Paraguay se encamina a poner en marcha un modelo inédito en la región: la minería estatal de Bitcoin a partir de equipos incautados en operativos contra granjas clandestinas. La iniciativa, liderada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), busca reconvertir activos decomisados en una actividad regulada que permita generar ingresos públicos y aprovechar el excedente energético del país.
El proyecto se apoya en un acuerdo firmado con la firma tecnológica Morphware, que aportará asistencia técnica para poner en funcionamiento cerca de 30.000 equipos de minería que permanecían inactivos en depósitos estatales. La estrategia apunta a transformar una actividad asociada al robo de energía en un esquema formal bajo control estatal, con impacto directo en las finanzas públicas.
Energía, ventaja competitiva y estrategia
El plan encuentra su base en una de las principales fortalezas de Paraguay: la disponibilidad de energía hidroeléctrica barata, especialmente proveniente de la represa de Itaipú. Históricamente, ese excedente fue exportado a bajo costo, pero ahora el gobierno busca reorientar esa energía hacia la economía digital, generando valor dentro del propio país.
En una primera etapa, el programa contempla la instalación de 1.500 equipos en instalaciones controladas por la ANDE, cercanas a subestaciones eléctricas, junto con la adecuación de infraestructura específica —sistemas de ventilación, medición y transformación energética— para sostener la operación. El control de las plantas será estatal, mientras que el socio privado brindará capacitación y soporte técnico.
La iniciativa introduce un cambio de enfoque en la gestión de los activos digitales. En lugar de perseguir únicamente las operaciones ilegales, el Estado busca integrarlas a un sistema formal, capturando valor económico y reduciendo pérdidas asociadas al uso clandestino de electricidad.
Desde Morphware destacaron que el esquema permite convertir electricidad no utilizada en un flujo de ingresos, con potencial de expansión hacia otras áreas vinculadas a la inteligencia artificial y el procesamiento de datos, sectores que comparten necesidades energéticas intensivas.
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Debate sobre el destino de los activos
Uno de los puntos aún abiertos es el uso de los bitcoins generados. Dentro del gobierno paraguayo se analizan dos alternativas: la venta directa para financiar gasto público o la acumulación como reserva estratégica, en línea con nuevas tendencias globales en materia de activos digitales.
El desarrollo de este modelo posiciona a Paraguay como un caso testigo en América Latina, en un contexto donde crece el interés por aprovechar recursos energéticos para la economía cripto. De avanzar, podría convertirse en una referencia para otros países con capacidad hidroeléctrica que buscan nuevas formas de monetizar su infraestructura energética.
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