La política suele presentar falsas opciones. En la Argentina de hoy pareciera que sólo existen dos caminos posibles: defender al Gobierno en todo o quedar automáticamente ubicado del lado del peronismo. Como si no existiera un espacio para la crítica, la independencia de criterio o la coherencia moral. Como si la discusión pública hubiera quedado reducida a una lógica de trincheras donde cada ciudadano, dirigente o legislador debe elegir una bandera y defenderla aun cuando los hechos contradigan sus propios valores.
El caso Adorni dejó hace tiempo de ser un debate sobre un funcionario. Se transformó en una prueba para medir hasta dónde una fuerza política está dispuesta a flexibilizar sus principios con tal de preservar una estrategia de poder. La decisión del oficialismo, acompañada por sectores del PRO y de la UCR, de impedir que el tema avanzara con la intensidad institucional que reclamaba la oposición reabrió una discusión mucho más profunda: ¿hasta dónde es razonable acompañar a un gobierno con el que se comparten determinados objetivos económicos cuando se discrepa cada vez más de sus métodos, de sus formas y, en algunos casos, de sus estándares éticos?
Las democracias no se fortalecen a través de la obediencia, sino mediante la capacidad de cuestionar, controlar y exigir explicaciones. La discusión alrededor de Manuel Adorni y de otras situaciones que han generado controversias en los últimos meses no debería centrarse en quién formula las críticas, sino en el contenido de esas críticas. Cuando aparecen dudas sobre conflictos éticos, privilegios, manejos poco transparentes, utilización discrecional del poder o comportamientos incompatibles con los principios republicanos que se declaman, la obligación de una democracia sana no consiste en mirar hacia otro lado, sino en preguntar, investigar y exigir respuestas.
En ese contexto adquirieron relevancia las declaraciones de Esteban Bullrich. Alejado de la primera línea política, sostuvo que el PRO no puede perder su identidad republicana por la necesidad de sostener coyunturalmente al Gobierno y cuestionó la actitud adoptada frente al caso Adorni. Su reflexión tiene un valor particular porque no proviene de un dirigente enfrentado con el oficialismo ni de un opositor tradicional. Proviene de alguien que fue uno de los referentes del PRO y que decidió advertir sobre un riesgo que trasciende este episodio: cuando un partido comienza a justificar aquello que antes cuestionaba, deja de ser únicamente una fuerza política para convertirse en un mero administrador de conveniencias.
En la Argentina parece haberse instalado una especie de extorsión intelectual permanente, según la cual cualquier cuestionamiento al oficialismo termina favoreciendo al kirchnerismo y cualquier crítica al kirchnerismo fortalece al oficialismo. Bajo esa lógica desaparece el pensamiento independiente y sólo sobrevive el alineamiento automático. La política deja de debatir ideas para transformarse en una competencia de lealtades donde lo importante ya no es determinar si algo está bien o está mal, sino identificar quién lo hizo.
Immanuel Kant sostenía que los principios morales sólo tienen valor cuando pueden aplicarse de manera universal. Si una conducta nos parece incorrecta cuando la realiza un adversario político, debería parecernos igualmente incorrecta cuando la lleva adelante alguien a quien votamos, admiramos o apoyamos. Cuando las pertenencias reemplazan a los principios, la política comienza a perder calidad institucional y a degradar lentamente la confianza pública.
En esa misma línea, Max Weber distinguió entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera exige actuar de acuerdo con determinados valores; la segunda obliga a considerar las consecuencias de las decisiones. El problema aparece cuando la responsabilidad deja de ser una herramienta de gobierno y se convierte en una excusa permanente para abandonar las convicciones. Se tolera un exceso porque hay que sostener la gobernabilidad, se acepta un atropello porque la alternativa sería peor y se evita cuestionar determinadas conductas para no hacerle el juego al adversario. De esa manera, casi sin advertirlo, la excepción empieza a transformarse en regla.
Los argentinos conocemos demasiado bien ese mecanismo. Lo hemos visto durante décadas bajo gobiernos de distintos signos políticos. Siempre hubo una razón aparentemente válida para justificar aquello que hasta el día anterior parecía injustificable. “Hagamos una excepción”. Después otra. Luego una más. Hasta que la acumulación de excepciones termina modificando los estándares éticos que una sociedad está dispuesta a aceptar.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explican en Cómo mueren las democracias que los sistemas democráticos modernos rara vez colapsan de manera abrupta. Generalmente se deterioran cuando los propios actores políticos comienzan a tolerar comportamientos que antes consideraban inadmisibles porque creen que los objetivos perseguidos justifican los medios empleados.
Hannah Arendt llegó a una conclusión similar al estudiar los procesos de degradación institucional del siglo XX. El verdadero peligro para una democracia no siempre reside en los grandes escándalos, sino en la naturalización cotidiana de conductas que originalmente provocaban rechazo. Cuando una sociedad deja de sorprenderse, deja también de reaccionar.
El PRO y la UCR explicaron por qué no dieron quórum para avanzar contra Adorni
Ese es, precisamente, el dilema que hoy atraviesan el PRO y la UCR. Nadie les discute el derecho a respaldar un rumbo económico que consideran correcto. Lo que empieza a generar interrogantes es si ese acompañamiento exige renunciar también al control institucional, a la crítica y a los principios republicanos que durante años constituyeron su identidad política.
La credibilidad no se pierde por un voto. Se pierde cuando ese voto contradice los valores que durante años se proclamaron. La identidad política no desaparece de un día para otro; se erosiona cada vez que el silencio resulta más conveniente que la verdad y cada vez que la cercanía con el poder pesa más que la coherencia.
La democracia necesita dirigentes capaces de construir acuerdos. Pero necesita, sobre todo, dirigentes capaces de demostrar que existen principios que no están en venta. Porque el verdadero límite entre la gobernabilidad y la complicidad no lo establece una mayoría parlamentaria. Lo establece la conciencia de quienes todavía son capaces de decir que no cuando el poder les pide que miren para otro lado.
“Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada sobre este mundo” - Albert Camus
