiento y el avance de políticas nacionales que, a su entender, favorecen la competencia de productos importados.

La iniciativa también recoge planteos formulados por representantes de la Unión Industrial del Chaco, quienes advirtieron sobre embargos de cuentas bancarias, dificultades para afrontar obligaciones fiscales y el riesgo de cierre de empresas.

Los autores del proyecto aseguran que la situación podría derivar en una pérdida significativa de empleo formal si no se adoptan medidas extraordinarias de asistencia.

Subsidios para energía y agua

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece una reducción del 50% en las tarifas de energía eléctrica y agua potable para las micro, pequeñas y medianas empresas industriales alcanzadas por la ley.

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El beneficio se instrumentaría mediante subsidios provinciales destinados a las empresas prestadoras de servicios públicos.

La medida apunta a reducir uno de los costos que las cámaras empresarias vienen señalando como uno de los principales factores que afectan la competitividad del sector.

Moratoria, condonación de deudas y levantamiento de embargos

El proyecto también contempla una ampliación de los regímenes de regularización tributaria vigentes. Entre las medidas propuestas figura la posibilidad de acceder a planes de pago de hasta 84 cuotas sin anticipo, además de beneficios especiales para industrias que mantengan actividad y empleo.

La iniciativa prevé además la condonación total de determinadas deudas tributarias provinciales vencidas hasta junio de 2025 y el levantamiento automático de embargos sobre cuentas bancarias operativas para las empresas que adhieran al régimen.

A su vez, plantea que la Administración Tributaria Provincial suspenda el avance de nuevas ejecuciones fiscales durante el período de emergencia, salvo en casos vinculados a la prescripción de obligaciones.

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Créditos blandos y prioridad en compras del Estado

Otro capítulo del proyecto involucra al Nuevo Banco del Chaco, al que se autoriza a ampliar líneas de financiamiento para capital de trabajo, inversiones productivas e infraestructura.

La propuesta establece además que las tasas de interés para estos créditos cuenten con bonificaciones especiales respecto de las tasas de mercado.

En paralelo, impulsa que hasta un 30% de las compras centralizadas del Estado provincial puedan ser adjudicadas a PyMEs industriales chaqueñas, siempre que cumplan con las condiciones técnicas requeridas y mantengan precios competitivos.

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La condición para acceder a los beneficios

El proyecto incorpora una cláusula de protección laboral. Las empresas que pretendan acceder a los beneficios deberán mantener durante toda la vigencia de la emergencia una dotación de personal no inferior al promedio registrado en los cuatro meses previos a la sanción de la ley.

La exigencia busca garantizar que las medidas de asistencia estatal tengan como contrapartida la preservación del empleo formal en un contexto de dificultades económicas para el sector industrial.

La propuesta deberá ahora iniciar su recorrido parlamentario en las comisiones legislativas antes de llegar al recinto. El proyecto se presenta en medio de los reclamos de distintos sectores productivos del Chaco, que vienen advirtiendo sobre el impacto de los costos operativos, la caída de las ventas y las dificultades de financiamiento, en un contexto económico que afecta especialmente a las pequeñas y medianas industrias.