América Latina es la región más desigual del mundo: el 10% de los hogares más ricos de la región posee el 77% de la riqueza total; en el otro extremo, el 50% de los hogares más pobres no alcanza el 1%. Y mucho de esta realidad lo explican su pasado y su presente.
La desigualdad económica y social de nuestros países responde a estructuras sistémicas que, lejos de tratarse del resultado de eventos fortuitos o sobrenaturales, son creadas y sostenidas por la deficiente toma de decisiones de quienes ocupan espacios de poder en la inversión en escuelas, hospitales, garantizar el bienestar social y el sistema de justicia.
¿Como puede revertirse esta realidad? La política fiscal de un país es justamente una herramienta indispensable con la que cuentan los Estados para administrar y maximizar los recursos de los que disponen en pos de garantizar una vida digna a todas las personas: acceso a la salud, educación, trabajo, alimentación y un ambiente sano. En efecto, los Estados como Argentina, al suscribir tratados internacionales, se han comprometido a asegurar el máximo de recursos disponibles para lograr, progresivamente, la efectividad en el acceso a derechos.
El 27 y 28 de julio, 14 países de la región se dieron cita en Cartagena, en la Primera Cumbre Ministerial para América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, a instancias de la convocatoria de Colombia, abriendo la vía hacia un Nuevo Pacto Fiscal. Esta cumbre inaugura un nuevo espacio con el objetivo de acordar estándares tributarios comunes para combatir los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal, para recuperar recursos económicos que hoy se dejan de recaudar por el abuso de grandes corporaciones y riquezas individuales, y otros fracasos, como el aumento de la pobreza, la exclusión y la emergencia climática. Al fin de cuentas, estamos ante la posibilidad de dar un paso para alinear posiciones en y entre los países y desde el sur global para defender “un mejor sistema tributario internacional que sea justo y ayude en la lucha contra la desigualdad”. Como auguró el Premio Nobel Joseph Stiglitz en el encuentro regional, una oportunidad de consolidar una voz unida para llevar demandas comunes ante otros foros multilaterales como la OCDE, el G20 o las Naciones Unidas.
La cumbre finalizó con una declaración conjunta que crea un foro permanente de diálogo para desarrollar políticas fiscales internacionales y regionales más inclusivas cuyas tres prioridades destacadas fueron: la tributación ambiental, la progresividad del sistema tributario y la distribución de los poderes tributarios a nivel mundial.
Lamentablemente, Argentina no participó. Estaba prevista su asistencia, que fue sorpresivamente suspendida a último momento. El país tiene muchas razones para no faltar a este compromiso y no dejar pasar esta oportunidad, en un contexto de pobreza y endeudamiento sostenido.
¿Por qué es importante? Hoy más que nunca, la región necesita recursos para invertir en servicios públicos, reducir las desigualdades y garantizar la transición a una economía basada en derechos, que proteja el planeta y las futuras generaciones. Sin embargo, tiene enormes desafíos. En primer lugar, los países de la región recaudan poco y mal, y gastan peor. América Latina y el Caribe recaudan, en promedio, aproximadamente el 21,7% de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) – en su mayoría compuesto por grandes potencias– es de 34,1%. Nuestro país, un 29%. Además, lo hace de marera inequitativa, ya que afecta los ingresos de las personas más pobres, en su mayoría mujeres y niñas, de forma regresiva. Finalmente, lo recaudado no se gasta de una forma que reduzca desigualdades y brechas sociales históricas como aquellas que afectan diferenciadamente a mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad, campesinos y personas racializadas.
En segundo lugar, muchas de las decisiones de política fiscal vigentes en los países de la región directamente vulneran la salud, el planeta y la vida de las generaciones presentes y futuras. Si, por ejemplo, Argentina redujera a la mitad lo que anualmente destina en subsidios a combustibles fósiles como el gas o el petróleo (por ejemplo, a través de exenciones impositivas), se podrían cubrir los gastos de salud de un millón de personas. Con un 50% del valor del subsidio mensual a combustibles que otorgan Bolivia, Colombia, Argentina, México y Venezuela, se podría sacar de la pobreza en ese mes a 5 millones de personas. De esta manera, frente a la posibilidad de invertir en una transición energética justa, los países eligen contribuir a acelerar la emergencia climática.
En tercer lugar, la región no tiene una estrategia impositiva que tenga en cuenta el desequilibrio internacional. A nivel global, las normas tributarias desiguales benefician principalmente a los países de mayor ingreso afectando a los países más pobres. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en este círculo perjudicial un 1,5% de su PIB anual. Si bien las reformas fiscales deben implementarse a nivel nacional, el desafío de prestar servicios públicos de calidad, asegurar los derechos humanos en condiciones de igualdad y descarbonizar la economía requiere un mayor esfuerzo de cooperación regional urgente.
El foro inaugurado en Cartagena puede ser el inicio de un recorrido para que la región pueda tener una voz unida y poderosa en las negociaciones globales por un sistema fiscal mundial más justo y eficiente. Es imperioso que países como Argentina no solo no queden afuera, sino que lideren iniciativas que procuren poner a las personas y sus derechos en el centro de las políticas de gobierno.
*Directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
