Durante años circuló en Argentina la idea de que China nos mandaba juguetes baratos con las pilas medio gastadas para sacarse de encima sus residuos. Nos preocupaban las pilas.
Hoy no hace falta ninguna conspiración. El reparto está bastante más a la vista.
Estados Unidos quiere liderar la revolución de la inteligencia artificial. Quiere quedarse con las empresas que desarrollan los modelos, con la propiedad intelectual, con el software, con los empleos especializados. Está gastando fortunas para recuperar y ampliar su capacidad de fabricar los microchips que hacen posible todo eso.
Lo que cada vez más comunidades estadounidenses no quieren cerca son los edificios donde esa industria realmente funciona.
La resistencia ya no es marginal. Más de cien comunidades estadounidenses adoptaron moratorias contra nuevos data centers. Solo en las primeras seis semanas de 2026 se presentaron más de trescientos proyectos legislativos estatales sobre el tema.
Un relevamiento contabilizó al menos 46 proyectos, por unos US$ 170.000 millones, demorados o cancelados entre enero de 2024 y mayo de 2026 después de chocar con la oposición de los vecinos.
Monterey Park, en California, es el caso de manual: en 2026 pasó de estudiar un proyecto a votar una moratoria, después una prohibición municipal, y el desarrollador terminó retirando el pedido de Saturn Street.
Pero el número que más dice es otro. Una encuesta de Gallup encontró que siete de cada diez estadounidenses se opondrían a que se construyera un data center de inteligencia artificial en su zona.
Siete de cada diez. En un país donde no hay siete de cada diez de acuerdo sobre prácticamente nada.
El entusiasmo por una inversión multimillonaria suele durar hasta que el vecindario descubre algo bastante sencillo. El edificio ocupa mucho, consume muchísimo y, cuando termina la obra, emplea sorprendentemente poca gente.
Por eso llama la atención el entusiasmo argentino con Stargate Argentina, la iniciativa anunciada por OpenAI y Sur Energy para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial con una capacidad potencial de hasta 500 megavatios y una inversión que podría llegar a los US$ 25.000 millones.
El Gobierno presenta ese número como si fuera evidente qué significa. No lo es.
Veinticinco mil millones de dólares en una automotriz, una siderúrgica o un complejo agroindustrial tienen una lógica fácil de entender. Hay plantas, trabajadores, proveedores, insumos locales, exportaciones y actividad que continúa durante décadas.
Un data center es otra cosa.
Durante la construcción puede generar más de mil puestos de trabajo temporales: edificios, líneas eléctricas, refrigeración, fibra óptica, transformadores, sistemas de respaldo. Pero esa etapa termina.
Después queda una instalación extraordinariamente intensiva en capital y muy poco intensiva en empleo. Según el tamaño, puede funcionar con 20 a 50 trabajadores permanentes, casi todos dedicados a mantenimiento, refrigeración, electricidad y seguridad. Los empleos tecnológicos de mayor valor no están donde están los servidores.
Ahí aparece la primera diferencia con Estados Unidos.
Una comunidad norteamericana puede rechazar un data center porque recibe cincuenta empleos y todos los inconvenientes. Pero el país sigue teniendo a Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta y OpenAI. Sigue teniendo a los ingenieros que diseñan los chips, a los que entrenan los modelos, a las empresas que venden el procesamiento y a los accionistas que se quedan con el beneficio.
El data center puede estar en un lugar. El negocio está en otro.
Argentina corre el riesgo de aceptar exactamente la parte que ellos se quieren sacar de encima, sin participar de la que quieren conservar.
Y entonces los US$ 25.000 millones merecen una segunda pregunta: ¿25.000 millones gastados en qué?
Porque construir el edificio no cuesta eso. Buena parte del valor de un centro de inteligencia artificial está adentro: servidores, GPUs, almacenamiento, transformadores, equipos de refrigeración y telecomunicaciones. Equipamiento que Argentina, en su enorme mayoría, no produce.
Lo vamos a importar.
Y justamente para eso aparece el RIGI, que concede beneficios fiscales y aduaneros a los grandes proyectos de inversión, incluidas facilidades para importar bienes de capital, partes y componentes.
Si una parte sustancial de esos 25.000 millones son computadoras fabricadas afuera que entran con beneficios impositivos para instalarse acá, no podemos contar cada dólar como si fuera capacidad productiva argentina.
Contablemente es inversión. Económicamente conviene mirar qué queda.
Si el equipamiento es importado, la propiedad intelectual es extranjera, los datos son ajenos, los modelos son ajenos, el servicio se vende afuera y los ingresos van a otra empresa, ¿cuál es exactamente nuestra participación en la revolución de la inteligencia artificial? Poner el enchufe.
Quinientos megavatios son una demanda gigantesca y, sobre todo, continua. A eso hay que sumarle líneas de transmisión, subestaciones, sistemas redundantes, generadores de emergencia, territorio, refrigeración y, según el diseño definitivo, consumo directo o indirecto de agua. Seríamos exportadores de electrones que ni siquiera exportan.
La infraestructura eléctrica, incluso, podría ser una buena noticia. Argentina necesita generación y transmisión. Si un privado financia centrales, líneas y subestaciones que después quedan incorporadas al sistema, el beneficio es real.
Pero eso depende del contrato.
¿Quién paga las obras? ¿De quién son? ¿Puede usarlas el resto del sistema? ¿Qué prioridad tiene un consumidor de 500 megavatios si la generación no alcanza? ¿Quién absorbe el costo si el proyecto termina usando menos capacidad de la prevista?
Hay otro riesgo que una carta de intención no responde. La infraestructura energética se construye para durar décadas. La tecnología digital puede cambiar en cinco años. Si construimos generación y transmisión para una demanda enorme y dentro de diez años una nueva generación de chips o un cambio en la arquitectura de los modelos reduce drásticamente lo que hace falta, ¿quién se queda con el costo hundido?
No es un argumento para no construir. Es un argumento para cobrar bien el riesgo.
Un régimen extraordinario de beneficios puede tener sentido si deja algo extraordinario a cambio: empleo estable, proveedores locales, tecnología, conocimiento, capacidad industrial, algo que Argentina después pueda exportar.
Es más difícil justificarlo para alquilar espacio donde guardar computadoras ajenas.
Deberíamos ser parte de esta revolución. Justamente por eso habría que exigir algo más que ser el lugar donde enchufa sus máquinas. Ser parte significa desarrollar software, modelos, empresas, propiedad intelectual y talento. Significa participar de los ingresos que genera el procesamiento, no solamente suministrar la electricidad que lo hace posible.
Si ponemos la tierra, la energía y la infraestructura, importamos las computadoras con beneficios fiscales, guardamos datos a los que no vamos a tener acceso y procesamos productos cuya facturación tampoco compartimos, no somos socios tecnológicos.
Somos el casero. Y ni siquiera el casero que cobra alquiler: el otro, el que cuida la casa de otro.
Los espejitos de Colón no tenían que ser valiosos. Tenían que brillar.
Una cifra de US$ 25.000 millones hace exactamente lo mismo: brilla lo suficiente como para que nadie pregunte cuánto de eso se queda acá.
*Master in Business Administration (Western Governors University), en Estados Unidos. Especialista en educación e inteligencia artificial, ensayista político
