Este miércoles comenzó en Resistencia el juicio oral contra Ramón Alberto “Tito” López y su entorno familiar, acusados de integrar una estructura dedicada al lavado de activos y asociación ilícita. El proceso, que se lleva adelante por Zoom y sin transmisión pública, abrió un nuevo foco de debate sobre la transparencia en causas de alto impacto institucional. La causa por fraude contra la administración pública se tramita en la justicia ordinaria.
A diferencia de otros juicios federales recientes, las audiencias no cuentan con difusión en tiempo real, lo que restringe el acceso únicamente a las partes intervinientes. El tribunal está conformado por los jueces Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias, con intervención del Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.
Primera audiencia: acusación formal y silencio de los imputados
En la jornada inicial se realizó la lectura de la acusación y se cumplieron los primeros pasos procesales. Luego de un cuarto intermedio, todos los imputados optaron por abstenerse de declarar, una estrategia habitual en este tipo de procesos.
Además de López, están imputados su esposa Librada Romero; sus hijos David, Walter y Daniel; y su nuera Débora Acosta. Según la acusación, el grupo familiar habría construido un patrimonio millonario mediante maniobras ilícitas a lo largo de más de una década.
La hipótesis fiscal: fondos públicos, fundaciones y tierras fiscales
De acuerdo con la fiscalía, la causa investiga un entramado que combinó el desvío de recursos estatales con operaciones inmobiliarias irregulares. El eje central está puesto en la relación entre fundaciones vinculadas a la familia López y organismos del Estado provincial, a través de la cual se habrían canalizado fondos que terminaron en beneficio personal.
El fiscal Federico Carniel explicó que el delito de lavado parte de un ilícito previo que genera dinero ilegal y sostuvo que, en este caso, “ese circuito está acreditado”. También remarcó que entre las maniobras analizadas se encuentra el uso de tierras fiscales.
Según la investigación, entre 2011 y 2023 el grupo accedió a unas 3.000 hectáreas mediante adjudicaciones cuestionadas. Esos terrenos, que debían destinarse a fines productivos, habrían sido utilizados para negocios inmobiliarios, incluso mediante leasing, en presunta violación de las restricciones legales.
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“Se trata de un circuito que vuelve al sistema económico como dinero aparentemente lícito”, indicó el fiscal, y anticipó que la acusación pedirá condenas para todos los imputados.
Un patrimonio bajo sospecha
La causa apunta a la adquisición de bienes considerados incompatibles con los ingresos declarados. Entre ellos se mencionan campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, ganado y divisas extranjeras.
Para la fiscalía, la estructura habría operado como una organización sostenida en el tiempo, con intervención de distintas herramientas legales y administrativas para dar apariencia de legalidad a los activos obtenidos.
El intento de frenar el proceso y el rechazo judicial
Antes del inicio del juicio, la defensa buscó suspender la acción penal al invocar la Ley de Blanqueo. Sin embargo, el planteo fue rechazado por la Justicia, que consideró que el delito de lavado de activos no puede ser regularizado bajo ese régimen, al tratarse de un ilícito contra el orden económico y financiero.
Esa resolución permitió avanzar hacia el debate oral y evitó que la causa quedara paralizada.
La postura de la defensa
El abogado defensor, Marcelino Leiva, calificó la primera audiencia como una instancia formal y sostuvo que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones, por lo que anticipó que solicitarán la absolución.
También confirmó que López deberá presentarse de manera presencial en las próximas audiencias, donde comenzará la etapa testimonial. Según detalló, la fiscalía prevé alrededor de 30 testigos, mientras que la defensa contará con seis.
El proceso continuará este jueves 9 de abril con la producción de pruebas y declaraciones testimoniales. El cronograma de audiencias se extenderá, en principio, hasta mayo.
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