Un caso judicial en la provincia de Corrientes ha sentado un importante precedente en la defensa de los derechos de las víctimas de delitos contra la integridad sexual. A pesar de que la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) y hasta la madre de la víctima habían consentido, una jueza de Garantías rechazó la probation solicitada para un hombre acusado de abuso sexual infantil.
La decisión judicial se basó en la sólida oposición de la asesora de Menores N.° 4 de Capital, Estela Fanny Romano.
Los sólidos argumentos de la asesora de Menores
Romano se opuso a la salida alternativa al juicio, a pesar de que la pena en abstracto del delito lo permitía y de que el acusado no tenía antecedentes.
La asesora tutelar argumentó que el abuso sexual infantil debe considerarse una forma de violencia de género y que “ninguna salida alternativa puede basarse exclusivamente en los derechos, intereses y necesidades de la persona imputada”.
La funcionaria sostuvo su postura con base en la normativa nacional e internacional de protección a la niñez, al género y a la violencia contra las mujeres. Citó, entre otras, la Convención de Belén Do Para y la Ley 27.372 de los Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
“Los delitos contra la integridad sexual son de extrema gravedad y tienen un impacto profundo en las víctimas”, adujo la asesora.
Además, Romano citó los criterios del fiscal general César Sotelo, quien ha sostenido que no se puede disponer de la acción penal cuando se trata de un delito en un contexto de violencia de género.
El "interés superior del niño" frente a la figura de la probation
El delito investigado fue cometido contra una niña de 8 años, lo que, según la asesora, la colocó en una extrema situación de vulnerabilidad por su edad y su condición de mujer.
En la audiencia, la asesora de Menores pidió sopesar el interés superior del niño y el derecho de la niña a “conocer la verdad de los hechos, a un debido proceso rodeado de todas las garantías constitucionales hasta su conclusión y a que se haga Justicia con su caso”.
Con la oposición de la asesora del Ministerio Público Tutelar, la jueza Josefina González Cabañas se pronunció a favor de que el caso avance a juicio oral, haciendo primar los derechos de la víctima sobre la pretensión del acusado de evitar el proceso penal.
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