La implementación del nuevo régimen penal juvenil en Chaco motivó un pedido de informes de legisladores del Frente Chaqueño, que reclaman precisiones sobre los lugares destinados a alojar adolescentes privados de libertad. La iniciativa apunta a que el gobierno de Leandro Zdero detalle qué infraestructura, personal y recursos tiene disponibles, y qué medidas prevé mientras se habilitan los establecimientos especializados.
El proyecto propone requerir esa información al Poder Ejecutivo, principalmente a través del Ministerio de Desarrollo Humano, con intervención complementaria del Ministerio de Seguridad y otros organismos. Entre las consultas aparecen la existencia de un plan provincial de implementación, sus plazos, el presupuesto asignado y las adecuaciones previstas para el procedimiento penal aplicable a adolescentes.
La discusión se inscribe en la aplicación de la Ley Nacional 27.801. Su reglamentación contempla la coordinación entre Nación y las provincias y creó una Mesa Federal para articular criterios y convenios vinculados con el régimen.
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Qué información reclaman sobre comisarías y centros especializados
Uno de los puntos centrales es conocer si actualmente hay adolescentes detenidos en comisarías, dependencias policiales o unidades penitenciarias. Los legisladores solicitan cantidades, edades, lugares de alojamiento y situación procesal, sin datos que permitan identificar a los jóvenes. También piden estadísticas de 2025 y 2026, discriminadas por localidad y dependencia.
El texto requiere información sobre los protocolos para evitar el alojamiento conjunto con adultos y sobre las condiciones de los centros socioeducativos especializados: ubicación, capacidad máxima, plazas disponibles y estado edilicio. Además, pregunta qué alternativa de alojamiento se prevé hasta que los establecimientos especializados estén plenamente habilitados.
En los fundamentos, los autores manifiestan preocupación por la capacidad y las condiciones de distintas dependencias policiales. Sin embargo, el pedido no aporta cifras de ocupación ni documenta casos concretos de convivencia entre adolescentes y adultos: busca obtener información oficial para evaluar la situación.
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Obras, presupuesto y atención de los adolescentes
La iniciativa también incluye consultas sobre las unidades penales N.º 9 de Presidencia Roque Sáenz Peña y N.º 10 de Resistencia. Reclama conocer el avance de las obras, la capacidad proyectada, las fechas de finalización y habilitación, el presupuesto total y los montos ejecutados. Asimismo, solicita precisiones sobre las características previstas para cumplir con los estándares del régimen juvenil.
Otro apartado aborda la cantidad de trabajadores destinados a la atención y custodia, su capacitación y la eventual incorporación de equipos de psicología, trabajo social, educación y salud. Los legisladores también quieren conocer cómo se garantizarán la escolaridad, la atención médica y psicológica, el tratamiento de consumos problemáticos y el acompañamiento para la reinserción social y laboral.
En materia financiera, el proyecto pide desagregar los recursos previstos para 2026 y 2027, tanto para infraestructura como para personal y programas de atención. El planteo opositor busca determinar si la provincia dispone de las condiciones necesarias para aplicar el régimen y sostiene que la respuesta estatal debe incluir educación, salud y protección de derechos, además de la intervención penal.
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