El Gobierno del Chaco resolvió apartar formalmente de la fuerza al cabo primero Luciano Alberto Etudie, acusado por el femicidio de su expareja, Graciela Mabel López, y por el homicidio de su propio padre.
La medida fue instrumentada mediante el Decreto 1690/2026, firmado por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro.
El documento aplicó la “destitución de empleo con calificación de cesantía” por faltas consideradas gravísimas, relacionadas con el honor policial, las vías de hecho y el perjuicio ocasionado a la imagen institucional.
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El femicidio durante una toma de rehenes
El caso ocurrió el 4 de junio en el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas. De acuerdo con la reconstrucción administrativa, Etudie se encontraba armado y mantenía retenidos a Graciela López y al hijo menor que tenían en común.
Ante la situación, la Policía estableció un perímetro de seguridad y convocó a un negociador, efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales, Bomberos, personal sanitario y a la Fiscalía especializada en violencia de género.
Durante el operativo, el agente habría disparado contra su expareja y le provocó la muerte. Otro policía respondió al ataque y lo hirió en el rostro para neutralizarlo. Etudie fue trasladado al Hospital Perrando y posteriormente quedó bajo custodia.
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También está acusado de matar a su padre
Mientras se desarrollaba el procedimiento en Puerto Vilelas, policías encontraron muerto a Alberto Luciano Etudie, padre del acusado, dentro de una vivienda de Resistencia. La hipótesis investigativa sostiene que el cabo primero lo habría asesinado antes de apoderarse de su automóvil y dirigirse hasta la casa de Graciela López.
Luego habría trasladado a la mujer y al niño hasta la ribera del río Paraná, donde se produjo la toma de rehenes y el posterior femicidio.
La causa penal fue caratulada como femicidio en concurso real con homicidio calificado por el vínculo agravado y está a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Especializada en Violencia de Género N.º 11, conducida por María Noel Benítez.
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La fuerza había solicitado su exoneración
Después de los hechos, Etudie fue suspendido, quedó sin percepción de haberes y pasó a situación pasiva. La Jefatura de Policía había solicitado su exoneración al considerar que la conducta atribuida representaba una falta de extrema gravedad.
Durante el sumario administrativo, el agente fue notificado de los cargos y tuvo la posibilidad de presentar un descargo. Según el decreto, se negó a declarar y no ofreció pruebas dentro del plazo establecido.
Finalmente, las áreas jurídicas de la Policía, el Ministerio de Seguridad y la Asesoría General de Gobierno recomendaron aplicar la cesantía. El Poder Ejecutivo aclaró que la medida tiene carácter provisional porque la causa penal todavía no cuenta con una sentencia definitiva.
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La responsabilidad administrativa avanza de manera independiente al expediente criminal. Sin embargo, el Gobierno solicitó informes periódicos sobre la investigación y dejó abierta la posibilidad de aplicar una sanción más grave en caso de que Etudie sea condenado. Con el decreto, el agente quedó definitivamente fuera de sus funciones en la Policía del Chaco, mientras continúa sometido al proceso judicial por los dos homicidios.
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