Las políticas de vivienda y desarrollo territorial son iniciativas positivas de la actual gestión. Sin olvidar que éstas son, en parte, resultado de una lucha popular más amplia plasmada en la denominada toma de Guernica, cuando más de dos mil familias provenientes de diferentes distritos bonaerenses tomaron alrededor de doscientas hectáreas de tierra en el partido de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires. La particularidad de estas tomas radicó en el perfil de estas familias: mujeres con hijos, víctimas de violencia de género y/o desempleados/as sin posibilidad de pagar un alquiler.
Estos hechos, protagonizados por sectores muy vulnerables de la sociedad, motivaron cambios en el tablero político, por un lado, y el despliegue de nuevas iniciativas de hábitat, por otro. Desde entonces las políticas de vivienda se apoyan en el Programa de Crédito Argentino (Procrear), y expresan un diseño virtuoso y colaborativo entre diferentes entidades público-privadas: el Estado, el Banco Hipotecario, y la comunidad. Esto marca una diferencia importante con otras experiencias habitacionales a nivel global, que se caracterizan por introducir incentivos positivos al mercado privado (EE.UU.), incentivos negativos a la oferta de alquileres (Alemania, Países Bajos, países nórdicos) o cuotas para la construcción de viviendas sociales, cuyo caso paradigmático es la ciudad de Barcelona.
El Procrear adquiere una visibilidad inédita por su carácter social, de escala y por su impulso al sector de la construcción en los territorios. Desde 2020, su diseño pretende que las familias alcancen el sueño de “la casa propia”, con montos que inicialmente resultaban atractivos para su ejecución: cuatro millones de pesos. Estos montos topes se ofrecieron en 2020, 2021 y 2022 con desembolsos segmentados en un plazo máximo de doce meses bajo un contexto inflacionario de tres cifras. En esos tiempos la construcción registró un aumento acumulado de 48,5% para 2021 (Indec, 2022). A ello se suman los aumentos en 2022, cuando se desarrollan las obras para quienes fueron sorteados en 2021 y 2022, con un acumulado de 71% según la misma fuente de datos. Solo este último hecho inflacionario implicó una pérdida adquisitiva de más del 70% sobre los 4,3 millones otorgados por el programa.
El curso de toda política pública está determinado no solo por su diseño sino también (y, sobre todo) por sus condiciones de contexto e implementación. Esto quiere decir que, por más buenos y virtuosos sean los planes e intenciones de los gobernantes, cuando las políticas se echan a andar cambian, y por lo tanto sus fines se transmutan o modifican y se diferencian de la finalidad inicial. Esto aplica a cualquier política pública a nivel global y el programa Procrear no solo no es la excepción, sino que es un caso paradigmático de análisis acerca de cómo grandes expectativas concebidas a nivel nacional se frustran en su implementación por condiciones de contexto no resueltas.
Hoy, los beneficiarios del Procrear 2021 y 2022 reclaman la pulverización de los créditos otorgados por la creciente inflación y por otros factores de contexto no previstos, a saber: demoras –en algunos casos de un año a otro– para el desembolso total del crédito, los tiempos propios de la gestión de permisos de obra y las particularidades del sistema de ajuste de cuotas bajo una nueva fórmula Hogar que permite aumentar cuotas según salario, pero no solicitar nuevos préstamos bajo esa tasa.
Los testimonios revelan que estos problemas son resueltos por los beneficiarios con nuevas deudas a tasas del 300%, generando un ahogo financiero a más de ochocientas familias que abonan diversos créditos y alquileres porque no han cerrado sus casas. Por lo que, solicitan un crédito complementario. Estas fallas de implementación, plasmadas en el empobrecimiento de las familias y nuevas condiciones indignas de vida, afectan gravemente el fin social para el cual fue creado el Procrear.
Finalmente, el programa reproduce las desigualdades estructurales propias del federalismo argentino que hace de Buenos Aires el centro del mapa. En las provincias, la ausencia de referentes donde expresar el problema, dio lugar a formas de organización virtual para llegar al gobierno central.
Estos problemas no son nuevos. Fueron resueltos ante la devaluación de 2016 y 2020 con créditos compensatorios. Si la política pretende impactar efectivamente y cambiar el vértice de la agenda pública es necesario cerrar la brecha generada y generar condiciones de equidad entre beneficiarios y futuros participantes.
*Doctora en Educación e investigadora en Conicet.
