A días del impacto social por el fallecimiento de Fernanda Almada, la Legislatura del Chaco comenzó a debatir nuevas herramientas para enfrentar el bullying escolar. Dos proyectos de ley ingresaron con el objetivo de endurecer el control estatal, mejorar la prevención y establecer responsabilidades concretas ante situaciones de hostigamiento.
Las propuestas fueron impulsadas por las diputadas Maida With y Elda Insaurralde, quienes coincidieron en la necesidad de corregir fallas estructurales en la detección e intervención de casos, especialmente cuando se repiten en el tiempo o se trasladan al ámbito digital.
Corresponsabilidad parental: el rol de las familias en el bullying
Uno de los ejes centrales apunta a involucrar directamente a los adultos responsables. La iniciativa de With propone crear un Régimen de Corresponsabilidad Parental, que obligue a madres, padres o tutores a participar activamente cuando se detecten episodios reiterados de acoso.
Escándalo en Corrientes: dio 1,68 de alcoholemia, atacó a los inspectores y terminó a los golpes
El esquema contempla instancias obligatorias de seguimiento, orientación y compromiso con la conducta del menor. En caso de incumplimiento, se prevé una escala progresiva de medidas, que incluye advertencias formales, talleres, tareas comunitarias y sanciones económicas.
El proyecto aclara que estas acciones se aplicarían únicamente cuando exista reiteración del comportamiento, notificación previa y una omisión comprobada en el deber de cuidado, evitando así sanciones automáticas o indiscriminadas.
Protocolos obligatorios y sanciones a escuelas
Por su parte, la propuesta de Insaurralde establece un régimen integral contra el bullying y ciberbullying, con obligaciones concretas para todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas.
Entre los puntos principales, se exige la implementación de protocolos formales, registro de denuncias y designación de referentes institucionales. Además, fija plazos estrictos: las escuelas deberán intervenir en un máximo de 24 horas y reportar los casos al Ministerio de Educación dentro de las 72.
El proyecto también prevé la creación de un Registro Provincial de Casos de Bullying, que permitirá monitorear la evolución de las denuncias y fortalecer las políticas públicas.
En cuanto a sanciones, se contemplan multas para establecimientos privados y medidas administrativas para los públicos, que pueden ir desde apercibimientos hasta la intervención institucional.
Medidas urgentes para proteger a las víctimas
Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de actuar con rapidez ante cada denuncia. En ese sentido, se plantea la adopción inmediata de medidas como la separación entre víctima y agresor, asistencia psicológica y seguimiento sostenido.
Además, se prohíben prácticas consideradas revictimizantes, como el traslado de la víctima, y se incorpora la posibilidad de reclamar responsabilidades sin límite de tiempo cuando se trate de niñas, niños o adolescentes.
Un caso que aceleró el debate
El impulso legislativo se da en un contexto de fuerte presión social. El caso de Fernanda Almada expuso denuncias previas de hostigamiento que no habrían sido abordadas de manera efectiva, tanto dentro de la escuela como en redes sociales.
Las movilizaciones frente a la institución educativa y el reclamo de la familia pusieron en agenda la necesidad de respuestas concretas del Estado. Mientras tanto, el Ministerio de Educación dispuso medidas administrativas y la intervención de equipos técnicos.
Cachanosky: "El gobierno debería estar revisando esa afirmación de que estamos en un nivel récord de consumo"
Desbaratan banda de entraderas millonarias: tres detenidos tras múltiples allanamientos
Impulsan sanciones más duras por crueldad animal: hasta $17 millones y prisión
