En la Legislatura del Chaco ingresó una iniciativa que apunta a endurecer el castigo contra el maltrato animal, con multas que podrían alcanzar cifras millonarias y penas de arresto de hasta cuatro meses. La propuesta busca actualizar el régimen vigente y dotar al Estado de herramientas más eficaces para prevenir y sancionar estos hechos.
El proyecto introduce modificaciones en el Código de Faltas provincial y establece un esquema de sanciones vinculado al salario mínimo, vital y móvil, lo que permitiría mantener actualizados los montos.
Para casos de maltrato animal, se prevén multas de entre 5 y 20 salarios mínimos, junto con arrestos de hasta 60 días. En situaciones de crueldad animal, consideradas de mayor gravedad, las sanciones ascienden a entre 20 y 50 salarios mínimos, con penas que pueden llegar a los 120 días de detención.
En los escenarios más extremos, los valores podrían superar los $17 millones, especialmente cuando el hecho derive en la muerte del animal. Además, se incorporan criterios específicos para graduar las sanciones, como el nivel de daño, el sufrimiento causado, la reincidencia y la conducta del infractor.
Inhabilitaciones, decomiso y rescate inmediato
La iniciativa también suma sanciones accesorias para evitar la repetición de conductas. Entre ellas, se contempla el decomiso del animal, de forma preventiva o definitiva, y la inhabilitación para la tenencia, que puede extenderse entre 1 y 5 años, o hasta 10 en casos de reincidencia.
Además, se prevé la implementación de medidas urgentes de protección, como el rescate inmediato, la asistencia veterinaria y la custodia provisoria del animal, incluso antes de que exista una resolución definitiva. También se incorpora la obligación de realizar capacitaciones en tenencia responsable para quienes resulten sancionados.
Registro de infractores y fondo para bienestar animal
Otro de los puntos centrales es la creación de un Registro Provincial de Infractores por Maltrato Animal, que permitirá identificar a quienes hayan sido sancionados y facilitar el control de reincidencias.
En paralelo, el proyecto impulsa un Fondo Provincial de Protección Animal, financiado con multas, aportes estatales y donaciones. Estos recursos estarán destinados a políticas de rescate, atención veterinaria, campañas de concientización y programas de control poblacional.
Cobro de multas y articulación con la ley penal
Para garantizar la efectividad de las sanciones, se establece que las multas tendrán carácter de título ejecutivo, lo que permitirá su cobro por vía judicial mediante embargos u otras medidas en caso de incumplimiento.
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Asimismo, se aclara que las sanciones administrativas serán independientes de las causas penales, por lo que podrán aplicarse incluso si el hecho también es investigado bajo la Ley Nacional 14.346.
Desde los fundamentos del proyecto, se advierte que existe una brecha entre la normativa actual y su aplicación real, por lo que la iniciativa apunta a fortalecer los mecanismos existentes con foco en la prevención, el control y la eficacia de las sanciones.
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