La última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Chaco terminó convertida en uno de los debates más tensos del año. Tras más de dos horas de intercambios, gritos, pedidos de moción, chicanas y alusiones personales, el oficialismo logró aprobar, con 18 votos a favor contra 13 en contra, la modificación del artículo 37 de la Ley 800-H, que actualiza el porcentaje de aportes al Fondo de Alta Complejidad (FAC) del InSSSeP.
El Proyecto de Ley 2343/24, dictaminado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, incrementa el aporte personal del 2% y eleva al 2,5% el aporte de los funcionarios de los tres poderes del Estado, incluidos cargos electivos, autoridades superiores y directores de empresas con participación estatal. También aumenta la contribución del Estado Provincial, Municipal, Ecom Chaco SA y el Fondo de Jubilaciones, en los mismos porcentajes.
La medida fue defendida por el oficialismo como una actualización necesaria para sostener tratamientos de alta complejidad, como oncológicos, renales o trasplantes, cuyo costo “creció exponencialmente en los últimos años”, según expusieron varios legisladores.
“No se actualiza hace 30 años”
El diputado Juan José Bergia (Nepar) fue uno de los más vehementes en defensa del proyecto. Aseguró que el Fondo arrastra “un déficit crónico”, que hay auditorías desde 2017 que lo demuestran y que el valor actual “no refleja el costo real de insumos, medicamentos y prestaciones”.
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“Actualizar este fondo no es un capricho, es una necesidad. Si no lo hacemos, quienes lo pagan son los pacientes que hoy esperan un tratamiento para seguir viviendo”, sostuvo.
También apuntó contra las administraciones anteriores del InSSSeP, asegurando que hubo “manejos deficientes, contrataciones con sueldos bajos y funciones poco claras” y afirmó que la obra social “no es del gobierno de turno, es de los afiliados”.
Las críticas: “ajuste”, “regalo de fin de año” y reclamos por el funcionamiento del InSSSeP
Los bloques opositores denunciaron que la ley representa un ajuste directo al bolsillo de los trabajadores, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y sin aumentos salariales.
La diputada Teresa Cubels (Frente Chaqueño) calificó el proyecto como un “descuento encubierto sobre sueldos deteriorados”, mientras que María Pía Cavana lo definió como “un regalo de fin de año que les saca plata a 140.000 trabajadores y jubilados sin ninguna consulta”.
La diputada Mariela Quiroz sumó un testimonio personal y reveló que su hijo, paciente de fibrosis quística, lleva “más de un mes sin recibir medicación”:“El Fondo de Alta Complejidad no funciona. Si yo, que puedo levantar un teléfono, no consigo respuesta, ¿qué le queda a quienes no pueden hacerlo? Este proyecto no soluciona nada de eso”, planteó.
Otros legisladores denunciaron la “falta de gestión”, el congelamiento salarial y el deterioro del funcionamiento del InSSSeP, especialmente en tratamientos oncológicos y crónicos.
Acusaciones cruzadas
La discusión escaló rápidamente y derivó en cruces entre bancas. Hubo alusiones a gestiones anteriores, denuncias de “soberbia”, menciones a “funcionales al gobierno”, reclamos por prácticas parlamentarias y acusaciones de “votar entre gallos y medianoche”.
El diputado Carim Peche (Juntos por el Cambio), en su intervención posterior a la votación, respondió a los cuestionamientos: “Vergüenza es robar. Actualizar el Fondo no es un invento nuestro: hay informes del 2017 al 2023 que mostraban que era deficitario. Esto es un sistema solidario y es para salvar vidas”.
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Una votación dividida en dos bloques
La pantalla de votación mostró una Legislatura partida: 18 votos verdes para el despacho aprobatorio y 13 rojos para la permanencia en cartera. Sin abstenciones. El oficialismo necesitaba mayoría simple y la consiguió.
El artículo 37 de la Ley 800-H queda actualizado de la siguiente manera:
· Aporte personal:
- 2% para trabajadores activos, contratados, municipales y jubilaciones.
- 2,5% para funcionarios de los tres poderes del Estado.
· Contribución del Estado y entes públicos:
- 2% sobre remuneraciones generales.
- 2,5% para funcionarios.
La ley fue sancionada y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La sesión dejó expuestas las tensiones internas de la Legislatura y también un anticipo del tono que tendrá la discusión por la crisis del InSSSeP, la puja salarial de estatales y el rol de la Nación en el financiamiento previsional. Mientras el oficialismo afirma que dio “un paso necesario para sostener el sistema”, la oposición sostiene que el aumento “no resuelve la falta de respuesta del organismo” y que “la cuenta la pagan los trabajadores”.
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