Con base en las proyecciones para 2026 del FMI, Argentina encabeza, dentro del G-20, el ranking de países ordenados según el saldo de su balanza energética y el resultado fiscal.
En efecto, dejando de lado a Arabia Saudita, Argentina es el único país de ese selecto club que tiene ambos guarismos en positivo: un saldo de la balanza energética pronosticado en 1 % del PBI y un resultado fiscal primario de casi un 2 %.
Sin embargo, estos datos no están exentos de polémica. El propio FMI ha cuestionado la forma en que Argentina computa el resultado fiscal. Según el organismo internacional, deberían cargarse los intereses ya devengados pero todavía no pagados por los bonos del Tesoro. En tal caso, el superávit fiscal de 0,2 % publicado por el gobierno argentino para 2025 se transformaría en un déficit del 0,8 %.
La controversia metodológica tiene que ver con cómo se computan los intereses devengados por las Lecaps que, a diferencia de otros títulos de deuda, no pagan intereses periódicamente, sino que se capitalizan para pagarlos todos juntos al momento del vencimiento del bono. Según el FMI, cada mes debería contabilizarse la parte proporcional de intereses devengados, mientras que el gobierno sólo computa los intereses efectivamente pagados.
Por otra parte, pese al pronóstico favorable del FMI, Argentina sigue en Primera D para la agencia Morgan Stanley Capital International (MSCI), que clasifica los mercados y decidió mantener al país en la categoría de “aislado” (standalone) sin siquiera ponerlo en una lista de revisión para una eventual reclasificación y poder pasar el año próximo a la de “mercado de frontera” o “mercado emergente”.
Argentina estuvo considerada como mercado emergente hasta junio de 2021, cuando fue degradada a la categoría que conserva hasta el presente, que es el escalón más bajo en el radar de la entidad. El descenso fue impuesto ante las restricciones cambiarias implementadas en aquel entonces, situación que para MSCI no se ha revertido totalmente.
En efecto, un informe de la entidad apunta a “las restricciones cambiarias, las trabas a la repatriación de utilidades y la falta de información corporativa en inglés” como motivos para no modificar la calificación.
La principal implicancia de esta decisión es que el país queda fuera del radar de los grandes fondos de inversión que no tienen permitido invertir en acciones o bonos de países con esta calificación. Se estima que ello implica unos US$ 4.500 millones de los que se ve privado el mercado argentino.
*Lic., Director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano
