martes 16 de agosto de 2022
OPINIóN exceso y desvío de poder

Correo: el Estado de Derecho en quiebra

30-10-2021 23:55

En el marco del caso “Correo Argentino”, Carlos Zannini, Procurador del Tesoro de la Nación, solicitó la extensión de la quiebra a las empresas Socma y Sideco. Esta solicitud resulta a todas luces prematura en virtud de que la declaración de quiebra del Correo no se encuentra firme sino suspendida como consecuencia del recurso de apelación. En efecto, la pretendida extensión debería aguardar hasta tanto la Cámara de Apelaciones en lo Comercial se pronuncie acerca de la declaración de quiebra. Siempre y cuando ese pronunciamiento confirmara lo decidido por la Jueza de primera instancia al decretar la quiebra.

De todos modos, no debería sorprendernos la ansiedad del Procurador. No olvidemos que ha sido uno de los exponentes de la vacunación precoz salteándose la fila y el orden pre establecido por el propio Estado que él representa en juicio. Evidentemente, el jefe de los abogados del Estado tiene vocación por lo prematuro.

Más allá de la ironía, estamos en presencia de una situación de angustiante gravedad institucional. En un contexto electoral, desde el Estado existe un ánimo persecutorio hacia empresas que la opinión pública asocia, de manera inescindible, con el apellido Macri. Se intenta quebrar a estas empresas con el objetivo principal de perjudicar a un opositor político y enviar una advertencia a la clase empresaria: no se atrevan a involucrarse en política partidaria o sufrirán las consecuencias. Ello nos recuerda la provocadora obra de Agustín Gordillo, “La Administración paralela”, donde se analiza la existencia de un parasistema jurídico-administrativo en abierto desafío al orden jurídico que provoca un deterioro al sistema institucional.

El ánimo persecutorio que vulnera los principios constitucionales de igualdad y no discriminación se verifica con la amenaza de extensión de quiebra a las empresas Socma y Sideco. ¿Acaso estamos en presencia de una categoría a la que podríamos denominar como derecho concursal del “enemigo”? Una categoría inadmisible en un Estado de Derecho y contraria al principio de legalidad y a la seguridad jurídica. Sin embargo, al juzgar los antecedentes, pareciera que las empresas vinculadas al apellido Macri se encuentran bajo sospecha de fraude y merecen las sanciones más severas. Persiguen la quiebra de empresas pero, en verdad, están quebrando a las instituciones de nuestro país y al Estado de Derecho.

Correo Argentino

Estamos asistiendo a un exceso y desvío de poder que debe ser  contenido ya que sus efectos no sólo se proyectan al caso concreto sino que impactan en toda la sociedad generando un cuadro de gravedad institucional. El Derecho, poco a poco, se ve reemplazado por una voluntad hegemónica de poner la maquinaria estatal y el relato oficialista al servicio de una inconstitucional apropiación de bienes privados.

En el caso del Correo se da una auténtica paradoja en el tiempo. El Procurador acusa a la empresa de vaciamiento pero el origen de su estado de cesación de pagos  estuvo dado por incumplimientos contractuales del Estado, la posterior ruptura del contrato de concesión y la apropiación de los activos de parte del Estado Nacional lesionando con ello la sustentabilidad financiera empresaria. En rigor, el único “vaciamiento” ha sido protagonizado por el denunciante de esa situación: el Estado Nacional. El victimario se disfraza de víctima o, en este caso, de acreedor de una deuda originada como consecuencia directa de sus propios incumplimientos. La contradicción resulta evidente e insalvable al extremo de derrumbar, como un efecto dominó, toda la argumentación estatal. Pero, la estrategia legal y judicial no es prioritaria para Zannini como sí lo es la venganza política.

En el año 2003, cuando el actual Presidente era el Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, el Gobierno rescindió el contrato de concesión del Correo apropiándose de los bienes de Correo Argentino por un valor de $330 millones, según  informe del Tribunal de Tasación de la Nación, vulnerando el derecho constitucional de propiedad.  El 9 de septiembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia, dictó un fallo en el que se pronunció sobre cómo debe interpretarse una extensión de quiebra. En el caso “Rec. de hecho deducido por Restaurant Partners S.A. en  CTL S.A. s/ quiebra, Matías A. Castillo c/ Casanuova S.A. y otros s/ ord”, la Corte fue contundente al explicar que la extensión de la quiebra se trata de una solución excepcional Y de interpretación restrictiva. Estas coordenadas interpretativas del Máximo Tribunal son trascedentes en el actual contexto. Esta sentencia puede interpretarse como un mensaje institucional de la Corte de cara al futuro de la causa Correo, en el marco de lo que Roberto Gargarella denomina el diálogo constitucional entre poderes.

 

*Abogado Constitucionalista.

Producción periodística: Silvina L. Márquez.