Juicios por jurados en abusos: la fiscal Encinas reveló por qué estos casos se investigan distinto desde el minuto uno

A pocas horas de un nuevo veredicto de culpabilidad en un caso de abuso sexual agravado resuelto por un jurado popular en Chaco, la fiscal de Cámara N°1, Noelia Encinas, detalló en declaraciones a Perfil NEA cómo cambia la lógica de investigación cuando una causa debe ser sostenida ante ciudadanos comunes y no únicamente ante jueces técnicos.

Según explicó, los juicios por jurados en delitos sexuales obligan a la Fiscalía a redefinir desde el comienzo la forma en que se arma el expediente, se produce la prueba y se diseña la acusación. “Las causas que van a juicio por jurado no tienen el mismo trámite, no se investigan de la misma manera”, señaló.

Encinas remarcó que en estos expedientes la estrategia no se diseña al final del proceso, sino que comienza a elaborarse apenas se toma conocimiento del hecho. “La teoría del caso se empieza a trabajar desde el primer momento en que tomamos conocimiento de que ha ocurrido un delito de aquellos que van por ley a juicio por jurado”, sostuvo ante Perfil NEA. En esa línea, precisó que desde el año pasado los fiscales de Cámara intervienen antes de la etapa de juicio para colaborar con los fiscales de investigación en la producción de medidas de prueba y en la forma en que luego serán introducidas en el debate oral.

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Ese trabajo previo, explicó, permite que al llegar al juicio la acusación ya esté estructurada. “Cuando nos llega la causa, también es una causa que ya conocemos, ya la armamos desde el principio para ver cómo vamos a llevar adelante este juicio por jurado”, afirmó.

Cómo se prueba un abuso cuando no hay evidencia directa

Uno de los puntos que Encinas marcó como centrales es la dificultad probatoria que atraviesan los delitos contra la integridad sexual. Lejos de tratarse de causas sencillas, advirtió que muchas veces se trata de hechos en los que no existen pruebas materiales directas o pericias concluyentes. “Es un delito que normalmente carece de pruebas”, dijo. Y agregó que esa ausencia de evidencia física no invalida por sí sola la denuncia: “El hecho de que no exista a lo mejor esta prueba pericial que uno piensa que va a existir siempre, esa prueba médica, de ninguna manera significa que no hubo un abuso”.

Para la fiscal, allí juegan un papel decisivo las instrucciones legales que recibe el jurado y la manera en que se le explica cómo debe valorar la prueba en este tipo de casos. En ese marco, destacó que el jurado popular puede comprender la complejidad de estos delitos y evaluar de manera responsable el conjunto de elementos incorporados al debate.

Encinas insistió en que el relato de la víctima no es un elemento accesorio, sino la base sobre la que se ordena el resto de la pesquisa judicial. “Para nosotros es central, es la base de la investigación y todo debe girar en torno a este testimonio”, sostuvo. A partir de allí, señaló, se articulan informes psicológicos, testimonios, pericias y demás evidencias que permitan sostener la acusación ante el jurado.

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La fiscal también subrayó que estos procesos exigen una preparación especial para evitar nuevos daños sobre quien denuncia. Según explicó, su criterio personal es entrevistarse con cada víctima antes del juicio para explicarle qué ocurrió en la causa, cuáles son las pruebas, cómo será el escenario del debate y con qué personas se encontrará al momento de declarar. “Siempre me entrevisto personalmente con todas y cada una de las víctimas y les explico qué es lo que va a venir”, indicó. Esa preparación, agregó, apunta a que lleguen fortalecidas a una instancia que suele ser especialmente exigente.

Evitar la revictimización, una prioridad

Encinas explicó además que el sistema busca reducir la exposición innecesaria de las víctimas. Por eso, no participan de todas las audiencias preliminares, donde suelen discutirse cuestiones técnicas entre fiscalía, defensa, querella y juez. “No participan de las audiencias preliminares”, remarcó, al señalar que esa decisión apunta a impedir que deban atravesar una y otra vez instancias judiciales que pueden resultar abrumadoras o revictimizantes.

Al mismo tiempo, aclaró que cuando el caso efectivamente llega al juicio por jurados, la declaración en audiencia resulta clave porque el jurado solo puede valorar lo que escucha y observa durante el debate, no lo que quedó asentado por escrito en etapas anteriores.

Más juicios abreviados y condenas antes del debate

Otro dato que aportó la fiscal es que una porción importante de estas causas no llega al debate oral, sino que se resuelve previamente a través de juicios abreviados. Lejos de interpretar ese fenómeno como una señal de debilidad, Encinas sostuvo que se trata de un indicador positivo en términos de resultado judicial.

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“La mayoría que ingresan se resuelve por juicio abreviado”, afirmó. Y añadió: “Cada juicio abreviado implica una condena”.

Esa vía, explicó, puede activarse cuando el acusado reconoce el hecho o admite responsabilidad penal por alguno de los delitos imputados, lo que evita exponer a la víctima al juicio y permite arribar a una sentencia condenatoria en una instancia anterior.

Un jurado popular que no subestima la prueba

Encinas también defendió con firmeza el funcionamiento del jurado popular en Chaco y rechazó cualquier mirada despectiva sobre el rol de los ciudadanos convocados para decidir en estos procesos.

“No hay que subestimar al pueblo”, expresó. Según relató, quienes integran los jurados suelen involucrarse activamente, seguir con atención cada testimonio, tomar notas, pedir que se reproduzcan videos o declaraciones y analizar con seriedad las distintas alternativas del caso.

Además, recordó que el veredicto no necesariamente debe coincidir de manera exacta con la acusación principal de la Fiscalía. Puede ocurrir que el delito más grave no quede acreditado con suficiente fuerza, pero sí una figura menor incluida dentro de las opciones legales que se presentan al jurado.

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Perspectiva de género obligatoria en la investigación

La fiscal remarcó que en los delitos sexuales cometidos contra mujeres la perspectiva de género no es un accesorio, sino una obligación legal y judicial. “Cuando estamos hablando de un delito contra la integridad sexual de una mujer, necesariamente estamos hablando de violencia de género”, sostuvo ante Perfil NEA. En esa línea, afirmó que todos los operadores judiciales, pertenezcan o no a fiscalías especializadas, deben incorporar esa mirada al momento de valorar el testimonio, definir medidas de prueba y sostener una acusación.

Para Encinas, una mala investigación puede tener consecuencias graves. “Errores nuestros pueden llegar a generar impunidad y eso no podemos permitir que suceda”, advirtió.